Cargando...Los sindicatos, como cualquier institución que recibe fondos públicos, deben regirse por unos criterios de transparencia que prácticamente no han existido hasta la fecha. Un manto de relativo silencio ha protegido su funcionamiento económico, pero esa situación resulta cada vez más insostenible no solo frente a políticos o empresarios, sino, también, de cara a los sectores sociales afectados por la crisis. Cándido Méndez y el equipo que le rodea tienen que poner todo su peso orgánico al servicio de una rápida y completa clarificación, en vez de envolverse en “la historia de la organización y de las generaciones de sindicalistas que han dedicado su vida a la defensa de la clase trabajadora”, como hizo ayer el Comité Confederal de UGT, o de esgrimir la paupérrima excusa de que se le ha abierto una “causa general”.
Las informaciones apuntan principalmente a la federación andaluza de UGT, sospechosa de haber endosado facturas falsas o infladas a la Junta de Andalucía, sean para financiar a la organización, pagar actividades del día a día o costear simples caprichos u obsequios a los participantes en un congreso. La Administración andaluza ha abierto 17 expedientes para revisar ayudas al sindicato por 7,5 millones de euros. Tras examinar dos de esos expedientes, la Junta estudia reclamar 1,8 millones por dos ayudas utilizadas de forma irregular. De confirmarse, tales conductas constituyen un abuso del dinero público y la central sindical debe reintegrar lo recibido de manera irregular o injustificable.
Por el momento, la dirección andaluza de UGT pretende enfriar el escándalo. No facilita los resultados de su investigación interna y se toma con demasiada calma las aclaraciones y exigencia de responsabilidades, aplazando seis semanas (hasta el 9 de enero) las explicaciones de la dirección regional, encabezada por Francisco Fernández Sevilla como secretario general de la UGT andaluza.
Cándido Méndez, que ha dado muestras de preocupación, no debe conformarse con paños calientes. Porque las sospechas más documentadas afectan a la federación andaluza, pero la organización ugetista en su conjunto difícilmente escapará al impacto. La juez Alaya investiga las facturas falsas de la UGT andaluza, mientras la Fiscalía Anticorrupción sopesa una denuncia del seudosindicato Manos Limpias contra UGT por presunta desviación de fondos destinados a la formación para el empleo.
Las siglas no tienen la culpa de nada, pero sí las personas que hacen lo que no deben al amparo de aquellas, y cuyas andanzas sirven de pretexto a los que desean el hundimiento de las estructuras sindicales como resortes de una resistencia social identificable y a cara descubierta. La dependencia de los sindicatos respecto de la financiación pública les hace vulnerables y puede haberles acomodado a corruptelas o prácticas ilegales. El crédito de UGT como organización sindical depende de que afronte este asunto con rigor y arroje luz sobre sus cuentas.