Cargando...Cándido Méndez debería mirarse en el espejo limpio y ejemplar de Nicolás Redondo, el líder histórico de UGT que asumió con su dimisión una responsabilidad política que no tenia, por causa de la fallida cooperativa de la PSV donde Redondo no tuvo la menor actuación directa en la gestión de la cooperativa o responsabilidad penal o civil en ese asunto que fue utilizado, de manera perversa, por Felipe González para vengarse la primera huelga general de la transición del 14-D de 1988. Ahora, los graves delitos -no errores- en los que están inmersos miembros de UGT han de ser asumidos con dimisiones importantes después depurar responsabilidades y limpiar a fondo el sindicato. De lo contrario será el sindicato UGT -ahora que el PSOE sufre una grave crisis de cohesión e identidad nacional- el que corra el riesgo de desplomarse o desaparecer. No en vano los ciudadanos de este país no están para bromas y menos aún para quitar importancia a que se roben fondos públicos con abusos o estafas montadas desde la UGT.
La imputación y responsabilidad civil de UGT y CC.OO que ha sido decretada por jueza Alaya en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, constituye un paso más que daña la credibilidad y la imagen de los primeros sindicatos del país. Y empeora, más si cabe, su situación tras el indecente acoso a la jueza -por el que han pedido disculpas los líderes nacionales de ambos sindicatos, Totxo y Méndez- de unos sindicalistas exaltados. Y de especial manera tras las delictivas, por ser una flagrante estafa, facturas emitidas desde UGT sobre indecentes comilonas y otros gastos que imputaron a la Junta de Andalucía, o a cursos de formación profesional.
Todo esto, y lo que está por salir, debería haber provocado ya, y de manera irrevocable la dimisión o el cese fulminante del primer responsable de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y la apertura a fondo de una investigación interna en UGT. Y, una vez concluida y limpiada la escoria, Cándido Méndez debería reflexionar sobre la oportunidad de su propia dimisión al frente de la secretaria general de UGT. El mismo Méndez que quizás nunca debió presentarse a su enésima reelección para ese cargo y que en esta crisis lleva la penitencia de su desmedida ambición.
Basta ver una sola de las facturas de las masivas mariscadas que la UGT de Andalucía ha imputado a la Junta de Andalucía para que un terremoto hubiera sacudido la UGT, en Madrid y Sevilla. Las excusas dadas al respecto sobre presuntos ‘errores’ son en sí mismas repugnantes política y moralmente, y la devolución del dinero estafado no exime el delito de estafa ni la responsabilidad penal de los autores y política del caso. Y ello por más que la Junta andaluza pretenda echar tierra sobre semejante atraco de fondos públicos, en plena crisis nacional de la deuda pública y el paro.
Y si añadimos a todo ello las responsabilidades que se acaban de imputar a UGT -y a CC.OO- por los ERE andaluces pues todavía mucho peor, porque el robo de los fondos del paro es ya el colmo del delito (recuerda los negocios que el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, hacía por su cuenta y a costa de los huérfanos de la Benemérita) y del descontrol de la situación por quienes en UGT se ocupaban de todas estos asuntos.
No hacen falta más explicaciones sino ceses y dimisiones. Y si esto no es así será la UGT, y no solo sus máximos dirigentes, la que sufra las consecuencias de estos escándalos que ya sabemos que su autoría corresponde a personas concretas y no al conjunto de la Unión General de Trabajadores que, en su gran mayoría, es respetada y respetable. Pero la respuesta oficial de UGT a todo ello, tan tardía como exculpatoria del fondo de la cuestión, y de sus responsables políticos no se puede aceptar. Y menos aún con la pretensión de minusvalorar lo ocurrido que es más grave de lo que ellos reconocen, tal y como se verá en la instrucción y los imparables juicios que sin lugar a duda van a llegar.