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El proceso de supresión de la publicidad en la televisión pública ha sido como un visto y no visto, que incluso habrá pillado por sorpresa a los más despistados. Sin embargo, detrás de lo que podría parecer una «buena noticia» para los telespectadores más compulsivos, se oculta una retorcida estrategia profundamente anti-democrática, con un marcado interés privatizador, y que ha sido llevada a cabo de la forma más oscurantista y caciquil.
Hace justo un año, Nicolas Sarcozy imonía una reforma de la televisión francesa, que empezaba a emitir si ningún tipo de publicidad en cualquiera de sus séis canales. Sorprendentemente, la medida fue aplaudida con gozo desde el Ejecutivo Español. Las presiones de los grandes grupos mediáticos, especialmente los más “francófilos” y afines a Zapatero, no se hicieron esperar. Si el sector audiovisual pasaba apuros en lo económico, la solución era una vez más sacrificar el interés público en beneficio de los grandes monopolios, que tanto habían gozado del favor de la administración para enriquecerse rápidamente. En pocos meses Zapatero anunciaba la “reducción drástica” de la publicidad en Televisión Española, y su lugarteniente de rostro impasible, Fernández De La Vega, confirmaba que en la nueva propuesta de ley se suprimiría por completo la publicidad, al estilo de la BBC o France TV, pero a diferencia de estas, no se aplicaría ningún tipo de cuota a los ciudadanos. “¡Que excelente noticia!”. La realidad era mucho más inquietante que la ficción que contaba la ministra. Los grandes monopolios de la información se encontraban en una situación incómoda. Después de haberse enriquecido ingentemente durante los últimos años -en algunos casos gracias al favor del propio Gobierno, que tuvo que regalar licencias de emisión a todos aquellos que le habían apoyado en su campaña electoral-, “sufrían” las consecuencias de la crísis en forma de reducción de sus contratos publicitarios, y la salida a sus problemas financieros pasaba por conseguir un nuevo favor gubernamental. Corría el mes de Junio cuando, en un tiempo récord sorprendente para los promedios de eficiencia que acostumbran, el Gobierno presentaba la nueva propuesta de Ley de Financiación de Televisión Española. Después de años sin acabar de resolver la ansiada Ley del Audiovisual, en la que debían de ser incluídos estas cuestiones, eran capaces de sacar a toda prisa, en plena estación veraniega, una ley de aprobación inmediata que apartara a la televisión pública del mercado audiovisual. Si miramos hacia los Estados Unidos, contemplamos como gigantescos monopolios como CNN, CBS, NBC o FOX acaparan el mercado nacional e internacional, mientras que la televisión pública es un servicio marginal de ámbito local, completamente excluido de la “libre competencia”. Este parece ser precisamente el objetivo de la “Administración Zapatero”. Y es que la supresión de la publicidad es únicamente la punta del iceberg de todo lo que esconde esta ley, enmarcada en una maquiavélica estrategia. Se limita notablemente el porcentaje de capital que TVE podrá utilizar para adquirir derechos de retransmisiones deportivas (como la Liga de Fútbol o la Champions). También se reduce la emisión de películas norteamericanas, hasta un máximo de una a la semana. Sin duda ambos contenidos son los que más interés despiertan en la audiencia, y así se condiciona mucho más su capacidad competitiva. Restricciones dictatoriales como estas (y como otras relacionadas con la subtitulación de programas y la emisión de contenidos infantiles), han sido, curiosamente, impulsadas por las enmiendas lanzadas por los partidos de “izquierdas” y los nacionalistas (PSOE, IU, CIU y ERC); inexplicablemente aliados a la hora debilitar y marginar a la televisión pública nacional. Eso sí, estos mismos grupos parlamentarios también aportaban una enmienda en la que prevén “socializar las pérdidas”, que serían subsanadas con fondos de los Presupuestos Generales del Estado. De nuevo intentan vendernos como “progresista” una medida que defiende un insostenible endeudamiento público para garantizar los beneficios del sector privado. Algo que además neutralizaba casi por completo cualquier posible modelo de televisión pública independiente. Pero no vayan a creer que, pese a la crispante dialéctica del PP, este iba a convertirse en firme opositor. En un ejemplo de “consenso democrático”, la ley que hipotecaba para siempre a la televisión pública nacional era aprobada unánimemente en el mes de Julio, demostrando los inquebrantables compromisos que cada formación parlamentaria mantiene con las manos que les alimentan. Por si esto fuera poco, la vicepresidenta Fernández De La Vega que se había negado rotundamente a la aplicación de un canon a los ciudadanos, al estilo del que se paga en Inglaterra por la BBC, ocultaba que su “propuesta de financiación alternativa” incluía el que los consumidores acabaran pagando ese déficit por otra vía: las ya de por sí intolerables facturas de teléfono e Internet. El resto de la financiación se recaudaría “amable y desinteresadamente” de entre los beneficios de los grupos privados, que en este mundo de maravillas en el que pretenden hacernos vivir, se supone que van a convertirse en aguerridos defensores de la independencia y objetividad de TVE. Además, los precedentes en otras televisiones públicas europeas no son ni mucho menos alentadores. Si el Gobierno celebraba hace unos meses la aplicación de esta misma medida en Francia, la consecuencia directa en este país ha sido que la dirección de France Telèvisions ha anunciado un plan de prejubilaciones anticipadas que llevó a los sindicatos a convocar una sonada huelga. También la BBC británica, que fue de las primeras en eliminar la publicidad de su programación, sustituyéndola por un impuesto directo pagado por todos los ciudadanos, se ha visto obligada a despedir a 7.200 trabajadores en los últimos cinco años, debido a la mala gestión de sus recursos económicos. Si a eso sumamos el hecho de que antes de esta “jugada maestra” ya se había puesto en marcha un masivo Expediente de Regulación de Empleo en la delegación barcelonesa de TVE, las agoreras previsiones no pueden ser más desalentadoras. Sin duda Zapatero nos acerca cada vez más a Europa, pero a la Europa más abominable, la de la privatización, los grandes monopolios financieros y mediáticos (si es que todavía no son o mismo), y los recortes en las libertades democráticas. Confiemos pues en la profesionalidad y la tenacidad de los trabajadores de TVE, que son los únicos que se han opuesto firmemente y a contracorriente a este estropicio.