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Enarbolando -como viene siendo habitual para inmiscuirse en las fisuras internas de China- la bandera de los «derechos humanos», la administración Trump ha firmado dos proyectos de ley en apoyo de las protestas en Hong Kong, que llevan ya varios meses agudizándose en un momento en el que Washington recrudece su cerco al gigante asiático. La superpotencia está alentando a los sectores más extremistas de los manifestantes, y Pekín ha advertido que tomará «contramedidas» contra esta interferencia norteamericana en sus asuntos internos.
La «Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong» aprobada por el Congreso estadounidense da poderes a la Casa Blanca para sancionar a funcionarios chinos por violaciones de los derechos humanos. El texto insta a la Casa Blanca a presentar un informe anual a los legisladores sobre la autonomía de la región y determinar si el Gobierno chino actúa de alguna manera para limitarla.
Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo a raíz de un proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos desde ese territorio autónomo para ser juzgados en la China continental. Tras las primeras semanas de protestas, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, retiró formalmente el borrador, pero el «movimiento pro-democracia» continuó con acciones cada vez más radicalizadas, en las que se han producido choques cada vez más violentos entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios.
Desde que comenzaron el pasado 15 de marzo, los enfrentamientos se han cobrado dos vidas: un manifestante que cayó al vacío huyendo de la policía, y un trabajador municipal muerto por un ladrillo de los opositores. Además permanece en estado grave un hongkonés al que los radicales rociaron de gasolina antes de prenderle fuego, por mostrarles su desacuerdo con sus acciones.
Las denuncias sobre la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades chinas en Hong Kong son tan legítimas como habituales en los informativos, pero es necesario ponerlas en contexto. En un periodo de tiempo similar, el ‘democrático’ gobierno francés ha reprimido con dureza las protestas de los chalecos amarillos: 11 personas han muerto, 4.000 han resultado heridas y cerca de 12.000 han sido detenidas.
No se conoce que el Capitolio norteamericano vaya a emitir ninguna ley para reprender a Francia. Ni tampoco a Israel o a Arabia Saudí, países conocidos por una sistemática y mucho más brutal violación de los derechos humanos.
La bandera de los derechos humanos es -en manos de Washington- un instrumento de intervención en los asuntos de sus enemigos, y especialmente de su principal oponente geoestratégico, China.
Pero además, la vinculación de los líderes del movimiento «pro-democracia» de Hong Kong con los centros de poder hegemonistas no es ningún secreto.
En las manifestaciones «pro-democracia» de Hong Kong son ya norma las banderas norteamericanas y las pancartas de saludo o de «auxilio» al presidente Trump. Uno de los líderes de las protestas de Hong Kong, Joshua Wong, compareció el pasado septiembre en el Congreso de EEUU para exhortar a que se aprobara la ley. Uno de los magnates multimillonarios hongkongeses promotores de las protestas, Jimmy Lai, fue recibido hace meses por el entonces Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y por el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, en la Casa Blanca. La diplomática estadounidense Julie Eadeh ha mantenido frecuentes encuentros con los líderes de las protestas.
¿Qué ocurriría si un funcionario chino mantuviera reuniones con los manifestantes anti-Trump? ¿Qué grito no pondrían los congresistas estadounidenses en el cielo si algún país osara reprenderles por los sistemáticos asesinatos de ciudadanos afroamericanos a manos de una violencia policial donde el racismo es estructural?