Cargando...
Trump cierra la oficina de representación de la OLP en Washington, que hace las veces de misión diplomática, y pone en peligro la supervivencia de millones de palestinos al cortar los fondos y la ayuda humanitaria para mantener hospitales y servicios sociales esenciales.
Donald Trump y su equipo presidencial -del que forman parte destacados y acérrimos partidarios de Israel como el vicepresidente Mike Pence o el propio yerno de Trump, Jared Kushner- hace tiempo que ha declarado la guerra a Palestina. El anuncio de que EEUU reconocía a Jerusalén como capital del Estado hebreo, y el posterior traslado de la embajada yanqui desde Tel Aviv a la «ciudad tres veces santa» prendió la ira de los palestinos y dinamitó por completo cualquier esperanza a corto plazo de un proceso de paz o de acercamiento con los israelíes.
Una concordia que, de todas formas, el primer ministro Netanyahu se ha encargado de sabotear durante todos sus años de mandato, con su política de promover de forma descarada los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania -colonias ilegales condenadas por la ONU- y lanzando brutales bombardeos sobre Gaza. En la última masacre israelí contra los habitantes de la Franja, los francotiradores y las bombas del Tsahal asesinaron a 135 palestinos y causaron 14.700 heridos, todos ellos civiles.
Pero a Washington no le basta con esto, o con proteger de forma descarada a su gendarme israelí ante cualquier tipo de sanción o condena de la comunidad internacional. Trump quiere que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) acepte su «plan de paz», una hoja de ruta que consiste, básicamente, en que los palestinos se olviden para siempre de la «solución de los dos Estados» y que acepten confederarse con Jordania, manteniendo Israel militarizado su territorio.
Obviamente, la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas no quiere ni oír hablar de ese «plan de paz», y tras lo de Jerusalén ha rechazado a EEUU como mediador de ningún proceso de Paz. Además, la OLP ha iniciado los trámites para tratar de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación por los innumerables crímenes de guerra de Israel.
La petición de la OLP a la Justicia Universal ha sido la excusa que venía buscando la administración Trump para ordenar el cierre de las oficinas de la misión diplomática palestina en Washington. «Han condenado un plan de paz que ni siquiera han visto», se ha justificado cínicamente la Casa Blanca.
Pero esta no es ni de lejos la peor medida de presión. EEUU está asfixiando financieramente a millones de palestinos (los 4 millones residentes en los territorios ocupados más otros 5 millones de refugiados por repartidos por todo Oriente Medio) poniendo en grave peligro sus condiciones de vida, de salud o alimentación. Washington, que hasta ahora era el principal financiador de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ha decidido cortar por completo los fondos, así como cancelar cualquier tipo de financiación para mantener los hospitales, las escuelas y los servicios sociales esenciales.
En concreto, Trump ha ordenado personalmente cancelar la entrega de 25 millones de dólares (21,6 millones de euros) donados a la red de hospitales de Jerusalén Este, los centros sanitarios de referencia para los más de cinco millones de palestinos de Gaza y Cisjordania. La asfixia económica también afecta a los 700 colegios en los que la UNRWA imparte clases a los niños palestinos en Gaza, Cisjordania o los campos de refugiados.
El recorte total de los fondos de la UNRWA, de los que EEUU venía siendo el principal contribuyente internacional, no solo amenaza con agravar la miseria y las ya extremadamente precarias condiciones de vida en los territorios ocupados (en especial en la devastada Gaza), sino con sacudir el equilibrio social de naciones vecinas como Jordania (dos millones de refugiados palestinos), Siria (530.000) y Líbano (464.000).