Cargando...
A medida que se acercan las elecciones del 20D, mucha gente se pregunta por qué se presentan diferentes candidaturas de izquierdas cuyos programas, si no iguales parecen guardar tanta similitud. Pero como ocurre en numerosas ocasiones, tampoco en este asunto apariencia y esencia coinciden. En sus discursos, Podemos, Izquierda Unida y Recortes Cero parecen hablar de lo mismo: subida de salarios y pensiones, reforma fiscal progresiva, cuestionamiento del pago de la deuda, banca pública, defensa de la soberanía,… Pero sólo lo parece.
El que cada una de estas fuerzas vayamos a presentar candidaturas distintas el 20-D no obedece a ningún afán de protagonismo, a disputas de poder por disponer de pequeños reinos de taifas o a rencillas personales, como los grandes medios de comunicación quieren hacer ver. Es porque tenemos proyectos, programas, trayectorias, formas de trabajar distintas. Y esto no hace referencia, ni nosotros vamos a entrar en ello, a cuestiones como el dudoso método de los “fichajes-estrella” utilizado por Podemos al margen de los resultados de las primarias que ellos mismos han sacralizado, la participación de un escaso 4% de los afiliados en la elaboración de su programa o las discrepancias que han llevado a dimitir a la mayoría del comité ejecutivo de Euskadi. Tampoco a los conflictos internos desatados en las primarias de IU en Sevilla o el abandono de antiguos militantes del PSOE de la candidatura de Ahora en Común-Unidad Popular, convertida al final en poco más que una nueva marca electoral de IU. Estos son asuntos internos que corresponde tratar y resolver a cada organización. «Sólo sobre la base de creación de nueva riqueza es posible que millones de personas salgan de las filas del paro«
De lo que estamos hablando es de programas políticos y medidas que, pese a su aparente similitud, en realidad van en direcciones opuestas, representan alternativas diferenciadas, formas muy distintas de entender lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y qué camino debemos seguir para transformar esta situación en un sentido favorable a los intereses de la mayoría.
Diferencias políticas que tienen su máxima expresión en tres puntos que constituyen tres de los ejes claves de los que tiene que partir cualquier programa que de verdad ofrezca una salida a la crisis favorable al 90% de la población: la redistribución de la riqueza, la defensa de la soberanía nacional y la posición ante la unidad de España. Fijaremos en este artículo nuestra atención en el problema de la redistribución.
Un programa de redistribución de la riqueza
Redistribución, reparto y cambio de modelo de desarrollo
Que España necesita una política de redistribución de la riqueza para, entre otras cosas, detener el aumento de las desigualdades y la extensión de la pobreza es algo que ninguna persona progresista, o simplemente dotada de sensibilidad, pone hoy en duda. Cuestión distinta es qué significa redistribuir la riqueza y en qué medidas debe concretarse esta política.
La “medida estrella” que propone Izquierda Unida a este respecto es la que denomina “trabajo garantizado”. Un plan destinado a dar empleo a un millón de personas actualmente en el paro y que cubriría áreas de competencia pública como los servicios sociales, la protección del medio ambiente, la construcción y mantenimiento de infraestructuras, así como el aumento en la oferta de servicios públicos culturales, deportivos y recreativos. Su financiación provendría directamente del Estado, estaría gestionado por los ayuntamientos en colaboración con la sociedad civil y su coste estimado sería de algo más de 15.000 millones de euros. Una propuesta que plantea dos interrogantes inmediatos.
En primer lugar, ¿es sostenible una política de creación de empleo que consuma recursos públicos sin generar nueva riqueza? Y a continuación, ¿que alternativa se ofrece entonces para los otros cuatro millones de parados que hay actualmente en España?
Con respecto a la primera cuestión, cae de su propio peso que no es posible acabar con el paro sin una amplia y activa política de reindustrialización. Sólo sobre la base de creación de nueva riqueza –y la industria es su “madre” generadora– es posible que millones de personas salgan de las filas del paro y se incorporen a la actividad productiva. Que el Estado se haga cargo de la parte sustancial de la reducción del paro es, nunca mejor dicho, pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, efectivamente aliviará de forma momentánea la situación de muchas familias, pero a costa de empobrecer al conjunto del país, obligado a dedicar sus recursos a actividades que no generan riqueza, al contrario, la consumen de forma improductiva.
Esto no es algo nuevo en la historia. Durante décadas, la URSS de los Kruschov y Breznev se vanaglorió que en su país, a diferencia de los países occidentales, no existía la lacra del paro. Tras la caída del Muro todo el mundo pudo comprobar lo que algunos veníamos señalando con insistencia: la economía soviética era una monstruosa maquinaria burocrática, un capitalismo monopolista de Estado parasitario e improductivo destinado a hundirse estrepitosamente. Bajo la ficción del pleno empleo se ocultaba la realidad de millones de puestos de trabajo sostenidos artificialmente por el Estado y tan innecesarios como improductivos. Una vez consumidos los recursos disponibles y la riqueza acumulada, todo aquel entramado tenía que caer. Y cayó. ¿Es una cosa similar, salvando las distancias, lo que se propone para nuestro país?
¿Saqueadores contra el saqueo?
Como es evidente para cualquiera que el Estado no puede ofrecer trabajo a 5 millones de parados, el programa de IU propone dos medidas con las que incentivar la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Una primera con la que nadie puede estar en desacuerdo, las ayudas a pymes y autónomos, aunque no se concrete ni especifique más. Y una segunda que supone rizar el rizo de lo inverosímil, la madre de todas las paradojas: un plan de reindustrialización a cargo de la Unión Europea. «¿Alguien en su sano juicio puede esperar de Bruselas otra cosa que más recortes y nuevas exigencias?»
¿La misma UE que en los años 80 provocó la aparición de un paro estructural en España cercano al 10% al exigirnos el desmantelamiento y la venta de las principales industrias estratégicas como condición sinequanon para ingresar en el Mercado Común es la que ahora nos va a reindustrializar?
¿Alguien en su sano juicio puede esperar de Bruselas -es decir, de quien tienen mando en esa plaza: Merkel- otra cosa que no sea más recortes y nuevas exigencias? Ahora va a resultar que, de creer al programa de IU, los mayores saqueadores son los que nos van a sacar de la crisis y el empobrecimiento. Valiente conclusión.
Llama poderosamente la atención, por otra parte, que en el Plan de Emergencia Social que constituye el núcleo esencial de la propuesta económica de IU, la medida de crear una banca pública haya sido sustituida por la creación de “un banco bueno”, llamado así en oposición a la SAREB o banco malo donde han ido a parar los activos tóxicos de la banca. Banco bueno cuyo objetivo sería comprar parte de las deudas hipotecarias de las familias, pequeñas empresa y autónomos más vulnerables.
En otras palabras, una especie de “mini-banco” público que para nada altera ni cuestiona el poder casi omnímodo del que disfruta la oligarquía bancaria de nuestro país, los Botín, March, Francisco González, Fainé, Oliu y compañía. ¿Guardará esto alguna relación con los más de 25,6 millones de euros que, según el Tribunal de Cuentas, IU y su partido hermano en Cataluña, Iniciativa, deben a la gran banca española? Deuda que no sólo ha ido incrementándose año tras año desde los 90 hasta nuestros días, sino que ha sido objeto de generosas condonaciones de intereses por un valor aproximado de medio millón de euros.
Como proponen los puntos 4 y 5 del programa electoral de Recortes Cero-Los Verdes, sólo un Plan Nacional de reindustrialización del país, modernización del tejido productivo y fuerte inversión en I+D+i tiene la capacidad de generar nuevas fuentes de riqueza y acabar estructural y definitivamente con el problema del paro. Y para ello propone la creación de una potente banca pública, creada a partir de las cajas rescatadas con dinero público, capaz de competir y enfrentarse abiertamente con los grandes bancos, de disputarles y arrebatarles los recursos financieros necesarios para ponerlos al servicio de la necesidades del país.
La propuesta económica de Podemos
Cambio de modelo y dependencia
El programa económico de Podemos, por su parte, propone al igual que el de IU o Recortes Cero, numerosas medidas que podríamos calificar como parte de una política de redistribución de la riqueza. Subida del salario mínimo, revalorización de las pensiones, rescate ciudadano, medidas contra la pobreza energética, reforma fiscal progresiva, un “impuesto de solidaridad” para que la banca pague la devolución del dinero público invertido en su rescate,…
Las diferencias en este caso provienen no tanto de lo que se propone como de lo que no se dice. Una de la primeras medidas del programa económico de Podemos, aprobado por el 78% de los participantes en las votaciones, plantea “la elaboración de un Pacto Nacional por la Economía Productiva”. Pacto fruto de “un acuerdo multilateral entre gobierno, patronal y sindicatos” que impulse “un desarrollo industrial que haga pivotar el centro de gravedad desde una lógica financiera hacia una lógica productiva”. Se trataría, según su propuesta, de “revertir el proceso de desindustrialización” situando en “el centro de las prioridades industriales la inversión productiva y la generación de valor a medio y largo plazo”, potenciando “un tejido productivo innovador volcado en el desarrollo de las PYMES”. «No es posible ninguna salida a la crisis sin empezar a romper los lazos que nos han convertido en una economía dependiente»
Hasta ahí estamos plenamente de acuerdo. El problema que aparece entonces, y del que el programa de Podemos nada dice, es que un cambio así del modelo de desarrollo de la economía española se enfrenta a poderosas fuerzas contrarias. Y no, contra lo que tiende a pensarse, principalmente internas, sino externas.
La clave en este asunto está en comprender que nos enfrentamos a un saqueo que viene del exterior. Sin partir de esto, nada de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años podrá ser entendido. Y, en consecuencia, ninguna de las alternativas que se propongan podrán enfrentarse consecuentemente al problema.
No es posible ninguna salida a la crisis favorable a los intereses de la mayoría sin empezar a cambiar y romper los lazos que nos han convertido en una economía dependiente y cautiva del gran capital extranjero.
El problema de los actores exteriores
Frente a la afirmación de Pablo Iglesias, recogidas por la agencia Europa Press este pasado verano, acerca de que la aplicación de su programa no plantearía “un problema serio con los acreedores u otros actores exteriores”, sino fundamentalmente con “las élites corruptas defraudadoras e improductivas” internas, la realidad es que ningún programa que de verdad lleve adelante una política de redistribución de la riqueza puede aplicarse sin tener “problemas serios” con los “acreedores y otros actores exteriores”, es decir, con el gran capital extranjero.
Por una razón elemental: “acreedores y otros actores exteriores”, en otras palabras, las grandes burguesías monopolistas del planeta –y en particular y muy destacadamente la norteamericana y la alemana– son quienes a día de hoy controlan los principales resortes de la economía española, se están haciendo dueños a pasos agigantados (cuando no lo son ya) de las principales fuentes de riqueza del país y, consecuentemente con ello, se apropian y disfrutan de una parte creciente de la riqueza nacional. Este es el aspecto principal del saqueo que estamos sufriendo, a pesar de que se trate de ocultar por todos los medios.
Unos cuantos datos fundamentales sobre la realidad de la economía española permite comprobarlo.
El gran capital extranjero posee ya cerca del 45% de las acciones de las grandes empresas españolas que cotizan en el Ibex-35. Esto según los datos oficialmente reconocidos. Porque otras fuentes, como la agencia especializada Bloomberg, hablan de que el capital extranjero posee, por ejemplo, entre el 85 y el 95% de la propiedad accionarial de los dos buques insignia de la oligarquía financiera española: el Banco Santander y el BBVA.
Uno de los puntos claves del programa económico de Podemos es la transición hacia un nuevo modelo energético y, con ello, la necesidad de poner en su sitio y ajustar cuentas con el sector de las grandes eléctricas. Pero ese es un sector en que también el gran capital extranjero ostenta una posición ultramayoritaria. De los dos mayores monopolios eléctricos, uno, Endesa, es de propiedad exclusiva del capital italiano; en el otro, Iberdrola, todos sus accionistas de referencia son extranjeros. Como dijo a principios de 2014 su presidente, Ignacio Sánchez Galán, “somos más británicos, más americanos y más mexicanos o brasileños que españoles a nivel general. No solamente por negocios, sino también por presencia de accionistas”. «La presencia de multinacionales norteamericanas y alemanas en España ha crecido desde 2008 en un 60 y 52% respectivamente»
La deuda pública, ese gran negocio usurero por el que los españoles estamos obligados a pagar cada año más de 36.000 millones de euros en intereses, no sólo ha alcanzado un nuevo récord, al situarse en el 98% del PIB. También, y en paralelo, ha ido subiendo el porcentaje de esa deuda en manos del capital extranjero, hasta el punto de que en junio de este mismo año superaba cualquier récord histórico para situarse en el 55,07%.
El pasado mes de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hacía público un informe sobre la presencia de multinacionales en España. Y sus datos son demoledores.
La crisis ha tenido consecuencias devastadoras sobre el tejido productivo español. Pero sus efectos han sido muy distintos en función de la nacionalidad de las empresas, creando una nueva correlación de fuerzas en la industria donde las multinacionales ganan peso, y lo están haciendo de forma acelerada, en detrimento de las empresas de capital nacional.
Desde 2008, la cifra de negocios de las multinacionales presentes en España ha ganado más de 7 puntos, hasta alcanzar en la actualidad una facturación equivalente al 41,7% del PIB español, lo que quiere decir unos ingresos de más de 400.000 millones de euros cada año. Desde el estallido de la crisis, la economía española ha destruido 3,3 millones de puestos de trabajo. Pero, sorprendentemente, el empleo entre las multinacionales extranjeras ha crecido en casi 70.000 trabajadores a medida que incrementaban su cuota de mercado. Alrededor de medio millón de pymes han desaparecido en estos años; mientras que la presencia de multinacionales en nuestro país ha crecido en más de un 50%. Y no crece de cualquier manera y en cualquier sector. Donde más lo hace es en la industria y en sus sectores estratégicos, la clave de la creación de riqueza en cualquier economía: automoción y material de transporte, industria química y farmacéutica, fabricación de material y equipo eléctrico, telecomunicaciones y redes… Y no es por casualidad que sean Washington y Berlín quienes, a través del FMI y Bruselas, hayan dictado las medidas de saqueo a Zapatero y Rajoy. La presencia de multinacionales norteamericanas y alemanas en España ha crecido desde 2008 en un 60 y 52% respectivamente.
La reforma laboral aprobada por Rajoy, al abaratar el despido y propiciar un drástico recorte en los salarios no sólo ha provocado la pobreza de millones de trabajadores, sino que al hundir la demanda y el consumo ha conducido también a la ruina y la quiebra de cientos de miles de pymes y autónomos que tienen en el mercado interno sus única fuente de ingresos. Por el contrario, para las multinacionales cuya producción está destinada en un 85 o 90% a la exportación esa misma reforma ha supuesto una multiplicación ingente de los beneficios al hundir los costes salariales. No es por eso extraño que acudan como moscas a un panal de miel a implantarse o extenderse en nuestro país.
¿Cómo, entonces, puede decir nadie que va a cambiar esta situación sin tener “problemas serios” con ellos, con “los acreedores y otros actores exteriores”?
Sin empezar a romper la dependencia de nuestra economía con el capital extranjero, cualquier política de reindustrialización se traduce, necesariamente, en agregar nuevas cadenas de valor a las grandes multinacionales, reforzar el papel del capital extranjero y aumentar los factores de dependencia hacia él.