Corresponsalí­a Alicante

Trasvase Tajo-Segura ¿quien debe decidir?

El trasvase Tajo segura lleva funcionando desde el año 1979 y se ha convertido en estos treinta años en la base que garantiza la viabilidad del 62% de la agricultura de la provincia, es además fuente principal del mantenimiento de 40.000 hectáreas de regadí­o, y forma parte del abastecimiento, junto con las desaladoras del agua potable de treinta y seis municipios entre ellos algunos tan importantes como Elche o Alicante…

….or tanto es desde luego una infraestructura estratégica para la provincia, y su derogación tendría consecuencias catastróficas, a no ser que se hiciese mediante una alternativa que garantizase al menos, los entre cuatrocientos y seis cientos hectómetros cúbicos por año que aporta este trasvase y con agua de una calidad similar. Además en este caso es importante plantearse detenidamente, ¿Quién debe decidir la derogación de una infraestructura de esta importancia? Y ¿con que criterio debe hacerlo? Este trasvase fue propuesto por primera vez por el gobierno de la Segunda Republica en concreto por Indalecio Prieto ministro de obras públicas. Dentro del “Plan Nacional de Obras Públicas” el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo lo propuso como solución definitiva a la escasez de recursos hídricos en la cuenca del segura, se trataba de una alternativa al trasvase desde la desembocadura del Ebro, pero no llegó a realizarse, pero treinta años después Franco retomó la idea dentro del marco de los proyectos de desarrollo económico, y en 1966 comienzan unas obras que se darían por terminadas en 1979, es por tanto una solución a un problema que ha tenido la cuenca del segura desde hace décadas y que si fue considerada útil por dos sensibilidades tan distantes como la del Socialista Indalecio Prieto y los ministros de Franco debe ser por que significaba la solución más eficiente a dicho problema. Cabria por supuesto la posibilidad de que en la actualidad hubiese soluciones más eficientes debido a que han pasado treinta años pero no parecen ser estos los motivos que han impulsado a los políticos de Castilla la Mancha. Además de estar recogido por la ley, es de sentido común que los recursos hídricos deben de estar en manos de la administración central, para que pueda ser exigido que se administren en función del interés general del país sin que se puedan dar situaciones de enfrentamiento entre Comunidades Autónomas, y aunque es conocido por todos que el tema de los trasvases está siendo utilizado por el PP como ariete político para afianzar sus posiciones electorales en las Comunidades Valenciana y Murciana, también es cierto que no se puede permitir que se gestionen recursos tan públicos como el agua al servicio del interés de una parte, por que ¿de quien es ese agua de los que viven cerca del rió?, o tal vez la deben reclamar quienes viven cerca del Mediterráneo donde se forman las nubes que lo harán posible.

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