Utilizarán la propaganda a toda máquina para justificar el acuerdo, pero el pacto alcanzado entre gobierno, sindicatos y patronal perjudica gravemente los intereses de la mayoría de la población. Da carta de naturaleza a la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, y supondrá un tijeretazo de hasta un 20% en la cuantía de la pensión. Ahora más que nunca, la exigencia de un referéndum para que el conjunto de la sociedad pueda pronunciarse sobre una cuestión que afecta directamente a nuestro futuro, debe convertirse en un clamor popular. ¿Que los «agentes sociales» alcanzan un acuerdo, y este es ratificado por la mayoría del parlamento? Perfecto. Que el pueblo pueda pronunciarse a través de un referéndum. ¿No se trata de una exigencia democrática?
Jubilación a los 67 años Para seguir jubilándose a los 65 años, será necesario tener cotizados 38 años y seis meses. Los trabajadores que no cumlan este requisito se verán obligados a trabajar dos años más, hasta los 67. ¿Pero quien va a poder beneficiarse de esta medida? ¿Qué porcentaje de trabajadores habrán cotizado los 38,5 años exigidos? Hay que tener en cuenta que en las nuevas pensiones de jubilación en el sistema (año 2005), la media de años cotizados fue de 34,7 años, mientras que en 2006 fue de 34,4 años. Para las pensiones en vigor en el año 2007, la media de años de cotización fue de 35,7 años. En todos estos casos, sustancialmente por debajo de lo que establece la nueva norma. Situación agravada en las nuevas generaciones, sometidas a condiciones de precariedad y un paro juvenil escandaloso, que hacen disminuir sus años de cotización. La realidad es que exigir 38,5 años de cotización para poder jubilarse a los 65 es condenar al 90% de la población a jubilarse a los 67 años. Es decir, a trabajar dos años más y cobrar dos años menos de pensión. Pero, además, el aumento de la edad de jubilación va a reducir la cuantía de la pensión vitalicia en alrededor del 10%. Y, en el caso de no alcanzar los 37 años cotizados a los 67 años, la cuantía de la pensión se reducirá un 2,27% por cada año que reste. Aunque parezca mentira, el resultado de la “reforma de las pensiones” es que trabajaremos más para cobrar menos. Ampliar para reducir El cálculo de la pensión se efectuará sobre la base de los últimos 25 años cotizados. En la actualidad se calcula sobre los últimos 15. El aumento será progresivo a razón de un año en cada ejercicio hasta 2022. ¿Que supondrá este incremento de la base regulatoria? Una disminución de la cuantía de la pensión que varía, según los estudios, entre el 7% y el 15%. Al ampliarse el periodo de cálculo, se incluyen salarios reales más antiguos que en general son más bajos que los recientes. La pérdida promedio en la cuantía de la pensión es de alrededor de un 1% por año adicional, lo que deja el tijeretazo en un 10% de las ya jibarizadas pensiones. Igual que ha sucedido en países como Alemania, Francia o Reino Unido, la reforma afectará sobre todo a las rentas más bajas. Incluso la patronal de los fondos de pensiones privados, Inverco, estima que la reforma del gobierno puede llevar la tasa de sustitución (es decir, el porcentaje de la primera pensión del ciudadano con respecto a su último salario) del 80% actual al 65% en 2027. Un nuevo recorte que recaerá sobre las espaldas del conjunto de la población. ¿Nuevos recortes cada cinco años? El mayor peligro puede estar por llegar. Nos dicen que los recortes actuales buscan “dotar de sostenibilidad” al sistema de pensiones, pero la realidad es que preparan el terreno para futuros tijeretazos. Tal y como podemos leer en el editorial de uno de los principales periódicos, “la importancia de la reforma es que rompe con la idea de que el sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente de que puede revisarse periódicamente para corregir las deficiencias sin que ello constituya un drama social”. Una de las principales novedades de esta reforma consiste en que incluye su propio mecanismo de ajuste, el llamado “factor de sostenibilidad”. El acuerdo contempla una revisión quinquenal de los parámetros del sistema a partir de 2027, cuando concluya el periodo transitorio y esté totalmente implantada. Se trata de introducir nuevos cambios si sube la esperanza de vida para que la Seguridad Social “siga siendo sostenible”. Como es lógico, la esperanza de vida va a subir en los próximos años. Ahora mismo, a los 67 años está en unos 15 años, pero dentro de cinco años probablemente ya habrá subido a 16, circunstancia que, según los analistas, “obligará al gobierno a elevar otra ve la edad de jubilación un año o a rebajar las pensiones un 7%”. Cada cinco años, dependiendo de la voracidad y exigencias del FMI y la UE, o de la gran banca española, podemos encontrarnos con una nueva amenaza contra nuestras pensiones.