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Dijo el ministro Wert que todos debemos sentirnos responsables del fracaso escolar. Un disparate, claro.
Esta afirmación recuerda a aquellas palabras escritas por Joaquín Estefanía en El País y luego repetidas una y mil veces: “todos sufrimos la crisis”, metiendo a banqueros y trabajadores en el mismo saco, como ciudadanos iguales que desempeñamos distintos papeles en la sociedad, pero iguales al fin y al cabo. Otro disparate, claro.
Ni todos sufrimos la crisis, ni todos somos partícipes del fracaso escolar. Hay víctimas y culpables. Y entre los culpables, ahora sí, con igual responsabilidad, están tanto los gobiernos del PSOE como los del PP. No importa quién puso en marcha la LOGSE, ni quién pretende poner ahora en marcha la nueva ley educativa, porque sus objetivos y los intereses que representan son los mismos.
No es la intención de este artículo el analizar las razones del fracaso escolar, pero sí lo es insistir en la naturaleza de la actual política educativa del gobierno, que en lo sustancial, en nada se diferencia de la del gobierno anterior.
Para empezar, no existe ninguna razón que justifique los recortes. Es mentira que no hay dinero. Es mentira que se haya existido un despilfarro en el sistema educativo que justifique que ahora haya que apretarse el cinturón. Es mentira que se hayan tomado decisiones equivocadas que obliguen a implementar una política de austeridad. Sencillamente, no puede demostrarse de ninguna manera que los actuales recortes y ejes de la nueva ley buscan paliar los perniciosos efectos de la política educativa anterior. Aznar no hizo nada para corregir la política de Gonzalez, Zapatero no hizo nada por corregir la de Aznar, y Rajoy no ha hecho, ni hará, nada por corregir la de Zapatero.
Por eso es capital que el conjunto de la comunidad educativa salga de ese debate y rechace los márgenes tramposos de ese discurso.
Primero porque los recortes vienen impuestos desde fuera. Ha sido el FMI y la UE quienes han exigido al gobierno español la aplicación de los recortes educativos, con el único objetivo de pagar las deudas que los bancos españoles tienen con los norteamericanos y alemanes, más teniendo en cuenta que la deuda privada ahora es pública. Esto es así y es evidente que no existe ningún criterio educativo en esto.
Y segundo porque no puede entenderse nuestro sistema educativo al margen del proyecto de país. Cada una de las medidas y reformas educativas han respondido siempre a las necesidades de un proyecto concreto para España, en el que la Educación ha jugado un papel fundamental, pues es a través de ella que se forman las generaciones que formarán parte de él.
El problema viene cuando los profesionales, desde diferentes puntos de vista, se enfrentan al disparate educativo que sufrimos en España. Responder a cada uno de sus síntomas y no a la raíz del problema, es como achicar agua en un barco con el casco abierto en canal.
Sea de un color o de otro, cada gobierno ha dado pasos firmes en la consolidación de “la Florida europea”. Ahora que además se pretende convertir a España en algo menos que una semicolonia que pague sus tributos sin límites, no puede esperarse otra cosa que no sea una reforma basada en la degradación, más si cabe (que por desgracia cabe) de nuestro sistema educativo.
En resumidas cuentas, resolver el fracaso escolar para contar con un ejército de “exitosa” mano de obra barata no parece que sea una alternativa deseable para nadie de los que, según el ministro Wert, somos partícipes del fracaso escolar. Menos para los que ejecutan la reforma y los que se oponen a ella pero su currículum nos dice que harían lo mismo después de un lavado de cara.