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La formación del nuevo gobierno en Cataluña parece un rompecabezas de difícil resolución.
Los independentistas podrán formar gobierno, aprovechando una mayoría parlamentaria que ya han puesto en funcionamiento para controlar la mesa del parlament. Pero la insistencia en proponer a Puigdemont como único candidato a presidir la Generalitat coloca a la política catalana ante un callejón sin salida.
De como acabe resolviéndose -qué tipo de gobierno independentista se forme y quién lo presidirá- dependerá la continuidad de una batalla frente a los ataques contra la unidad que será todavía larga.
Dos corrientes opuestas
Todo lo que hoy sucede en Cataluña está determinado por el terreno de juego dictado por los resultados del 21-D.
Los partidos independentistas reeditaron la mayoría parlamentaria, pero solo representaron el 47,5% de los votos emitidos, y en relación al censo su peso se reduce hasta el 37,1%.
Han utilizado esta mayoría de escaños para imponer el control sobre la Mesa del Parlament, un ariete clave para persistir en la hoja de ruta independentista, como se comprobó los días 6 y 7 de septiembre, cuando la actuación de su presidenta, Carmè Forcadell, facilitó la aprobación de la ley que convocó el referéndum del 1-O.
Pero al mismo tiempo, el 21-D evidenció el avance de la mayoría que defiende la unidad. Los votos a partidos no independentistas superaron en casi 200.000 a los partidarios de la ruptura. Las históricas manifestaciones antiindependentistas en Barcelona, o el éxito de manifiestos como “1-O: Estafa antidemocrática”, dieron una respuesta a la ofensiva a la radicalización del procés.
Una reciente encuesta confirma cual es la radiografía de la sociedad catalana. Solo un 22% de los catalanes defienden continuar con el proceso soberanista, frente a un 72% partidarios de buscar una estrategia negociadora parecida a la que ha seguido el gobierno vasco, alejado de cualquier tentación unilateral. Incluso entre los votantes de Junts per Catalunya o ERC son mayoría los votantes que prefieren abandonar la vía unilateral.
Esta es la realidad que, aunque no se mencione en los grandes análisis políticos, influye de forma decisiva en el desarrollo de los acontecimientos.
De Torrent a Puigdemont
Dos periodistas de La Vanguardia nos dan pistas sobre como el avance de la mayoría por la unidad ha influido en el campo independentista.
Lola García, subdirectora del periódico, afirmaba que el discurso con que Roger Torrent, de ERC, asumió su cargo de presidente de la mesa del parlament disgustó a Carles Puigdemont. A pesar de que Torrent es un independentista “de pata negra”, Puigdemont consideró que fue demasiado conciliador al no arremeter con furia contra el Estado español.
Mientras Enric Juliana divide al independentismo entre trabucaires -”los más incondicionales partidarios de Carles Puigdemont”- y florentinos -”partidarios de una política más fina, iniciando una nueva fase que tenga muy en cuenta la relación de fuerzas resultante de los hechos de octubre”-.
Sectores cada vez más amplios de las élites independentistas han tomado nota de que el 21-D, una vez más, no consiguieron ser mayoría, y que eso obliga, no a abandonar su proyecto, pero si ha cambiar plazos y formas.
Artur Mas declaró que “es muy difícil con el 47,5% de los votos acelerar la implementación de la independencia en el cortísimo plazo”. Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el parlament catalán, ha situado como prioridad “recuperar el autogobierno y poner fin al 155”. Y Joan Tardá, cabeza del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, plantea que “es el momento de acumular fuerzas, ampliando la base de masas del independentismo”.
Pero los sectores nucleados en torno a Puigdemont -los más agresivos y aventureros dentro del independentismo- sí parecen dispuestos a forzar la situación más allá de cualquier límite.
Insitiendo en la investidura a cualquier precio de un Puigdemont fugado en Bélgica, pero que anuncia amenazadoramente que “habrá gobierno en breve a pesar de las amenazas”.
Su visita a Copenhague, para acudir a un debate en la universidad y reunirse con un grupo de diputados daneses, ha sido una provocación que buscaba forzar al Estado a una respuesta de fuerza bajo la forma de una detención.
El juez Llarena -que instruye el “caso catalán” en el Tribunal Supremo- no ha caído en la trampa, negándose a reactivar la euroorden de detención. Pero Puigdemont ha aprovechado su estancia en Dinamarca para seguir arremetiendo contra España, presentándola como “un Estado todavía franquista”.
Lo posible y lo imposible
Puigdemont es hoy el único candidato para una sesión de investidura todavía sin fecha de la que debe salir el próximo president de la Generalitat.
Desde Dinamarca, Puigdemont afirma “estar trabajando para poder ir al pleno de investidura”. Planteando la imposible alternativa de que “las autoridades españolas me dejen regresar sin ningún riesgo de ser detenido”.
Puigdemont no va a ser, en ningún caso, el nuevo presidente efectivo de la Generalitat. El solo hecho de que se aprobara la delegación de su voto -algo que sí se ha permitido a Junqueras, Forn o Jordi Sánchez, detenidos en Estremera- activaría inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La candidatura de Puigdemont solo busca forzar un nuevo enfrentamiento con el Estado, del que algunas élites independentistas esperan obtener réditos políticos.
El empecinamiento en reinstaurar a Puigdemont en el Palau de la Generalitat solo conduciría a una repetición de las elecciones, ampliando el plazo de aplicación del 155 y la suspensión del autogobierno.
El otro camino -el único factible para formar un nuevo gobierno estable- es que los partidos independentistas propongan un nuevo candidato dentro de los 34 diputados de Junts per Catalunya liberado de problemas judiciales.
Buena parte del independentismo sabe que un nuevo pulso con el Estado va en contra de sus intereses. Cada vez que han forzado la máquina han perdido apoyos. Sucedió el 21-D, cuando tras la aprobación de la DUI los diputados independentistas pasaron de 72 a 70, y los votos por la unidad ampliaron su ventaja sobre los partidarios de la ruptura.
Está por ver como se resolverá la incógnita de la presidencia de la Generalitat. Si los sectores más agresivos del independentismo mantienen hasta el final la apuesta por Puigdemont, o si éste se convierte en un nuevo Mas, obligado tras el 27-S a “dar un paso al lado” para que pudiera seguir avanzando la hoja de ruta independentista.
Algunos sectores independentistas ya han propuesto la formación de un “gobierno técnico”, posiblemente presidido por Elsa Artadi, jefa de campaña de Junts per Catalunya y estrechamente vinculada tanto a Puigdemont como a EEUU.
Pero sea como fuere, bajo una u otra forma, las diferentes corrientes del independentismo pretenden continuar en su “hoja de ruta” hacia la disgregación, aprovechándose del control de las instituciones autonómicas.
Lo realmente importante es lo que va a hacer la mayoría social que en Cataluña defiende la unidad, y que ha dado en los últimos meses un paso adelante, en las movilizaciones públicas, en las urnas…