Cargando...El Gobierno aprueba un decreto-ley que garantiza una tasa de rentabilidad del 7 por ciento a las inversiones en energías renovables. Incluye un pacto para las empresas que denunciaron al Estado tras la eliminación por Rajoy de las primas a la producción, saltándose los compromisos con los que miles de inversores habían contratado. Queda sin atender el desastre causado a los pequeños inversores que lo perdieron todo.
62.000 plantas de energía eólica y fotovoltaica se vieron afectadas por el recorte a las renovables de 2013. Miles de pequeños inversores, agricultores reorientando el uso de tierras baldías, invirtieron los ahorros familiares e hipotecaron su casa para obtener préstamos bancarios, con la garantía de devolverlos gracias a la rentabilidad asegurada por la subvención firmada por Zapatero.
La eliminación de las primas a producción del gobierno Rajoy dejaron a esas familias endeudadas hasta el cuello, directamente arruinadas, u obligadas a malvender a grandes fondos de inversión, grupos financieros nacionales e internacionales que actuaron como buitres.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), denunciaba en 2014 que “reclamamos la seguridad jurídica mancillada por el PP tras una reforma injusta y arbitraria, que perjudica a 62.000 familias, y que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros en la construcción de un nuevo modelo energético”.
Un versión moderna del Timo del “tocomocho”. Sustituyan boleto de lotería por instalación fotovoltaica con prima del Estado garantizada y tienen el timo perpetrado.
Una gigantesca expropiación que concentró en un puñado de fondos de inversión y monopolios lo que nació como una red de producción de energía descentralizada y en manos de pequeños propietarios.
| El daño causado Agricultores de Zaragoza o Lleida denunciaban tras el decreto de Rajoy que: «Somos trabajadores que invertimos nuestros ahorros o nos hipotecamos porque el Gobierno lo promocionó a bombo y platillo» y ahora «no pagan lo prometido para poder amortizar la inversión»; “pero el banco no permite un aplazamiento»… «La Generalitat promovió que esto tenía que ser un complemento para la agricultura». Hipotecando las tierras para financiar la planta solar, pasaron de golpe de las condiciones antiguas con las que en 10 años no tendrían deudas a no poder pagar al banco. «Somos gente humilde, de clase media-baja, con hijos, que tenemos nuestro sueldo mileurista y nos endeudamos para esto” explicaba quien intuía que les llevaban a la ruina «para quedarse las instalaciones por cuatro duros». Como sucedió en muchos casos. |
Un decreto insuficiente
El decreto aprobado establece una subvención hasta 2025 y una extensión hasta 2031 para quienes se vieron afectados por los recortes de 2013. Y ofrece un acuerdo a los fondos de inversión para frenar los 10.000 millones en 45 pleitos internacionales que hay en marcha (el Estado ha perdido 10 juicios con unas condenas por un importe total de 821 millones). Para acogerse a las nuevas subvenciones los inversores «deberán renunciar a los procesos judiciales abiertos, y a las indemnizaciones reconocidas, tanto a nivel nacional, como internacional».
Ahora bien, hay dos daños por reparar que el Decreto no atiende: indemnizar y/o devolver a las familias que perdieron sus inversiones; y restablecer la parcelación inicial de la propiedad de las unidades de producción de energía renovable, frente a su monopolización.
El citado presidente de Anpier, justamente reclamaba: que se respeten «los derechos que dieron lugar a las plantaciones solares», y «una política energética de Estado» y no «al servicio de cuatro grandes empresas».
Esta es la clave para que la creación de riqueza y su redistribución vayan de la mano con una ley que proteja la pequeña propiedad del monopolio.