Cargando...La tercera huelga realizada en un año contra la Ley de Educación impulsada por Ernest Maragall, concejal del ramo del tripartito de Montilla ha significado el tercer éxito de la lucha contra la privatización y la marginalización de la enseñanza pública en Cataluña
Los sindicatos aseguran que, or tipos de centros, los de educación Infantil y Primaria alcanzan un 83 % de seguimiento, seguidos de las Zonas de Educación Rural (ZER), con un 80 %; los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato (69%), las Escuelas Municipales (62%) y los ciclos formativos (57%). Los únicos tipos de centros donde son mayoría los que no hacen la huelga son las guarderías, ya que el 52 % está realizando clases, y los Servicios Educativos, donde el seguimiento es del 30 %.Por zonas, la del Baix Llobregat-Anoia presenta la mayor participación (82%), superior a la de Barcelona Ciudad (75%), la de Barcelona comarcas (78%) y el Vallès Occidental (77%). En Girona, el seguimiento es del 74%, en Lleida del 73% y en Tarragona del 75%.Es la tercera huelga en la enseñanza catalana en el último año, contra la nueva Ley de Educación (LEC) impuesta por el conseller del ramo del tripartito, Ernest Maragall.La maquinaria de propaganda de Montilla quiere presentar a los profesores como insolidarios que sólo plantean reivindicaciones corporativas. Pero el corazón de las protestas se dirige, como afirman explícitamente los convocantes de la huelga, es la denuncia de que la LEC "liquida el proyecto de Servicio Público Educativo que planteaba el Pacto Nacional por la educación, y favorece la mercantilización de la educación".La ley de Ernest Maragall supone una privatización encubierta, al permitir la irrupción de empresas de servicios privadas en la gestión de los centros educativos; creará más desigualdades entre las escuelas e institutos de los barrios ricos -beneficiados por la financiación privada- y los de los barrios populares; supone la desregulación de los puestos de trabajo -imponiendo más horas y peores condiciones laborales a los profesores para evitar ampliar las plantillas-; y reduce drásticamente la democracia interna en los centros al convertir al director en un auténtico comisario político designado por la administración.Esta es la "política progresista" del tripartito en educación, en una comunidad como Cataluña, que sufre una de las mayores brechas de clase entre una privilegiada educación privada y una especialmente degradada escuela pública.