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Como analizábamos en el anterior artículo, la Ley de Financiación de Televisión Española, aprobada esta semana en el Congreso, propicia el total hundimiento de la televisión pública nacional, apartada de la competencia a favor de los grupos privados. La polémica ley afecta gravemente a la pluralidad y la calidad en la información, pero no sólo tendrá consecuencias en el sector audiovisual. Además de con el endeudamiento público, TVE cubrirá hasta un 25% de su financiación con un inexplicable canon aplicado a las empresas de telecomunicaciones. Las denominadas «telecos» no están ni mucho menos dispuestas a perder ni un ápice de sus multimillonarios beneficios, y ya anuncian que su solución es la de subir las tarifas a los consumidores.
La viceresidenta Fernández De La Vega negó rotundamente la aplicación de un canon a los ciudadanos, al estilo del que se paga en Inglaterra por la BBC, cuando hace pocos meses se anunció la repentina supresión de la publicidad en TVE. El ingenioso ardid pretendía mantener intacta su popularidad, haciendo que los consumidores acabaran pagando ese déficit por otra vía: las ya de por sí intolerables facturas de teléfono e Internet.La estratagema del Gobierno ataca a la pluralidad de la información y a la necesaria existencia de una cadena pública de calidad, fuerte y competitiva; y lo hace vaciando los bolsillos de los contribuyentes para engordar la de los gigantes mediáticos privados, pero las consecuencias de esta política caciquil afectan a otros importantes campos del desarrollo de nuestro país.Pese a que sería ingenuo creerse los lamentos de las “telecos”, que llevan años engordando sus bolsillos a cambio del peor servicio doméstico de Internet de Europa, si que es importante advertir las consecuencias que puede tener el hecho de intervenir en este sector para favorecer ahora a las televisiones comerciales. En primer lugar, TVE además de dejar de ser competitiva, también será de alguna manera “privatizada”, al tener que basar su economía en las dádivas que recibirá de las “telecos” y de las televisiones privadas, que aportaran un 10% de la financiación, con lo que seguramente su independencia será completamente nula. Pero además hay que tener en cuenta las advertencias que han lanzado tanto la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) como el mismo Consejo de Estado, y que el Gobierno ha pasado completamente por alto en su premura por aprobar una ley hecha a toda prisa para contentar a sus socios mediáticos. Mientras que las televisiones privadas disfrutarán de un aumento de la tarta publicitaria a cambio de una pequeña cantidad que sin duda será revocada con el tiempo, las operadoras de telecomunicaciones se han encontrado con un canon que difícilmente se ajusta a la realidad y al que hay que añadir el impuesto por el uso del espacio radioeléctrico. Esto condiciona el ya lento y torpe desarrollo de la cobertura tecnológica en nuestro país.Al igual que ha hecho con los intolerables rescates bancarios, Zapatero sacrifica el interés público para satisfacer los siempre hambrientos estómagos de los magnates de la telecomunicación, encabezados en este caso por Prisa y Mediapro, que se preparan para fundar el más grande monopolio de la información del mundo hispano.