Cargando...El presidente del Gobierno carece de un plan para atender la emergencia planteada en Cataluña. Si lo tuviera, ayer dispuso de la oportunidad de explicarlo durante su esperada comparecencia en La Moncloa. Ya no sirve que recuerde la proporcionalidad con la que respondió al desarrollo de una consulta tan dudosamente legal como la del 9-N, sobre todo porque niega la evidencia de que ese “simulacro” nos ha abocado a una situación todavía peor. Prefiere refugiarse en las verdades elementales de la defensa de la Constitución, la soberanía nacional o la imposibilidad de autorizar un referéndum de autodeterminación.
Rajoy se lo había jugado todo a la carta de que el 9-N no iba a pasar nada. Ahora que sí ha habido consulta, aunque informal, cuestiona los resultados y los descalifica porque son producto de una actuación ilegal, pero se aferra a ellos para deducir que la convocatoria fue un completo fracaso y que dos tercios de los catalanes no siguieron el juego. Esta simplificación no es la mejor manera de abordar un problema complejo. Casi dos millones de independentistas declarados supone una minoría demasiado movilizada y extensa como para ignorarla o minusvalorarla. Rajoy se equivoca si cree que puede enrocarse en los catalanes que no acudieron a votar, porque hay evidencias demoscópicas de que buena parte de ellos están en desacuerdo con mantener el statu quo a machamartillo.
Desde La Moncloa no se descarta el diálogo con quien lo pida, pero el único asunto político contemplado por Rajoy es que otros presenten reformas de la Constitución, objetivo al que prácticamente emplaza tanto al Parlamento de Cataluña como al PSOE, anticipando que él no ve esa reforma. Si no tiene nada que proponer, resulta patético observarle tratando de situarse al margen de una querella contra Artur Mas anunciada a bombo y platillo por la jefa de su partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que ha hecho preguntarse a algunos fiscales si la dirigente del PP es la portavoz del ministerio público.
El jefe del Ejecutivo tiene razón en un punto: el diálogo propuesto por Mas no es otro que obligar al Gobierno a autorizar un referéndum “definitivo” en Cataluña, bajo la advertencia de romper la baraja si no lo hace. Pero eso no le impide a Rajoy ofrecer su propia vía para un diálogo. De nada sirve hacer explícitas las líneas rojas que no se pueden cruzar si no se muestran al tiempo las líneas verdes por las que se podría avanzar hacia una solución.
Este periódico ha sostenido en varias ocasiones que organizar una votación como la del 9-N sin respeto a las garantías previstas para los actos serios en una democracia, y declararse responsable de haberlo hecho, son acciones por completo inaceptables en un dirigente europeo del siglo XXI. Pero esperábamos que el presidente del Gobierno fuese capaz de sobreponerse a ese episodio y responder: no a Mas, sino a los millones de catalanes y españoles que viven con angustia este difícil periodo de nuestra democracia. Rajoy no ha estado a la altura y deja esta crisis al albur de las circunstancias, de los movimientos de otros o del discurrir imprevisible de la actuación judicial.
Rajoy y Mas eran las personas a las que correspondía solucionar este problema. Desafortunadamente, al presidente del Gobierno le falta decisión política, y al de la Generalitat le sobran osadía y agresividad. Los dos llevan más de dos años encastillados, obsequiándose con portazos mutuos para neutralizar las críticas o las exigencias de los más radicales de los respectivos campos. En realidad, sus hojas de ruta se reducen a aguantar, y ya veremos, mientras crece la fractura entre catalanes y la de estos con los demás españoles. Si no cambian rápidamente de actitud y reducen la tensión, tanto Rajoy como Mas se habrán convertido objetivamente en obstáculos para cualquier posible solución del conflicto.