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Siria exige un urgente debate parlamentario

EL GOBIERNO español se sumó ayer a otros diez países del G-20 para suscribir una declaración de apoyo a una acción de castigo militar al régimen sirio de Bashar Asad por el empleo de armas químicas contra la población civil de Damasco. El comunicado conjunto, hecho público por la Casa Blanca, hace «un llamamiento para dar una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas» y aboga por lanzar un «claro mensaje para que esta atrocidad no vuelva a repetirse», subrayando que «los que perpetraron estos crímenes deben rendir cuentas». La declaración menciona que los firmantes han intentado sin éxito el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU para emprender este ataque y critica «la parálisis» de este organismo internacional. «El mundo no puede esperar a inacabables y fallidos procesos que sólo pueden aumentar el sufrimiento en Siria y la inestabilidad de la región», afirma el texto, lo que no puede ser interpretado más que como un aval de los Gobiernos que lo suscriben a una acción de EEUU sin el respaldo de la ONU. La intervención en Siria provocó, sin duda, un intenso debate en la reunión del G-20 que concluyó ayer en San Petersburgo sin acuerdo alguno sobre la cuestión. Francia, Gran Bretaña, Italia y España apoyaron la posición de Obama, junto a países como Arabia Saudí, Australia, Canadá, Japón y Turquía, mientras que Rusia, China, India, Brasil, Argentina, Indonesia, México y Sudáfrica no firmaron el documento. Alemania, fiel a su trayectoria pacifista tras la II Guerra Mundial, se sumó a este grupo, con el argumento de que no respaldará ninguna acción de represalia que no esté avalada por la ONU. Putin respondió ayer afirmativamente a la pregunta de un periodista sobre si Rusia ayudaría militarmente a Siria en caso de una intervención de EEUU y sus aliados. Ello aumenta significativamente los riesgos de esta acción selectiva de castigo que propone Obama. En lo que respecta a nuestra posición, el artículo 17 de la Ley de Defensa, aprobada en 2005, exige una autorización del Congreso para que España pueda participar militarmente en una operación contra otro país. Es cierto que el Gobierno español se limitó ayer a firmar una declaración política de apoyo, sin comprometerse a ceder las bases o a colaborar con buques y armamento en la eventual intervención liderada por Obama. Pero sea cual sea el respaldo que Mariano Rajoy ofrezca a EEUU, el asunto es de tal envergadura que requiere un urgente debate parlamentario para fijar la posición española. Y ello porque Siria ha sido un país con el que España ha mantenido históricamente unas excelentes relaciones y también porque además tenemos 700 soldados actuando como cascos azules en Líbano, posible blanco de una represalia de Hizbulá, aliado incondicional de Asad. Son muchos los riesgos que comporta un ataque selectivo que tendría consecuencias muy escasas en el poderío militar de Siria, pero que podría desestabilizar Oriente Próximo. Por ello, el Gobierno español debe medir sus pasos con las máximas cautelas, que siempre serán pocas si se consideran las implicaciones que puede acarrear esta intervención.

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