Desde hace casi diez años, la exigencia por Blindar las Pensiones en la Constitución, impulsada por la MERP, se ha abierto paso como uno de los principales referentes del movimiento general en defensa de las pensiones públicas. ¿Qué se quiere conseguir con esta campaña, cuáles son sus objetivos, cuál es su relevancia?

En este artículo trataremos de responder a las principales preguntas que cualquiera se hace sobre la situación de las pensiones y sobre la campaña que lleva adelante la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP)

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¿MI PENSIÓN ESTÁ BLINDADA EN LA CONSTITUCIÓN?

No, ni las actuales ni las futuras. Para proteger de verdad las pensiones públicas hay que blindarlas en la Constitución como un derecho fundamental.

La protección constitucional de las pensiones no está garantizada, porque no están recogidas como un derecho fundamental.

Las pensiones están recogidas en el artículo 50 de la Constitución, Capítulo III “De los principios rectores, de la política social y económica”. Ese bloque constitucional actúa de marco general, es un principio rector: son recomendaciones y orientaciones para los poderes públicos que puede cumplirse o no. El artículo 50 dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. ¿Pero qué son “pensiones adecuadas”? ¿Qué defensa tenemos ante un proceso de privatización?

Hay que incluir las pensiones públicas en el máximo rango de protección de la Constitución: en el Capítulo II “Derechos y libertades”, con el mismo rango que el derecho a la libertad de expresión, o a la vida. Porque solo así se convierte en un principio incuestionable para cualquier gobierno o representante público presente y futuro.

Todo lo que no sea incluir las pensiones públicas como derecho fundamental es dejar la puerta abierta a los recortes, degradación o privatización. Las pensiones públicas son un pilar fundamental del Estado Social, como se ha puesto de manifiesto en medio siglo de democracia y más durante las crisis recientes. No se corresponde que no estén blindadas como un derecho fundamental. Por eso la Constitución, dentro del más alto blindaje que existe en el actual marco legislativo, incluso usando la prohibición de facto, como con la discriminación por sexo o la pena de muerte, debería situar las pensiones en el Capítulo II y prohibir expresamente cualquier recorte, la pérdida de poder adquisitivo o proceso de privatización.

Es un “pequeño cambio”, dos o tres líneas en la Constitución, pero un avance democrático, humano y social extraordinario.

Las pensiones públicas son un pilar fundamental del Estado Social y deben estar blindadas en el Capítulo II de la Carta Magna: “Derechos y Libertades”

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¿QUÉ ES BLINDAR LAS PENSIONES EN LA CONSTITUCIÓN?

Reformar la Constitución para que las pensiones pasen a ser reconocidas como un derecho fundamental y prohibir los recortes y la privatización de las pensiones públicas.

Como defiende la MERP: “Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones”.

El blindaje constitucional tiene dos claves:

Primera. Impedir que recorten el poder adquisitivo de las pensiones actuales o futuras. Degradar las pensiones públicas empeora las condiciones de vida de todas las generaciones. Los recortes, penalizaciones y el endurecimiento de las condiciones para tener una pensión pública con garantías afectan a toda la sociedad.

Prohibir expresamente en la Constitución cualquier política contra el poder adquisitivo. De esa manera, sería obligatorio revalorizarlas cada año como mínimo con el IPC. Quedarían prohibidas como inconstitucionales cualesquiera medidas que reduzcan el poder adquisitivo de los jubilados, sean copagos sanitarios, impuestos u otras que dañen las condiciones de vida de los pensionistas.

Segunda. Prohibir su privatización, total o parcial y blindar así como un «derecho fundamental» en la Carta Magna la existencia del sistema de gestión y financiación 100% pública al que todos los trabajadores puedan acogerse.

Elevar la prohibición a ley de máximo rango implica que cualquier intento de privatización pasaría a ser inconstitucional.  Y una obligación para cualquier gobierno, del signo que fuera, de financiar adecuadamente el sistema público de pensiones y su mantenimiento.

Sí se puede reformar la Constitución para blindar las pensiones, como se hizo con el artículo 135 para garantizar el pago de la deuda, la única manera de garantizar su cumplimiento por parte de los poderes públicos.

Blindar es prohibir el recorte y privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones

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Nuestro sistema de pensiones ¿es bueno o malo?

El sistema de pensiones público español es excelente: sus principales características es que se basa en un sistema de reparto y en la solidaridad entre generaciones.

Su viga maestra es el sistema de reparto y estos son sus rasgos principales:

•    Las pensiones se financian con las cotizaciones sociales, que son acumuladas en la caja única de la Seguridad Social. En teoría una parte de esas cotizaciones sociales las paga el trabajador y otra el empresario. En realidad ambas surgen de la nueva riqueza que el trabajador genera.

•   Es un sistema solidario, se basa en la solidaridad intergeneracional. Es el esfuerzo colectivo de la generación que está trabajando la que financia la pensión de la generación anterior, que está jubilada. Con las cotizaciones un trabajador no está “ahorrando para su pensión futura”, está pagando las pensiones de los jubilados actuales.

Por el contrario, los sistemas de capitalización, en los que se basan los fondos privados, se sostienen únicamente en el ahorro individual, quien tenga salarios más elevados cobrará una pensión mayor, y quien no haya podido “ahorrar” no tendrá pensión alguna.

El sistema de solidaridad intergeneracional hace que el gasto sea más sostenible

El sistema de reparto es más justo y mucho más sólido

A pesar de las distintas crisis económicas y los ataques que ha sufrido, el sistema de pensiones español se ha mantenido y ampliado durante más de medio siglo.

Al estar basado en el esfuerzo colectivo de toda la sociedad, su fortaleza es mucho mayor que un sistema basado en el ahorro individual de los fondos privados.

Pagar las pensiones de las generaciones anteriores con el trabajo actual hace que el gasto sea más sostenible, gracias a que la capacidad de generar riqueza aumenta cada año.

Hoy, el porcentaje de la riqueza nacional destinado a pagar pensiones es el mismo que hace veinte años. Sin embargo, invertimos el doble en pensiones porque el PIB se ha duplicado. Como generamos más riqueza, podemos permitirnos un mayor gasto en pensiones.

La Seguridad Social no tiene déficit, sino superávit, el déficit está prefabricado.  De no cargarse gastos impropios, la caja tendría superávit. Algo parecido ocurre con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada “hucha de las pensiones” que fue vaciada durante el gobierno de Rajoy en un 90%.

La gestión pública permite tomar decisiones de justicia social

 Al ser su gestión exclusivamente pública, pueden tomarse decisiones que no estén regidas por el beneficio. Por ejemplo, se puede establecer una pensión mínima (y una pensión máxima), al margen de lo que uno haya aportado. Se puede actualizar su cuantía para evitar que los y las pensionistas pierdan poder adquisitivo. O ha permitido crear las no contributivas, para garantizar la universalidad de las pensiones para todos los ciudadanos.

Estas decisiones son impensables con un sistema de capitalización. Por eso,en los países donde las pensiones están privatizadas el sistema ataca especialmente a las clases populares, cada día más afectadas por bajos salarios y mayores índices de temporalidad y precariedad.

Al ser la gestión pública pueden tomarse decisiones que no estén regidas por el beneficio

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¿Estamos en contra del Pacto de Toledo?

No, lo apoyamos. Apoyamos todo tipo de iniciativas que supongan un avance –aunque sea parcial o limitado– en la defensa del Sistema Público de Pensiones.

Apoyamos cualquier tipo de organización, movimiento, acto o plataforma que beneficie a las pensiones, por pequeño que pueda parecer. El Pacto de Toledo establece una serie de “líneas rojas” para las pensiones, que son una conquista para los y las pensionistas.

¿Qué ha conseguido el Pacto de Toledo?

Desde su creación ha significado un avance para el Sistema Público de Pensiones.

Hace ahora un año, el conjunto de partidos del Pacto de Toledo se reunió para restablecer “su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones”. Aprobaron una veintena de recomendaciones, algunas tan importantes como la separación de fuentes de financiación, mediante la cual los gastos impropios pasarían a ser sufragados por los Presupuestos del Estado. También se dieron pasos en la cotización de las empleadas del hogar, y se aprobó la tan exigida revalorización anual de las pensiones en base al IPC real.

Todas estas son buenas noticias que apoyamos y cuentan con el apoyo de una inmensa mayoría social.

La unidad de los distintos partidos mayoritarios, agrupados en el Pacto de Toledo, en defensa del Sistema Público de Pensiones es también una muy buena noticia.

Solo podremos seguir defendiendo las pensiones públicas y conseguir blindarlas en la Constitución con una amplia unidad de partidos, asociaciones, organizaciones sin distinción de ideologías o credos religiosos como se hace desde la MERP.

¿Por qué “no basta”?

Pero no todas las recomendaciones aprobadas son tan favorables. Entre las recomendaciones de hace un año también se proponía generar un nuevo “marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones”. Dejando una puerta abierta a los planes privados, que ya está siendo aprovechada desde Bruselas y los grandes capitales financieros y fondos privados para impulsar la privatización parcial de las pensiones públicas a través de los planes de empresa (frente a los individuales) porque estos se pueden imponer de forma casi obligatoria.

Para proteger las pensiones, no es suficiente con el Pacto de Toledo, necesitamos blindar las pensiones en la Constitución.

Desde su creación el Pacto de Toledo ha significado un avance para el Sistema Público de Pensiones. Pero no basta para detener las amenazas que penden sobre las pensiones públicas

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¿Estamos en contra de los planes privados de pensiones?

No, no estamos en contra de que quien quiera y pueda invierta en un plan privado de pensiones. Pero nos oponemos a que se impulse el negocio a costa de recortar y degradar las pensiones públicas.

No estamos en contra de los planes privados de pensiones. Es necesario que el Estado proteja la iniciativa privada y el derecho intransferible de cada individuo a gestionar sus recursos como considere. Defendemos que cada persona que se lo pueda permitir y lo desee, pueda tener un fondo privado de pensiones.

Más del 70% de las personas que tienen un plan privado de pensiones realizan unas aportaciones inferiores a los 125 euros mensuales. Es decir, la mayoría no son personas con ingresos muy superiores a la media, sino profesionales, trabajadores con empleo más o menos estable, autónomos con pequeñas empresas… Se trata de personas que pueden invertir una parte de sus ingresos para tener una pensión complementaria que garantice un mejor nivel de vida como pensionistas. Esto no supone ningún problema ni ningún riesgo para las pensiones públicas.

Pero es ilegítimo y antidemocrático que, desde el Estado, se degraden las pensiones públicas para abrir el camino a las privadas.

Los fondos de pensiones privados son una de las principales fuentes de acumulación y concentración de capital del planeta. El negocio de los planes privados de pensiones está en auge en España. En 25 años, se ha multiplicado por ocho, y supone ya 100 mil millones de euros.

Aun así, el negocio en España se encuentra con dos fuertes limitaciones: la falta de capacidad de ahorro y un robusto sistema público de pensiones –a pesar del deterioro que sufre–. Por eso buscan degradar las pensiones públicas, solo pueden aumentar ganancias si “cambian las leyes del mercado”, reduciendo las pensiones públicas a una ayuda de subsidio.

Por eso, el blindaje constitucional de las pensiones es el próximo paso que se debería dar, por razones democráticas, humanas y de justicia social.

Es ilegítimo y antidemocrático que se degraden las pensiones públicas para abrir el camino a las privadas

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¿Cuál es la experiencia de los países que han privatizado su sistema de pensiones?

Más de 30 países privatizaron sus pensiones entre 1981 y 2014. Hasta 18 de ellos han deshecho la privatización y vuelto al sistema público.

Privatizar las pensiones: sinónimo mundial de tragedia social. No es línea editorial, son datos contrastados en el informe “La privatización de las pensiones: tres décadas de fracasos”, escrito por economistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estas son sus principales conclusiones.

1. La privatización impidió a millones de personas cobrar su jubilación.

En Bolivia la cifra de mujeres con acceso a una pensión se redujo a la mitad. En 9 países de Latinoamérica la cobertura bajó de media un 11% a manos de fondos privados, en su mayoría extranjeros.

2. Empobrecer a los pensionistas. La cuantía de las pensiones se recortó mayoritariamente entre un 40% y 50%.

Las comisiones de los fondos privados devoraron entre un 15% y un 22% de lo aportado por los pensionistas.

3. La transición al sistema privado se paga con dinero público.

Polonia se gastó un 14% del PIB o Kazajistán el 36%. Los planes privados se subvencionan con bonificaciones fiscales. Reino Unido financió directamente parte de los planes de empresa. En Argentina, el Estado pagaba el 77% de las pensiones que no garantizaban los fondos privados.

4 El sector financiero fue el gran beneficiado de los ahorros de la jubilación de los ciudadanos.

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Ni seguras, ni sostenibles

En España solo el 5% de los planes privados está en positivo y apenas un 13% supera la rentabilidad de la deuda pública. Registraron déficit en 2019 y desde 2010 han perdido 1,3 millones de clientes. A eso vienen los planes privados de empresa, obligarnos a comprar su estafa global.

• Los 30 países que privatizaron sus pensiones: 1981-2014

Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Rep. Dominicana, Panamá, Hungría, Kazajistán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Rusia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Macedonia, Rep. Checa, Armenia, Nigeria, Ghana

• Los 18 que revirtieron la privatización hasta 2018

Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Bolivia, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán, Rep. Checa, Rumanía

Los frutos de las pensiones privadas en el mundo: exclusión, empobrecimiento y saqueo público

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¿Por qué es una batalla decisiva el blindaje constitucional?

De todos los ataques y recortes contra la población, las pensiones es el que más rechazo genera y nos permite unir al 90%  de la sociedad.

No hay ningún hogar ni familia al que no le afecte. Reformar las pensiones para recortarlas y para sustituirlas por planes privados carga contra todos los sectores y provoca un rechazo totalmente transversal. Es lo que más nos une al conjunto del pueblo y lo que más aísla a quien quiere imponernos los recortes y el saqueo, es su punto más débil. Las pensiones son un pilar fundamental del estado social, lo hemos visto en las dos últimas crisis, es el terreno que más nos permite unirnos a todos los sectores y clases populares, es donde tenemos más fuerza.

Es una lucha de tres generaciones. Una batalla que el pueblo podemos ganar.

Quieren de nuestro país un negocio de 36 millones de clientes forzosos y ponen en peligro las pensiones actuales y futuras. Por eso tienen enfrente la fuerza social de una mayoría aplastante contra sus planes. Los pensionistas actuales y además las “tres generaciones”: la generación que se jubilará a corto-medio plazo, la de quien empieza su vida laboral y la de la infancia y adolescentes que aún no han trabajado.

Esta unidad es nuestro punto más fuerte. Ofrece inmejorables condiciones para levantar un Frente Amplio de Unidad que una a un amplísimo espectro de ciudadanos, colectivos y organizaciones de muy diferente tipo, ideología, cultura política y sensibilidad.

Blindar las pensiones significa levantar un muro de contención real a los recortes y la degradación

Blindar las pensiones es levantar un muro real que frene los recortes y la degradación de nuestro país. DesdeWashington y Berlín, el FMI y Bruselas y la oligarquía española llevan una década  imponiendo el saqueo económico que sufrimos. Las pensiones no son una lucha más, ganar en un punto clave como las pensiones nos permitirá acumular fuerzas y confianza para hacer frente a otras batallas contra los recortes y el saqueo.

Blindar las pensiones decidirá el avance de las fuerzas del pueblo contra los planes de recortes de la oligarquía española y los grandes centros de poder mundial que sufrimos desde 2010.