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La ley anti tabaco del Gobierno fue presentada como la vanguardia de una política progresista en defensa de la salud. Una sociedad «más limpia y sana» y una preocupación por la salud de los ciudadanos. Sin embargo los fumadores han aumentado un 7% y el Gobierno ha recortado los gastos en investigación científica. No se le puede criticar de ser incoherente. Eso sí.
A arte de la utilización de la susodicha ley como arma arrojadiza entre PP y PSOE o como medida de presión en las comunidades gobernadas por unos o por otros (“pues ahora no la aplico, y ya está”), la ley ha generado desde el principio un entretenida polémica entre la gente, un debate casi ocasional y una honda preocupación porque el Estado se meta hasta debajo de las sábanas de nuestros hogares mientras no adopte medidas reales contra la causa de tantas muertes y enfermedades cada año. Más del 30% de los españoles mayores de 16 años son fumadores.Ni corto ni perezoso el Gobierno y “los expertos” confían en que el endurecimiento de la norma de buenos resultados. No es que los resultados obtenidos expresen la inutilidad de una ley que solo beneficia a la recaudación de unos impuestos que, como hemos visto, al final no revierte en investigación o sanidad, sino en rescates bancarios. EN definitiva, “que si no quieres caldo, toma dos tazas”.“Lo que está claro es que limitar el consumo de tabaco no ha sido aliciente suficiente para que las personas dejaran de fumar. La ley de 2006 no era una prohibición total: se centraba en los lugares de trabajo, pero dejaba la mano abierta a los lugares de ocio”. Hay que controlar las costumbres de los ciudadanos y hay que hacerlo en todos los ámbitos. Si no es así deben explicarse:¿Por qué no se hacen públicas las cuentas del destino del dinero recaudado por el Estado de la venta del tabaco y en que se invierte?. ¿No sería inmoral, en la línea del endurecimiento de la legislación propuesta por el Gobierno, que el Gobierno estuviera engordando el enriquecimiento de la banca con dinero de una actividad tan vergonzosa que debe ser repudiada de los espacios públicos y, pronto, de los privados? ¿Demagogia? Sí, claro. Eso es lo que hace el Gobierno cuando dice preocuparse por la salud de los fumadores y de los pasivos y recorta los presupuestos de investigación. Pero ni si quiera esto es lo principal.¿Por qué no se publica el listado de los más de 4 mil sustancias que hay en el tabaco como obligación legal de cualquier compañía? ¿por qué no se legisla para prohibir la utilización de determinadas sustancias en la producción de tabaco, papel y otros productos para fumadores? ¿por qué no se financian estudios independientes que permitan la comercialización de sustitutos reales del tabaco que ayuden a los que lo quieran dejar, financiados por el Estado a través de los impuestos? ¿por qué no se les aplica a las tabaqueras duros impuestos impidiendo que se trasladen al precio de los productos?Pero no. La respuesta es que no tenemos apaño. Hacen todo lo posible por nosotros y sin embargo no aprendemos, queremos seguir fumando y una parte de los jóvenes quieren sumarse a tan perjudicial vicio. “¿Con que esas tenemos? Pues si no quieres caldo, toma dos tazas”El problema no es solo el tabaco y la estafa que supone que el mismo Gobierno que legisla para que la vida suba un 10% mientras vende su progresía subiendo las pensiones un 1%, sino que se impone una línea de actuación. El Estado legisla en beneficio de la banca y los monopolios y cada vez lo hace aumentando su control en diferentes ámbitos de la sociedad, y extendiendo su autoridad a más aspectos de las vidas de cada uno de nosotros.Entre otras cosas porque alguna de las mismas medidas que se adoptaron con la implementación de la ley antitabaco, ha sido el Gobierno el encargado de dejarlas en “agua de borrajas”. Recluir la venta de tabaco a los estancos y máquinas autorizadas ha sido compensada con la autorización de la venta, un año después, a los más de 16 mil kioscos que existen en España. No es que se atienda al sector de los kiosqueros, es que, evidentemente, se beneficia a los monopolios asegurando sus ventas. Sin embargo, tal y como ha hecho el Gobierno con el rescate bancario que se suponía tenía como destino los préstamos a la pequeña y mediana empresa, la ley antitabaco ha perjudicado principalmente a los negocios familiares generando un 10% de pérdidas. Todo a pesar de que el mantenimiento de las máquinas se presentó como una concesión al pequeño negocio. Cuando la realidad es que para obtener 150€ de beneficio un bar ha de vender cerca de 1000 cajetillas, que no se venden ni en un mes. Metidos además en plena crisis las inversiones hechas en reformar los locales para adecuarse a la ley no han sido recuperadas, y en algunos casos han supuesto la quiebra.Con el anuncio de Trinidad Jimenez del endurecimiento de la ley se han calculado hasta 1.200 millones de pérdidas en el sector hostelero, para los que los fumadores suponen en muchos casos el 70% de la clientela y el 12% de la facturación diaria.