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Durante la semana final de las campañas electorales autonómicas y municipales se ha desarrollado otra campaña de relevancia nacional. Una campaña de manifestaciones, concentraciones, encierros y paros de los mineros de Asturias y León exigiendo la publicación inmediata de la nueva orden de quema de carbón nacional, una orden que pondría fin a la compra masiva de carbón a otros países, algo que daña gravemente la economía de las cuencas mineras del norte de España.
Las protestas de los mineros de Asturias y León, por la defensa del carbón y de las comarcas mineras, han recorrido la geografía española. Han llegado a Madrid, al edificio del Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana, han llenado las calles de Cangas del Narcea, en Asturias, y de Ponferrada, en León, incluso han coincidido con algún acto electoral con la presencia de miembros del Gobierno español en León. Las concentraciones y los encierros han proliferado en todas las zonas mineras. El paro ha sido prácticamente total. Y la lucha va a continuar.
Porque el sector minero del carbón se encuentra al borde del colapso y podría iniciarse un proceso de expedientes de regulación de empleo, si las centrales térmicas no empiezan a quemar carbón autóctono, que podría suponer la pérdida de 4.000 afectados empleos directos e indirectos. Entre 1985 y 2013, el sector minero ha pasado de 50.835 trabajadores a 3.279, un 93,55% menos.
El Ministerio de Industria está incumpliendo el Plan del Carbón que incluía una orden de quema de mineral nacional, ya finalizada en diciembre de 2014 y sin que exista ahora mismo una nueva orden. El último borrador del Ministerio es insuficiente porque no alcanza las toneladas comprometidas y, por otro, no aclara cuando se debe empezar a comprar mineral y cuánto se debe quemar en las térmicas. El borrador eleva de 72.000 a 90.000 euros por megavatio (MW) las ayudas a la desnitrificación de las centrales y de 3,8 a 5,6 millones de toneladas anuales el compromiso de compra de carbón. También los sindicatos exigen la eliminación del «céntimo verde» que grava el carbón español y que lo hace más caro que el de importación.
«La minería del carbón ha sido víctima de la liquidación impuesta desde Bruselas y de la gestión de los gobiernos central y autonómicos» La minería del carbón ha sido víctima de la liquidación impuesta desde Bruselas. El Plan de la Minería 1998-2005 y el 2006-2012 han supuesto para España la destrucción de decenas de miles de empleos directos, indirectos e inducidos. Los Fondos de los Planes de la Minería han sido dilapidados por la gestión de los gobiernos central y autonómicos, que se han dedicado a subvencionar el cierre de pozos y las prejubilaciones incentivadas impuestas desde Bruselas, en lugar de generar nuevas industrias y alternativas de empleo y estabilidad a largo plazo.
Hay que rechazar la fecha de caducidad para 2018 impuesta por la UE. Considerar el carbón como un sector estratégico que, junto con las renovables, garantiza una fuente de energía propia e independiente del petróleo. Frente al cierre, la negociación de un nuevo Plan de la Minería Integral, que ponga el acento no en destinar los recursos a subvencionar la liquidación, sino en invertirlos en la economía productiva que cree riqueza nueva y empleo. Exigiendo el pleno cumplimiento del Plan de la Minería.Cumplimiento tanto en la creación de empleo como en el desbloqueo de los fondos mineros.