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Todas las medidas tomadas por el gobierno contra la crisis hasta ahora, desde los 8.000 millones de euros del Fondo de Inversión Local hasta los 250.000 millones del plan de rescate bancario, van a cuenta del Estado, es decir, de la población, de toda la población. Y esto no es que lo digamos nosotros, es que lo están haciendo ellos, recurriendo al aumento de la deuda pública. Deuda que pagamos, ahora y en el futuro, todos nosotros con nuestros impuestos
Un endeudamiento que a finales de 2009 se situará en los 425.543 millones de euros y al año siguiente en 544.405 millones. Lo que significa que todos y cada uno de los esañoles tendremos que asumir una carga extra de 13.610 euros. Más de 54.000 euros para una familia media de 4 miembros. En EEUU, Inglaterra u Holanda estas cuentas son públicas. Todo el mundo sabe qué bancos se han quedado con cuánto dinero del erario público. Pero en España no. Aquí sólo sabemos que hemos de pagar a los bancos para evitar su colapso y que puedan afrontar los vencimientos de sus deudas, pero no a quién pagamos ni cuánto, dado que el gobierno se plegó a su exigencia de mantener el anonimato de quienes acuden a las subastas del dinero del plan de rescate y cuánto se lleva cada uno. ¿Por qué? Si lo pagamos todos, decidimos todos. Y lo primero sobre lo que queremos decidir es sobre la distribución de las rentas en nuestro país. Que se produzca una redistribución. Que paguen más los que más han acumulado y ganado en todos estos años. Y que los sectores de la población más afectados por la crisis se beneficien de una redistribución que atienda sus necesidades más básicas y urgentes. ¿Cómo hacer esta redistribución? 1.- Una reducción de un 10% en los gastos del Estados, empezando por la supresión inmediata de todo el despilfarro en gastos innecesarios, superfluos y suntuosos. Que estos gastos se mantengan congelados durante los próximos 4 años, y que el ahorro se destine a ampliar los gastos sociales en servicios básicos y en inversión pública productiva. Y no estamos hablando de reducir el sueldo de la inmensa mayoría de funcionarios o de recortar partidas destinadas a gastos sociales, servicios básicos o inversión pública. Sino de eliminar gastos tan innecesarios como las “embajadas” catalanas que Carod Rovira se dedica a abrir en los barrios más lujosos y caros de París o Nueva York. O de que, como perspicazmente planteó un ciudadano a Zapatero en Tengo una pregunta para usted, los cargos públicos viajen, como la inmensa mayoría de los españoles, en coches de gama media de producción nacional. ¿No dice el ministro Sebastián que hay que consumir productos españoles? Pues que empiecen ellos mismos dando ejemplo utilizando para sus viajes oficiales un SEAT Ibiza o Córdoba en lugar de los lujosos y carísimos Audi en los que se desplazan. Hay quien dice que esta reducción en los gastos del Estado está bien como “ejemplo moralizante” para el resto de la sociedad, pero que no resolvería grandes cosas, que no deja de ser “el chocolate del loro”. Basta con echar unas pocas cuentas para advertir lo erróneo de tal afirmación. Una reducción del 10% en los gastos del Estado, y dejando fuera de ella los gastos de ministerios como los de Igualdad, Vivienda, Sanidad, Ciencia, Trabajo y, por supuesto, la Seguridad Social, significaría un ahorro anual de al menos 15.000 millones de euros, 2 billones y medio de las antiguas pesetas.Lo suficiente para conceder durante 15 meses un subsidio de desempleo de 800 euros mensuales a los 1,2 millones de parados que en la actualidad no cobran nada. O para pagar una prestación extra de 600 euros mensuales durante 22 meses a las 827.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro. O para construir cada año 1.632 hospitales de tamaño medio, con 200 camas hospitalarias y capacidad para atender a miles de visitas y urgencias diarias. Pues será el “chocolate del loro”, pero millones de ciudadanos verían mejorar sensiblemente sus condiciones de vida con esta modesta reducción de gastos por parte del Estado que, con toda seguridad, podría ser aún mucho mayor a poco que fuéramos tan rigurosos con las cuentas públicas como lo es cualquier ama de casa con las cuentas familiares. 2.- 10 categorías de impuestos, 10 escalas salariales. Establecer, al igual que existe un salario mínimo, un salario máximo en una escala salarial del 1 al 10. Que nadie –incluidos pensionistas y parados– cobre menos de 1.000 euros mensuales. Pero que tampoco nadie gane más de 10.000 euros al mes. Establecer un sistema impositivo para las rentas del 0 al 9. De modo que las rentas que se perciben –aparte del salario– estén gravadas de forma progresiva según su volumen, potenciando el ahorro de las economías familiares más modestas. Mientras millones de parados y pensionistas cobran mensualmente menos de 600 euros, mientras casi un millón de familias tienen a todos sus miembros en el paro, los altos ejecutivos de las grandes empresas españolas llegan a cobrar un sueldo hasta 500 veces superior al salario medio español, salario medio al que no llegan ni el 50% de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Es que su trabajo aporta de verdad 500 veces más valor que la de un trabajador medio? No se lo creen ni ellos. Bien está, y es justo en las actuales condiciones sociales, que existan diferentes categorías salariales de acuerdo con la cualificación del trabajo que cada uno desempeña, el trabajo y los años de su vida que ha dedicado a adquirir esa cualificación. Pero eso es una cosa, y otra bien distinta una escala salarial del 1 al 500. Donde la condición de que unos vivan con toda clase de lujos es que haya otros muchos por debajo cuyo salario apenas si les da para malvivir. Si el Estado tiene legislada la cuantía del salario mínimo para evitar que ningún desaprensivo pague a sus trabajadores menos de lo que se necesita para subsistir físicamente, ¿por qué no ha de tener capacidad para limitar sueldos a todas luces injustos e inmorales? ¿No acaba de proponer el mismísimo Obama un salario máximo de medio millón de dólares anuales para los altos ejecutivos de los bancos que quieran acogerse al segundo plan de rescate bancario? Pues apliquemos aquí también esta medida. Y no sólo con los banqueros. ¿Acaso las grandes empresas españolas (de electricidad, de telefonía, de combustibles,…) no disfrutan, en régimen de monopolio, de las concesiones otorgadas por el Estado? ¿Es que los monopolios del automóvil no se benefician de miles de millones de subvenciones estatales en formas de ayudas, ERE’s, etc? Pues muy bien, pero que se ajusten a esta escala salarial: nadie por debajo de 1.000 euros mensuales, nadie por encima de 10.000 euros al mes. De la misma forma, establecer un sistema de imposición fiscal dividida en 10 tramos, del 0 al 90%. Quien más rentas disfruta, que pague más. Quien más se ha llevado en todos estos años de crecimiento, que ahora devuelva más en forma de pago de impuestos. Dándole la vuelta a un sistema fiscal tan radicalmente injusto y éticamente reprobable como el que existe en la actualidad. Donde un pequeño empresario debe pagar un 30% de impuestos por sus modestos beneficios anuales, pero las grandes fortunas del país disponen de una legislación hecha a su medida, por la que tributan un 1% de los beneficios que obtienen por sus multimillonarias inversiones. Y ello por no hablar de las medidas que habría que tomar con respecto a los paraísos fiscales, donde según los registros oficiales, entre 1993 y 2007, se contabilizaron oficialmente inversiones por valor de más de 20.000 millones de euros por parte de grandes fortunas españolas. Pero cuya cuantía real todos los expertos coinciden en que se debe multiplicar al menos por 7. Estas son sólo las dos primeras medidas de choque. A ellas habría que sumarles otras como la transformación de la Cajas de Ahorro, como entidades sociales sin ánimo de lucro que son, en un instrumento financiero público de tipo confederal, centralizado por el gobierno y controlado y supervisado por los impositores, sus verdaderos dueños. La creación inmediata de un Fondo Especial para resolver coyunturalmente la angustiosa situación de millones de parados y familias que han caído o están al borde de la desprotección absoluta. El lanzamiento de un plan de choque contra el paro y de apoyo a las PYMES o una legislación dirigida a evitar los abusos monopolistas que todos padecemos, como el reciente caso de los recibos de la luz. Pero de ellas hablaremos la próxima semana.