¡Sí­ se puede acabar con la corrupción!

En mayo de 2012 habí­a en España más de 800 cargos públicos y polí­ticos imputados en causas de corrupción, según reveló el Fiscal General del Estado, con implicación de prácticamente todos los partidos con poder en la administración central, autonómica o municipal. ¡Basta ya! ¡Hay que acabar con el cáncer de la corrupción! Y puede hacerse… si existe voluntad polí­tica para ello.

Desde el “caso Campeón” que implica al ex ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Blanco, al actual estallido del “caso Bárcenas”, que implica a la cúpula del PP y al mismísimo presidente del gobierno Rajoy. Pasando por el “caso Gürtel” que se ha llevado por delante al expresidente Camps de la Comunidad Valenciana; los “ERE falsos” de Andalucía, con más de 60 imputados, entre ellos altos cargos, alcaldes y concejales del PSOE, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo; el “caso Nóos” donde está imputado Iñaki Urdangarin; el “Palma Arena” con otro expresidente autonómico implicado, Jaume Matas; la “operación Malaya”, el mayor caso de corrupción destapado en un ayuntamiento, con 95 personas imputadas; los casos “Palau” y de “las ITV” con imputados entre altos cargos de CiU y la “familia Pujol”… Y así hasta las aproximadamente 750 causas abiertas contra cargos públicos por corrupción. «¿Cómo no enjuiciar a las grandes empresas y bancos que han pagado comisiones ilegales para comprar voluntades políticas?»

Si hiciéramos una radiografía única y las cuentas sumadas de todos ellos quedaríamos asombrados al descubrir tres cosas.

En primer lugar, la cantidad de miles de millones que han sido saqueados de las arcas públicas, sin que nada haya sido devuelto. ¿Cuántos centros de salud, hospitales, colegios, prestaciones sociales… se han esfumado por el agujero negro de la corrupción?

En segundo lugar, de cómo prácticamente todos los acusados están en la calle, la inmensa mayoría sin ni siquiera haber pisado la prisión.

Y tercero, de cómo los corruptores no aparecen imputados por ningún lado. Es decir: aquellos monopolios y grandes empresas que con sus “mordidas” han financiado la corrupción para acabar beneficiándose de contratos millonarios pagados con dinero público, y aquellos bancos que han actuado como intermediarios manejando las cuentas a través de las cuales se ha trajinado con el dinero. ¿Acaso no han salido nombres como los de Fomento de Construcciones y Contratas implicada en “Gürtel”, Ferrovial en el “Palau”, o grandes constructoras, como Sacyr Vallehermoso, OHL y FCC en la actual trama “Bárcenas”? ¿Entonces, por qué no se les sienta en el banquillo?Como al crimen organizado

Nadie duda ya que la corrupción es una de los peores cánceres que corroe la vida pública española, cuya metástasis se extiende por toda la administración del Estado. Desde los ministerios a las consellerías autonómicas y las concejalías de los ayuntamientos. Ha llegado el momento de tratar de raíz el problema.

De calificarla, no como desmanes de algunos corruptos, sino como una trama organizada que actúa con un móvil delictivo económico que, en última instancia, consiste en el saqueo del dinero público, el dinero de todos.

De exigir un cambio del código penal para equiparar los delitos de corrupción política al crimen organizado. No sólo hay que endurecer las penas y equipararlas a las del crimen organizado, sino además disponer las herramientas legales para que devuelvan lo robado o expoliado de las arcas públicas. Expropiación del patrimonio amasado con la corrupción y responsabilidad de los partidos que la han amparado para que respondan con su patrimonio hasta devolver todo lo robado.

De investigar los casos de corrupción política a fondo, hasta el final, con el objetivo no ya de detener al corrupto de turno, sino de desmantelar la trama corrupta hasta sus últimas consecuencias.

Y de enjuiciar no sólo a los corruptos sino también a los corruptores. ¿Cómo no enjuiciar a las grandes empresas y bancos que están detrás de los millonarios contratos con dinero público que han financiado la compra de voluntades políticas a cambio de contratos multimillonarios? Se les conoce (FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr…) ¿Por qué establecer la figura del corruptor como delito y sentar en el banquillo a los bancos a través de los cuales se han estado manejando las cuentas de la corrupción? ¿Se conocen unos y otros, entonces por qué no se les enjuicia?

Esta es nuestra alternativa desde hace años y este es el único camino para atajar la corrupción y que no siga siendo uno de los eslabones débiles por donde el hegemonismo se aprovecha de nuestro país.