Cargando...Han tenido que quitarse la vida tres personas para que el Gobierno se entere del drama de miles de familias a las que la banca lleva años dejando en la calle porque han perdido el trabajo y no pueden pagar la hipoteca. La misma banca a la que el Estado ha rescatado con miles de millones de euros de los impuestos que pagan los ciudadanos con su esfuerzo (también los desahuciados), a los que este Ejecutivo insaciable no deja de pedir sacrificios para salir de una crisis de la que no son responsables. Al Gobierno le preocupa el déficit, y a la banca su cuenta de resultados. Los ciudadanos son números estadísticos sin rostro.
Ministros y altos cargos del PP se han subido esta semana al carro de la indignación para presentarse como los salvadores de tanta gente desesperada que vive al límite de la exclusión social. Su actitud no ha sido demagógica, ha sido cínica. Si alguien puede atribuirse el mérito de que el Gobierno y el PSOE hayan negociado esta semana, sin éxito, un acuerdo para poner fin a esta tragedia, son los ciudadanos; solo ellos. Organizados en torno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios, han dado un ejemplo de solidaridad, tan escasa en estos tiempos. Han sido ellos quienes al grito de ¡Sí se puede! han obligado a los políticos a intervenir.
Las declaraciones que han hecho ministros y dirigentes del PP a lo largo de la semana producen indignación y rabia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el lunes en el Parlamento Europeo que ninguna ‘familia de buena fe’ perdería su vivienda. No aclaró si las casi doscientas mil que ya la han perdido son ‘familias de buena fe’, porque ellas no van a recuperar su casa.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría declaró días después que las que no van a perder su casa son las “familias vulnerables”, el mismo adjetivo que utilizó María Dolores de Cospedal, número dos del PP, que aprovechó su comparecencia para ‘poner en valor’ el trabajo del presidente Rajoy como impulsor de las negociaciones del Ejecutivo con el PSOE para acordar medidas urgentes que eviten los desahucios. De Cospedal fue más allá y acusó al anterior Gobierno de no haber tomado las medidas necesarias para evitar esta injusticia.
Le pudo la soberbia, que lleva a algunos políticos a mentir con tanta desfachatez que causan vergüenza ajena, porque el PSOE, y también el PP, llevan años mirando para otro lado cuando desde los grupos parlamentarios minoritarios se proponían soluciones como la dación en pago (la entrega de la vivienda cancela la deuda). Lo hizo el Gobierno de Zapatero, y lo ha hecho el Gobierno de Rajoy. Sólo los partidos minoritarios (IU, ICV, ERC, BNG) presentaron iniciativas que las dos fuerzas parlamentarias despreciaron. Los socialistas al menos han reconocido sus errores y pedido perdón, aunque éste no justifique el desprecio que mostraron hacia los más débiles.
Los bancos han salido también al paso en un intento de mejorar su imagen, y han anunciado que no ejecutarán ningún desahucio en los dos próximos años. Escaso sacrificio cuando el dinero del Estado que debería servir para atender a los más necesitados y mantener el Estado del Bienestar ha ido a parar a sus balances para blanquear su codicia. Ellos concedieron hipotecas por encima del valor de tasación de las viviendas (a pagar hasta en 50 años), a compradores ingenuos que creyeron que aún con salarios muy bajos podían tener una casa en propiedad. La crisis los ha dejado sin trabajo, sin ingresos y sin casa.
El decreto ley aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros es un puedo y no quiero, un parche para salir al paso de la indignación ciudadana, porque no modifica la Ley Hipotecaria ni la de Enjuiciamiento Civil, que son las que regulan a principalmente el proceso de desahucio, lo que permite a los bancos seguir ejecutándolos cuando venza la moratoria. Tampoco recoge la dación en pago, una reivindicación de puro sentido común, porque no es razonable que el desahuciado pierda el dinero que ya pagó al banco y la casa, y que ni aún así salde su deuda.
Lo que sí establece el decreto-ley es lo que el Gobierno entiende por ‘familias de buena fe’ y ‘familias vulnerables’, que han de reunir tantos requisitos que va a servir muy poco para resolver el problema, salvo que en el trámite parlamentarios la oposición consiga que se aprueben algunas de sus enmienda. Ni el joven que se suicidó el 23 de octubre en Las Palmas de Gran Canarias arrojándose desde un puente; ni Miguel Ángel Domínguez, que se ahorcó en su casa el 25 de octubre, día en que iban a desahuciarle; ni Amaia Egaña, que el pasado día 9 se tiró por la ventana, reunían los requisitos exigidos. Según el criterio del Gobierno, no eran, ni familias de buena fe, ni vulnerables.
Los ciudadanos organizados que han conseguido detener los desahucios han demostrado que ¡sí se puede! luchar contra la injusticia que se ha instalado en la política económica de un Gobierno que trata a las personas como números. Y se puede ganar.