Cargando...El modelo keynesiano de afrontar la crisis, o sea, la participación activa del estado en la creación de empleo, no deja de depararnos paradojas sangrantes. No se trata sólo del pan para hoy y después dios dirá… de las inversiones municipales. No se trata tampoco de ninguna corruptela. Sino de los escandalosos presupuestos de Lanbide, el Servicio Vasco de Colocación del gobierno de Ibarretxe, que le otroga un puesto destacado en la sección de Alarma Social.
Si en 2009 están revistos 72 funcionarios, salen a 4.700 de salario mensual de media por cabeza. Un técnico de Empleo y Formación cobra en Lanbide unos 2700 euros de media. El sueldo de la directora gerente es más del doble 68.000 euros anuales). Casi el 50%. 1,04 millones para trabajos realizados por otras empresas (308.736 euros se corresponden a proyectos de colocación), 604.000 euros para gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, 87.200 euros para gastos de oficina y 56.528 para gastos de viaje. Lo primero es aclararnos cuántos parados hay en Euskadi. En cifras, frente a los 46.000 parados que admite Ibarretxe que había al acabar 2008 resulta que 62.000 parados cobraban prestaciones por desempleo en e mes de noviembre. O Ibarretxe miente o hasta un 25% estaría cobrando de forma fraudulente. Hasta 110.093 estaban inscritas en el Servicio Público de Empleo (el antiguo INEM). Pero, ¿cuántos puestos de trabajo ha producido el servicio de colocación? A sus oficinas se acercaron 42.783 parados en busca de trabajo a lo largo de 2008 y se hicieron unas 15 mil ofertas. Las siete oficinas que tiene el servicio más los 142 centros colaboradores (entre los que están múltiples centros de formación profesional) intermediaron en 24.000 colocaciones de las 800.000 que se cierran anualmente en Euskadi. Sacando bien las cuentas, cada mes supone invertir 732.000 euros (para colocar a 2000 trabajadores) de los cuales casi la mitad va para sueldos de los funcionarios (63 en 2008, previstos 72 en 2009). El presupuesto de Lanbide es el 11,4% el del INEM, sin embargo sólo gestiona el 5 o el 6% de los 800.00 contratos que se cierran anualmente en el País Vasco. Su función es más orientativa que otra cosa.