Cargando...Ayer afirmábamos que las tramas de la corrupción son epidémicas y se extienden descontroladamente. Y señalábamos que, para nuestra desgracia, el escándalo del ayuntamiento de Lorca, en la empresa de limpiezas, sería el último muy efímeramente. Que las noticias sobre nuevos casos de corrupción, o prolongaciones de los ya descubiertos, seguirían saliendo a la superficie. Y así ha sido. Lo que empezó siendo una operación contra una red de corrupción en el ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote en la que se había detenido a nueve personas, siete vinculadas al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y dos al PSOE por presuntos delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio; se ha extendido al ayuntamiento de Yaiza, también en Lanzarote. Pero lo realmente grave es que la corrupción se extiende prácticamente por todos los ayuntamientos, que los implicados son de cualquier color político.
El ayuntamiento de Arrecife estaba gobernado or un pacto entre el PIL y el PSOE. El concejal y portavoz de Coalición Canaria Luis Morales declaró que”"lo que estaba ocurriendo en Arrecife era vox pópuli; todo el mundo sabía o decía que esas cosas estaban ocurriendo”. Pero el caso de hoy es en el ayuntamiento de Yaiza, que está gobernado desde febrero de 2008 por un pacto entre el PIL y Coalición Canaria (CC). Y esta operación contra la corrupción municipal, que ha dejado seis nuevos detenidos, está dentro del marco de la misma trama del ayuntamiento de Arrecife. La Guardia Civil ha registrado el ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) y su oficina técnica, así como varias oficinas de construcción y promotoras de la capital de Lanzarote. En Arrecife los detenidos fueron Elena Martín, jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento e hija del líder del PIL, ya condenado y cumpliendo una leve condena por malversación y estafa a la Seguridad Social y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo. Es decir, las “autoridades” del consistorio. Pero todo el impresionante despliegue policial y el posterior e ingente trabajo judicial se diluyen como un azucarillo en las aguas penales. Todos los esfuerzos policiales y toda la actividad judicial sólo dan como fruto una condena leve para los corruptos. Por ello, las repetitivas y persistentes prácticas corruptas obtienen el beneficio de la levedad penal y la magnitud de la ganancia final. Lo que los ciudadanos de a pie quieren es que se ejerza un riguroso control del gasto público de todas las administraciones, desde los organismos centrales hasta los locales, pasando por los autonómicos. Y que se lleve a cabo una investigación sistemática de todas las tramas de corrupción. Y que haya penas ejemplares. Y que devuelvan todo lo robado.