Sequía, más allá del cambio climático

El agua es una asignatura pendiente para la que hace falta un proyecto nacional, independiente, llevado a cabo por investigadores, técnicos, científicos y profesionales hidrológicos honrados, libres de influencias políticas y que recojan la posición de todos los sectores sociales afectados y de las diferentes comunidades autónomas.

Se habla de esta sequía como la peor sequía de hace 20 años. Se utiliza como referencia para comparar sequías el tamaño de los embalses. Actualmente, la reserva hidráulica se encuentra en sólo un 37% de su capacidad, según la reserva hídrica del Ministerio de Agricultura. Para encontrar datos de caudal acumulado más bajos tenemos que remontarnos a la sequía de 1994 y 1995, donde la capacidad se redujo a un 36% y un 27% respectivamente.

Pero expertos como Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Nacional de Meteorología, consideran que el nivel de los embalses no es un referente válido para comparar la gravedad de una sequía, sino el número de precipitaciones y cómo se producen.

Según Rubén del Campo, por ahora la sequía actual no llega a los niveles de la sequía de 1994 y 1995, pero todavía no ha terminado. Y tiene particularidades que la hacen ya peor que la de entonces. Por ejemplo, Madrid y Coruña, provincias que en otoño gozan de grandes periodos de lluvia, en esta sequía que vivimos las lluvias otoñales han sido muy inferiores no sólo con la media general, sino con los años de sequía anteriores. Mientras que en Sevilla, ciudad seca, los periodos veraniegos de menor precipitación se ha extendido en esta sequía más también que en cualquiera de las sequías previas.

A esta sequía se le suma también un aumento generalizado de las temperaturas, provocado por el cambio climático, que empeora todavía más la situación.

La sequía ya ha causado restricciones de agua en 124 localidades, entre las que se incluye ciudades como Ourense, Oviedo, Zamora o Zaragoza. Todavía no se han decretado restricciones desde el gobierno central, pero si la situación se mantiene en 2018, es muy probable que acabe obligado a hacerlas.

El sector agrario es el más afectado. Según este sector, en las cosechas ha causado daños valorados en 2.500 millones de euros. Las cosechas de trigo, cebada y avena han sido de las más bajas en los últimos 12 años. La recolección de olivas y uva han descendido un 30% y un 40% este año respectivamente. Zonas como el Duero tienen restricciones al cultivo de regadío. Y la falta de lluvias de este otoño está imposibilitando la siembra, afectando ya a la producción del año que viene.

Los ganaderos también se ven afectados. La falta de lluvia en La Rioja, Galicia o Navarra está dejando sin pastos con qué alimentar el ganado, ni tampoco hay manantiales o charcas donde poder saciar su sed.

Más allá de los abusos de las eléctricas, la sequía también es responsable de la subida de la luz. Este es el año con menor producción de energía hidráulica de nuestra historia, causado por el descenso de caudal en los embalses. Lo que ha obligado a recurrir a fuentes de energía más caras como el gas.

¿Por qué hemos llegado hasta aquí?

Si bien esta sequía es especialmente grave, no es nada nuevo que España sufre de periodos de sequía cíclicos. Si esta sequía tiene efectos más graves no es solo por su intensidad, sino por la falta de previsión y preparación de recursos para hacerle frente.

En primer lugar, tenemos el problema de nuestro sistema de regadío. La agricultura representa el 70% del gasto del agua en nuestro país, pese a representar el 2’5% del PIB. Existe una deficiente uso del agua en la agricultura que hay que resolver.

Según la asociación de empresas de infraestructuras Seopan, nuestro país pierde el 26% del agua debido a su mala red de distribución. España invierte en infraestructuras para el agua un 56% menos que la media de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, países con un nivel de lluvias muy superior a nuestro país.

Los recortes han afectado severamente a las inversiones públicas en este tipo de infraestructuras. Entre 2007 y 2016, los PGE han recortado el 90% del presupuesto dedicado a crear nuevas infraestructuras para mejorar la distribución del agua, y un 42% del presupuesto al mantenimiento de las ya existentes. Según un informe de la ingeniería Sener, el estado debería invertir 12.013 millones de euros en cinco años sólo para acometer 510 obras urgentes en infraestructuras de agua.

El problema del agua es consustancial a nuestra historia. Ya a finales del siglo XIX, Joaquín Costa, uno de los mayores representantes del regeneracionismo, escribió Política hidráulica (misión social de los riegos en España), una obra destinada a resolver los problemas de distribución de agua que suceden en nuestro país, mediante una serie de obras hidráulicas que permitiesen el regadío en la mayor parte de nuestro territorio.

A pesar de ser un problema histórico, ningún gobierno se ha planteado en serio hacer frente a este problema de manera general y para beneficio de todos. Muy al contrario, lo máximo que se ha llegado es a utilizar el problema del agua como instrumento de propaganda política y enfrentamientos entre distintas comunidades con proyectos que luego son abandonados cuando las lluvias regresan o las correlaciones de fuerzas políticas varían.

Ocurrió con el Trasvase del Ebro, impulsado por Zapatero, que enfrentó duramente a las comunidades de Aragón y Cataluña con Valencia, Murcia o Almería. Y de la que solo se llegó a colocar la piedra de unas obras que jamás tuvieron lugar.

Y con el Plan de Desalación que se aprobó en 2005 con un presupuesto de 2.300 millones de euros. Se proyectó la construcción de 51 desaladoras como alternativa a los trasvases. Sin embargo, sólo se han construido 32, y una década después sólo funcionaban a un 16% de su capacidad. Sólo ahora, con la crisis abierta por la sequía, el gobierno se tratan de reactivar, como la de Torrevieja que el gobierno reclama funcione a máximo rendimiento.

Cabe mencionar por último el tema de las depuradoras. España ocupa el puesto 26 de entre los 28 miembros de la UE en inversión en depuración y saneamiento de agua. Nuestro país ha sido llevado al Tribunal Europeo de Justicia por haber incumplido una sentencia europea de 2011 de crear 17 estaciones depuradoras cuya inexistencia supone riesgos graves para la salud de 1.400.000 personas, repartidas en su mayoría en poblaciones de Extremadura, Andalucía y Canarias.

Sequía, problema y oportunidad

Esta sequía nos afecta a todos. A diferencia de otras ocasiones, donde la sequía se ha concentrado en las zonas secas de España (el sur y el levante), esta vez golpea incluso en las zonas históricamente más lluviosas y húmedas de nuestro país, y que en otras ocasiones se han podido mantener al margen, como son Galicia o Asturias.

Hace falta un proyecto común, que sea solidario, dialogado y consensuado entre todas las partes para que todos salgamos beneficiados. Un proyecto nacional a largo plazo, que no pueda ser interrumpido por los distintos giros políticos ni pueda ser utilizado como herramienta de publicidad de un gobierno o partido contra otro. Y un proyecto independiente, llevado a cabo por investigadores, técnicos, científicos y profesionales hidrológicos honrados, libres de influencias políticas y que recojan la posición de todos los sectores sociales afectados y de las diferentes comunidades autónomas.

Desde esta posición, resolver el problema de la sequía pasa a convertirse en una oportunidad para el país. Un pilar sobre el que poder impulsar la investigación científica y técnica, el desarrollo sostenible, el avance de las energías renovables y la creación de riqueza y empleo.

Esta sequía terminará, y sus consecuencias arrasarán. Pero si la experiencia de un siglo nos ha enseñado algo, es que tienen carácter cíclico y van a volver. Es fundamental no esperar más y dar una respuesta, entre todos, al servicio de todos.