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Cataluña se convierte en la primera autonomía que aplica oficialmente el «copago sanitario». Artur Mas ha dado el primer paso; pero la extensión del «copago» a toda la Sanidad pública es sólo cuestión de tiempo, si no lo impedimos. Extenderlo de las recetas al resto de servicios, consultas, hospitalizaciones, etc.; y extenderlo de Cataluña al conjunto de España.
No es casualidad que estos días empecemos a conocer también los recortes que están aplicando los gobiernos de Galicia (PP) y Murcia (PP) eliminado la tarjeta sanitaria a inmigrantes y parados de larga duración.El gobierno de CiU se ha lanzado a imponer una medida que no sólo no llevaba en su programa electoral sino que ha ocultado durante toda la campaña. La nueva tasa farmacéutica que quiere aplicar la Generalitat, es un nuevo atentado a la vida y la salud de de los ciudadanos y especialmente –como denuncian el sindicato mayoritario Metges de Catalunya, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona o la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad- una medida que discrimina a los parados y los enfermos crónicos.El “ticket mderador” se suma al recorte del 10% que el gobierno catalán ya está aplicando a la sanidad publica catalana agravando las consecuencias. Decenas de plantas hospitalarias ya han sido clausuradas, cientos de quirófanos cerrados, miles de camas han desaparecido, se ha multiplicado el tiempo de las listas de espera para intervenciones o para el especialista… y, en consecuencia, el coste en horas de vida y salud para la gente. «¿Cuántas vidas van a costar los recortes sanitarios a los trabajadores?» El 29 de septiembre los recortes sanitarios se cobraron su primera víctima mortal directa, una mujer con cáncer de hígado que moría en el hospital Sant Pau de Barcelona tras nueve horas de espera por falta de cirujano y ambulancias para trasladarla.Murcia y Galicia: recortan la tarjeta sanitariaSer parado de larga duración o inmigrante sin trabajo se ha convertido en las comunidades de Murcia y Galicia en una situación de alto riesgo bajo la amenaza de perder la atención sanitaria de la Seguridad Social. Centenares de enfermos se están viendo obligados a pagar las recetas en la farmacia y han empezado a tener problemas para acudir a las revisiones oncológicas (cáncer), al dermatólogo o para ser vacunados contra la gripe.Los gobiernos autonómicos de Galicia y Murcia (ambos del PP) llevan dos meses desactivando la tarjeta sanitaria a parados de larga duración que han agotado sus prestaciones y a inmigrantes sin recursos. Pese a que la Ley General de Salud Pública garantiza la universalidad de la sanidad pública, el Servicio Murciano de Salud (SMS) y el gallego (Sergas) ya han dejado sin cobertura sanitaria centenares de personas y están enviando cartas en las que se les anuncia “el cese del servicio de asistencia sanitaria a cargo del servicio de salud”. El SMS y el Sergas sólo ofrecen como alternativa la inclusión en la tarjeta sanitaria de un familiar o la tramitación de una nueva tarjeta PSR para personas sin recursos. Es decir de 3 a 8 meses en que los afectados dejan de tener derecho a medicinas y a consultas con su médico de cabecera, sólo pueden asistir a urgencias donde se les obliga a firmar un “compromiso de pago”.¿Cuántas horas de vida y salud, cuántas vidas, van a costar los recortes sanitarios a las clases trabajadoras que durante varias generaciones hemos levantado con nuestro trabajo, nuestro dinero y sacrificios el sistema público de la Seguridad Social?Redistribución de la riqueza para mantener y mejorar la sanidadSe nos quiere convencer que los recortes son necesarios porque no hay recursos para mantener los servicios sociales como están; pero como decimos en el programa “De Verdad contra la crisis”, no sólo hay recursos, sino que se podrían incrementar hasta en un 25% los recursos para sanidad, educación y gastos sociales para ponernos al nivel de los países de la UE con rentas similares al nuestro. Lo que ocurre es que, como está desvelando la crisis, es incompatible defender la salud de todos con las necesidades de financiación de unos pocos bancos y monopolios y de las grandes potencias.Bastaría con aplicar un programa de redistribución de la riqueza. Sólo con anular las rebajas del impuesto de sucesiones para las grandes fortunas y la rebaja de impuestos que aprobó Zapatero en 2007 a los que ganan más de 120.000 euros se conseguirían 5.000 millones de euros más cada año.Otros 5.300 millones más se recaudarían anulando la bajada del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año. Atajar el fraude fiscal podría suponer unos ingresos de más de 44.000 millones de euros anuales. Es decir, sólo con estas medidas tendríamos más de 54.000 millones de euros sacados de los beneficios de bancos, multinacionales y grandes fortunas. Eso por no hablar de los miles de millones de euros regalados a bancos y Cajas de Ahorros para tapar los agujeros negros del despilfarro y la corrupción. Además, ¿cuánto se podría ahorrar atajando de verdad el despilfarro, los gastos innecesarios y suntuosos de las comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿O por qué no rebajar los 15.000 millones que se llevan la grandes farmacéuticas de la sanidad pública negociando con fabricantes de otros países más baratos y con mejores condiciones?Entonces, ¿cómo es que no hay dinero para sanidad y nos lo tiene que sacar a los ciudadanos en horas de vida y salud?