Cargando...Nos hemos acostumbrado a recibir casi diariamente espeluznantes datos económicos. Pero debemos recordar, con Lorca, que «debajo de las multiplicaciones, hay una gota de sangre de pato». En 2008 se ha triplicado el número de empresas afectadas por suspensión de pagos, paso previo a su liquidación. Y, por primera vez, el número de familias en quiebra ha adquirido dimensiones significativas, cuadruplicando los datos de 2007. Es una sangrante ecuación que desvela como el cuchillo de la crisis -empuñado por los bancos, los principales acreedores- amenaza la garganta de las familias trabajadoras y de los pequeños empresarios.
El número de rocedimientos concursales -nueva denominación de las suspensiones de pagos que llegan a los juzgados- se triplicó en 2008, pasado de 1.015 a 2.864. Entre octubre y diciembre -momento de la agudización de la crisis tras la caída de Lehman Brothers- se publicaron más concursos de acreedores que en todo 2007. Y durante el pasado año, el número de suspensiones de pagos igualó a las sufridas en los cuatro años anteriores. Los sectores más afectados son, lógicamente, la construcción y la industria del automóvil. En el sector inmobiliario las suspensiones de pagos se quintuplicaron, y en la construcción se multiplicaron por cuatro. En el sector automotriz aumentaron un 79%. Detrás de estas quiebras asoma un reguero de parados y una catastrófica destrucción de tejido productivo. Pero el aspecto más significativo es el espectacular incremento de las familias que se declaran en quiebra ante los juzgados. El número de ellas, que el estallido de la crisis era insignificante, se ha multiplicado por cuatro, hasta suponer el 15% de todas las suspensiones de pagos, aunque en algunas zonas, como Oviedo, significan ya el 25%. Se trata de familias asfixiadas por las deudas con los bancos, que con esta medida buscan que sus acreedores, principalmente las entidades financieras, no ejecuten la hipoteca y les quiten el piso, además de llegar a acuerdos para renegociar los pagos de sus deuda. Durante los años de bonanza, nos han encadenado al crédito -lo que suponía incrementar la parte de nuestro salario de que se apropiaban los bancos-. El endeudamiento familiar se ha duplicado en los últimos siete años, hasta suponer el 143% de la renta familiar, una cifra equivalente al PIB español. Además, el descenso del precio de la vivienda ha supuesto que las familias vean reducida su riqueza -base para poder refinanciar las deudas- en 145.540 millones. Una familia cuyos miembros se quedan en paro y que, como el 81% de los casos, está obligada a dedicar más del 40% de sus ingresos a pagos de hipoteca o préstamos, se encuentra al borde de la quiebra. ¿Y que hace el gobierno ante este espeluznante panorama, que nos afecta de forma directa? Su principal preocupación debía ser la de reflotar las empresas en crisis, y ayudar a las familias trabajadoras. Pero en 2004, el gobierno de Zapatero reformó la legislación a aplicar en casos de suspensiones de pagos. La nueva ley concursal declara como objetivo que “los acreedores recuperen el máximo de la deuda”. ¿Y quienes son los principales acreedores? Los grandes bancos. La ley concursal de Zapatero coloca en manos de los bancos infinidad de mecanismos para liquidar a las empresas deudoras. E introduce además todo un sin fin de procedimientos burocráticos que ralentizan el proceso. El resultado es que sólo el 5% de las empresas declaradas en suspensión de pagos consigue sobrevivir. El 95%, simplemente desaparece. En el caso de las familias en quiebra, el gobierno simplemente no contempla ninguna medida. Quedan abandonadas a la rapacidad de los bancos.