“Se invierte mucho más dinero en blindar fronteras que en políticas de acogida y de integración”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es una ONG española fundada en 1979 que defiende los derechos de las personas refugiadas, apátridas o migrantes que necesitan protección internacional o se encuentran en riesgo de exclusión social. Les preguntamos acerca de los refugiados de Afganistán y de otros países, y acerca de las recientes expulsiones en caliente de menores no acompañados en Ceuta, llegados tras la crisis migratoria del pasado mes de mayo.

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Estamos en un contexto de guerras, pobreza y conflictos en el mundo, en el que miles de personas se ven obligadas a huir, ¿Qué papel deberían tener los países como España ante esto?

Tiene que hacerse efectiva la responsabilidad colectiva de la UE, que emana de las leyes de los tratados internacionales que firmamos, en los cuales está el derecho al asilo y el derecho a establecer vías legales y seguras para las personas que quieren migrar. En ocasiones las medidas que se ponen encima de la mesa son principalmente medidas en el marco de la seguridad y no desde la responsabilidad, la acogida y la integración. Y esto es peligroso, porque el sesgo a la hora de confeccionar las políticas públicas en materia migratoria es de blindar fronteras, y de externalizar las fronteras más allá de las fronteras reales de la UE.

La dinámica imperante en estos momentos es securitaria, se invierte mucho dinero en levantar muros, mucho más que en políticas de acogida y de integración. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo va por el mismo camino de establecer espacios de contención en las fronteras, y una política de retorno. Se fían las políticas migratorias a que las personas que no acceden a las políticas de asilo sean retornadas a sus países de origen, una dinámica que entiende de establecer vínculos con terceros países vinculando la ayuda oficial al desarrollo al control de sus propias fronteras, ya sean países de origen o países de tránsito de las personas migrantes. Estamos hablando de desplazamientos forzados de personas.

La UE rechaza acoger a los refugiados afganos y quiere contenerlos en Irán y Pakistán. ¿Qué proponéis desde CEAR?

La reacción más inmediata es la acogida urgente de las personas afganas, pero esto ni siquiera resuelve el corto plazo, y quizá de lo que debemos ocuparnos es de una mirada mucho más larga, de qué forma se puede hacer que las personas afganas que necesiten protección puedan llegar a un  país seguro en el contexto europeo. Ya cometimos errores en el pasado, en 2015, en la crisis de personas refugiadas de Siria se establecieron cuotas de reubicación y asentamiento que no fueron cumplidas por ningún país europeo y se optó por mercantilizar los derechos, por firmar acuerdos con países sospechosos de incumplir los derechos humanos como Turquía, Libia o Marruecos, para que fuesen ellos los que se ocuparan de las personas refugiadas en tránsito hacia la UE.

Nosotros hemos establecido varias medidas, la principal es el establecimiento de correderos humanitarios desde Afganistán conectando países que permitan una salida segura a las personas. También que haya un compromiso de reasentamiento en España, mucho más amplio que el actual, de las personas que se encuentran recogidas como en campos de refugiados en los países limítrofes, como Irán, Paquistán y Turquía y procesos de reagrupación familiar, que puedan traer a sus familias de otros países para que puedan vivir en un entorno de seguridad .

Tiene que hacerse efectiva la responsabilidad de los tratados internacionales, en los cuales está el derecho al asilo y a establecer vías legales y seguras para las personas migrantes

Después de que el líder del Frente Polisario fuera hospitalizado en Logroño, Marruecos permitió en Ceuta que 12.000 personas cruzaron la frontera a España. ¿Hay una utilización de los inmigrantes como monedas de cambio de los intereses de Estados y grandes corporaciones?

Sí. En función de los intereses que Marruecos quiera hacer valer, la migración, las personas y su puesta en peligro se utiliza como moneda de cambio, a modo de chantaje. Hablamos de negociaciones de tipo comercial y económico, de reclamaciones de soberanía de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla y las aguas territoriales que lindan con Canarias. En función de cuales son los intereses de Marruecos realizan una labor de chantaje respecto a los flujos migratorios, controlándolos, y ocurren situaciones como la de Ceuta.

De las miles de personas que llegaron a Ceuta había unos 1.500 menores. Hay una causa abierta en la Audiencia nacional sobre la devolución a Marruecos de los menores. ¿Cómo valoráis la gestión de las Administraciones?

Se ha gestionado como se hace habitualmente, por desgracia. No estamos analizando las realidades migratorias desde una visión estructural y esto hace que normalmente la respuesta esté basada en motivos de seguridad y no en motivos de acogida o integración. Lo ocurrido en Ceuta ha sido señalado por organismos internacionales de manera reiterada, ha sido un paso atrás en la manera de gestionar la realidad de los menores extranjeros no acompañados. Se adoptan decisiones, como la devolución, no basada en el respeto de los derechos de los niños, sino por motivos de seguridad y motivos de colaboración con Marruecos. No se han producido los retornos con garantía jurídica ni con la legalidad debida.  

El presidente de Ceuta reconoce que fue su gobierno quien pidió al Ejecutivo Central que devolviera a Marruecos a los menores que cruzaron la frontera. Justifica “que se vieron desbordados” y que lo hicieron buscando “el interés del menor”. ¿No deberían haber pedido más recursos al Gobierno o trazar un plan de acogida a nivel de toda la Península?

Cuando una situación se desborda, la respuesta no puede ser la vulneración de la ley ni de los derechos de los niños. Hay que dimensionar el sistema para que estas situaciones no pasen o para poder abordarlas en mejores condiciones. Tiene que haber una estructura de acogida bien dimensionada, con capacidad de acción ante un aumento significativo de personas para ser acogidas y un sistema de corresponsabilidad de todo el territorio español. Solo se habla de establecer un protocolo de distribución territorial de menores extranjeros no acompañados en Ceuta, pero quiero traer a colación la situación con una misma realidad como son los niños solos en Canarias. En Canarias están tutelando a más de 2.500 menores extranjeros no acompañados y, sin embargo, cuando se apela a la solidaridad territorial para una distribución equilibrada en el territorio español son muy poca las comunidades autónomas que se manifiestan a favor.

Todo el trabajo que se está desarrollando con el Ministerio de Derechos sociales en la Agenda 2030 en ese sentido es positivo, pero hay que avanzar. Con los menores no basta con una estructura de acogida, es necesario avanzar en muchas cuestiones como que los procedimientos de determinación de la edad sean más fiables, mejorar la transición a la vida adulta… los permisos de residencia están paralizado por las reticencias del Ministerio del Interior. Hay que avanzar para dotar de documentación a esos menores, que no caigan en la irregularidad sobrevenida justo cuando cumplen los 18 años, que es lo que se produce en la mayor parte de las ocasiones. Hay que respetar la norma,  establecer la fórmula garantista de vida y tener la interpretación del interés superior del menor mucho más sensato y sólido.

Tiene que haber una estructura de acogida bien dimensionada, con capacidad de acción y corresponsabilidad de todo el país

El gobierno de la ciudad confió la gestión de los recursos de emergencias de los menores a la Fundación SAMU. El sindicato UGT denunció que “Samu mantiene trabajadores que no reúnen los requisitos ni la formación específica, realizando labores de vigilantes de seguridad, con palos, para dirigir a los menores” y algunos menores denuncian que se les trató mal.

Este tipo de actuaciones se hacen a través de fórmula indirecta, no lo gestiona directamente la propia Administración Pública, sino que delega esa gestión en entidades colaboradoras. El protocolo de acogida tienen que encargarse entidades especializadas donde se respeten los ratios de profesionales con el número de niños que pueden ser acogidos, que se respete la especialización técnica de los mismos, tiene que haber un refuerzo de los recursos técnicos, humanos y de la infraestructura,  que las personas tengan un proceso de inclusión lo más normalizado posible. El resto del Estado español también tiene que participar en ello. Hace falta trabajadores especializados capaces de detectar vulnerabilidades como son el colectivos LGTBI.

Se está centrando en responder a la emergencia y no de manera estructural.

Algunos menores huyeron del campamento para evitar ser devueltos a su país. Se han escondido en la ciudad y han creado asentamientos, algunos les acusan de robos. No se les ha ofrecido alternativa, se les ha intentado devolver al sitio del que han venido huyendo de la pobreza y la guerra. ¿Se oculta que es la pobreza y la exclusión social, la no acogida, es la que provoca la delincuencia, no?

Sí. Cuando gestionamos inadecuadamente, cuando vulneramos derechos, cuando generamos incidencias en los contextos de acogida que tienen que ser mucho más amables, más integradores… Las personas, en ocasiones, es la única manera que tienen de escapar de una mala praxis, que es lo que se hizo con las devoluciones. Claro que se producen asentamientos. La única opción que tienen las personas a veces es huir e intentar sobrevivir en contextos duros de exclusión social.

Es muy peligroso alentar mensajes racistas y xenófobos, se genera la deshumanización de las personas. Se están creando  noticias falsas para seguir estigmatizando a las personas. La Fiscalía de Menores emite un reporte de las incidencias, y, a pesar de que ha habido un aumento significativo de menores extranjeros no acompañados, no ha habido un aumento de la criminalidad de ese colectivo. Se desmontan estas mentiras con datos empíricos.