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Un nuevo terremoto político ha sacudido la política española, y ha estrechado un poco más el cerco al gobierno de coalición, que tiene ante sí un panorama cada vez más difícil y a unos enemigos -los declarados y los tapados- cada vez más crecidos y decididos a derribarlo cueste lo que cueste.
De manera sorpresiva y a toda máquina -apenas una semana después de que el caso quedara visto para sentencia- la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y dos en contra, ha condenado a Álvaro García Ortíz, Fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda.
Inmediatamente, tanto el PP como Vox han exigido la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas
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Si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, entonces es… lawfare
Una sentencia que ha sorprendido tanto a los que defendían la inocencia del Fiscal General como a los que no. Porque a lo largo del juicio no ha salido ni una sola prueba fehaciente, ni un sólo indicio directo, de que García Ortiz fuera la fuente o el instigador de la revelación de los delitos fiscales de González Amador.
Es más, lo que sí ha ocurrido durante el juicio -y con grabaciones que ha escuchado toda España- es que hasta seis reputados periodistas -Miguel Ángel Campos, periodista de la Ser (que dio la primicia, revelando el 13 de marzo el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso), José Precedo de elDiario.es o Alfonso Pérez Medina de La Sexta, entre otros- han asegurado que ya tenían en su poder la información horas o incluso días antes de que lo supiera el Fiscal General del Estado, y que no fue él, sino otra fuente que no han querido revelar acogiéndose a su derecho profesional, el que puso en circulación la información judicial sobre los delitos fiscales de González Amador.
En un juicio, y más en uno tan sensible y con tantas derivaciones política, sobre una alta institución del Estado, y más si hablamos del Tribunal Supremo, se debe partir de la presunción de inocencia, sólo se debe condenar cuando no existe ninguna duda razonable, cuando existen pruebas fehacientes o indicios incontestables sobre la culpabilidad del procesado.
En este caso, todo ello ha saltado por los aires, ha sido pasado por el barro. Delante de toda la opinión pública se ha arrojado a la basura el testimonio de los periodistas y se ha otorgado mayor credibilidad a las inferencias de la UCO (conjeturas legítimas, pero sin estar respaldadas por pruebas) o de la Fiscal Superior de Madrid, una Almudena Lastra cuya animadversión por García Ortiz no es ningún secreto, lo mismo que fue la que desestimó la investigación penal para los responsables del gobierno madrileño por los «protocolos de la vergüenza» que causaron 7291 muertes de ancianos en las residencias de la Comunidad, en lo más crudo de la pandemia.
Una sentencia que arrastra aún más por el barro la credibilidad -ya bastante erosionada- de la Justicia española, y en la que cinco jueces [todos de adscripción conservadora, y entre los que está el juez Manuel Marchena, el mismo que favoreció a imputados como Ignacio González (caso ático), Jaume Matas (Palma Arena), Francisco Camps (Gürtel) y Rita Barberá, que maniobró contra Baltasar Garzón por haber iniciado el caso Gürtel, o que rechazó investigar a Pablo Casado por su master fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos] parecen haber seguido la consigna que hace tiempo proclamó Aznar: «el que pueda hacer, que haga» (para derribar al gobierno).
«El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado». Quién así ha valorado la sentencia no es un radical ni un exaltado, sino Jose Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo
No hay lugar a la duda. Estamos ante un caso de lawfare, de guerra judicial, de utilización retorcida y torticera de la Justicia para lograr de manera ilegítima y antidemocrática un objetivo político: el cerco y derribo del gobierno de coalición PSOE-Sumar.
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Razones y enemigos no faltan
Desde luego, al gobierno y a Pedro Sánchez no le faltan frentes judiciales que pueden acabar dinamitando esta legislatura, pero no hay que mezclar sus naturalezas. Mientras en el caso de su esposa (Begoña Gómez) y de su hermano (David Sánchez) no está muy claro su fondo penal, el caso de la trama de corrupción de Cerdán-Ábalos-Koldo, donde están implicados ya grandes empresas del Ibex (Acciona) acumula una ingente cantidad de pruebas e indicios, y pueden ser un jaque mate para Moncloa si se demuestra que hubo financiación ilegal del PSOE.
Pero cuando una institución como el Tribunal Supremo (o mejor dicho, el sector conservador de los jueces dentro de él), sin contar con pruebas irrevocables y ante la mirada de la opinión pública, decide defenestrar al Fiscal General del Estado cometiendo un lawfare de libro, está lanzando un mensaje político. El que se ha abierto la veda, el que se puede condenar sin pruebas, el que todo está permitido en pos de hacer caer al gobierno.
Hay que preguntarse qué intereses están en juego para que se arrastre por el barro, para que se degrade hasta este nivel, a las instituciones del Estado: al Supremo, al Fiscal General y al Gobierno.
Demasiado a menudo, nos emplazan a creer que estamos ante las maniobras de la derecha y la ultraderecha (la «fachosfera») y sus terminales mediáticas y judiciales. Que son esas fuerzas las que están dirigiendo la campaña de cerco y aniquilación al gobierno.
Pero si ampliamos un poco el angular, veremos que estos actores y la agudización de los ataques contra el gobierno responden a intereses por encima de ellos. Por ejemplo a los de una administración Trump que en el último mes ha dirigido duros ataques al ejecutivo de Sánchez: por la negativa a aceptar el 5% de gasto militar; por su acercamiento comercial a China; por su posición ante Palestina y contra el genocidio israelí; por querer imponer impuestos a las actividades de las tecnológicas… Y junto a estos intereses hegemonistas están los de una oligarquía que quiere participar en el salto cualitativo al saqueo al 90% que Trump y el capital norteamericano pretende en España.
Es en estas alturas -en los centros de poder oligárquicos y hegemonistas- donde debemos buscar las fuerzas que están dispuestas a todo -incluso a promover un descarado lawfare- para cambiar el color del gobierno de la Moncloa
La jauría de frentes judiciales -con casos reales o infundados- buscan debilitar al máximo al actual gobierno, para paralizarlo, minimizando las concesiones “a la izquierda” y a las clases populares, y también preparando el terreno para otro, encabezado por el PP, con o sin Vox. Esto es lo que explica las sacudidas políticas.
Buscan hacer caer un gobierno que les ha servido bien, y bajo cuyas políticas han ganado mucho, muchísimo. gestionando el avance del saqueo y la multiplicación de sus ganancias. Pero difícilmente el actual ejecutivo, que debe otorgar concesiones “a la izquierda”, puede llevar los planes del hegemonismo y la oligarquía hasta donde exigen. Y algunos posicionamientos del gobierno, con China, con Palestina o con el gasto militar chocan con los planes de Washington y con el el pleno alineamiento que exige el Ibex.
Es en estas alturas -en los centros de poder oligárquicos y hegemonistas- donde debemos buscar las fuerzas que están dispuestas a todo -incluso a promover un descarado lawfare- para cambiar el color del gobierno de la Moncloa, poniendo a un ejecutivo que lleve adelante sus planes sin obstáculos ni cortapisas.