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La ley de Transparencia presentada por Rajoy ha sido publicitada como un avance que «va a romper con el secretismo en el manejo del dinero público». ¿Acaso va a ponerse fin al derroche de las castas políticas, o a endurecerse las penas contra los corruptos? ¿Por fin va a perseguirse a quien regale el dinero público «nuestro dinero- a bancos y monopolios? Nada de eso. El auténtico fin que persigue la «ley de transparencia» es amenazar con duras sanciones a los responsables políticos que no apliquen a rajatabla los recortes que exigen el FMI o Bruselas.
La “ley de transparencia” establece duras sanciones –que pueden llegar a diez años de inhabilitación y pena de cárcel- para “los gestores que incumplan sus obligaciones, en especial las relativas al manejo de los fondos públicos”.
¿Qué significa para Rajoy un “mal manejo de los fondos públicos”? ¿Va a perseguirse, como está ocurriendo en Islandia, a los presidentes y ministros que ya han regalado a los bancos 110.000 millones de dinero público en forma de planes de rescate? ¿Van a exigirse responsabilidades a los políticos que aprobaron las subvenciones y deducciones a los bancos, monopolios y grandes fortunas, que les permiten pagar una cuarta parte de los impuestos que les corresponden?
No, esos regalos a los más poderosos, que han esquilmado las arcas públicas, no son para Rajoy un “mal manejo de los fondos públicos”. /* Style Definitions */
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Sin embargo la Ley de Trasparencia sí contempla sanciones contra quienes “incumplan deliberada y reiteradamente los objetivos de déficit o deuda” o “no presenten planes de ajuste cuando se reclamen”.
Mano dura para que todos los cargos públicos, desde ministros a consejeros autonómicos o alcaldes, apliquen a rajatabla los recortes que exigen el FMI y Bruselas. Este es el corazón de la “ley de transparencia”.
Ya lo explicó la vicepresidenta, Soraya Saéz de Santamaria, al presentar la ley: “con esta norma estamos lanzando un mensaje a los mercados (…) se garantiza que se va a cumplir el déficit”.
Lo que nos anuncia Rajoy es un “transparente” saqueo de las arcas públicas, a beneficio de grandes bancos y monopolios, nacionales y extranjeros.
Y a quien no recorte lo suficiente la sanidad o la educación… A ese sí, destitución, multa, y si hace falta cárcel.