Saqueo crónico

Un 70% de las familias no perciben la recuperación económica (Informe Foessa de Cáritas, 2017). El crecimiento económico tras la dura crisis no se redistribuye socialmente.

La clave para acabar con la pobreza y exclusión social parece lógico que sea el empleo. Acabar con el paro debería ser igual a reducir y eliminar la pobreza. Pero el editorial que abre el Informe sobre Desprotección Scoial y Estrategias Familiares de Cáritas derrumba esta idea: «esas afirmaciones no se corresponden con la realidad que viven las personas con mayor riesgo de exclusión. Sabemos desde hace más de cuarenta años que crecimiento económico y bienestar se relacionan, pero que a partir de determinado punto cada vez se alejan más entre sí.» ¿Cómo puede ser esto? Pues porque, como muchos sufren, existen trabajadores pobres.

La precariedad, trabajos discontinuos, o a tiempo parcial, o en economía sumergida consentida, deja bajos salarios, que desaparecen devorados por altísmos impuestos sobre el consumo más básico, sin permitir ahorro ninguno; o muchas veces sin ni siquiera llegar a cubrir las necesidades básicas de una familia. A lo que los autores añaden que se pone el acento en que salir de la pobreza se basa en «el esfuerzo personal, que es necesario, cómo no, pero si no se dan las condiciones adecuadas en el entorno social, la igualdad de oportunidades continuará en retroceso.»

Crecimiento no repartido

El informe comienza planteando un problema que salta a la vista: el crecimiento económico tras la dura crisis no se redistribuye socialmente. Unos pocos acumulan el beneficio de ese crecimiento y la mayoría que contribuye a él se queda excluida del reparto. Así que «en nuestro actual modelo de sociedad, el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para la reducción de la pobreza y la exclusión social.»

Una encuesta realizada por esta fundación como complemento a su informe concluye que «solo un 9% de los hogares bajo el umbral de la pobreza percibe, en estos momentos, la recuperación económica en sus condiciones de vida.»

Una red agujereada

Los autores han creado un Indice: La red de seguridad de los hogares. Sería la capacidad de una familia para afrontar situaciones adversas. Para calcularlo han usado datos de hasta diecisiete indicadores: estabilidad del empleo, capacidad de ahorro, facilidad para pagar los recibos de luz, agua…

La conclusión es que ha empeorado para las familias su capacidad de ahorrar y el volumen global de sus ahorros; la posibilidad de acometer obras de mejora en su vivienda, su capacidad general de consumo básico, la posibilidad de tener vacaciones al menos una semana fuera de su domicilio; y la posibilidad de hacer frente a alguna necesidad médica no cubierta por la Seguridad Social. Y lo que más ha retrocedido: la estabilidad en el empleo de los trabajadores de cada familia. La concrección en personas de estos índices es demoledor. Por ejemplo: más de 5 millones de personas han empeorado su capacidad de hacer frente a la compra de medicinas que necesitan.

Medidas desesperadas

El estudio afirma que las medidas que han tomado las familias de forma más generalizada frente a la crisis son la reducción del consumo de energía; y la aceptación de condiciones más desfavorables en el trabajo: En cuatro de cada diez hogares se ha aceptado algún trabajo mal pagado (40,3%) y en tres de cada diez casas algún familiar ha aceptado un trabajo sin contrato. 1,5 millones de jóvenes han vuelto a casa incapaces de ser independientes.

Así que no sólo tener empleo es básico para salir del pozo; sino en qué condiciones se acepta actualmente un trabajo sería el matiz a resaltar frente a las ideas interesadamente difundidas desde el Gobierno. En esto la encuesta es demoledora: A una de cada diez personas su trabajo no le permite dedicar el tiempo suficiente a su familia; un tercio de los trabajadores ni tienen, ni esperan que su contrato vaya a convertirse en estable; a casi la mitad esta situación les genera ansiedad; y por último, aún con un contrato legal, un 8,4% afirman que las condiciones de éste no respetan su dignidad como persona.

El acceso a la vivienda, bien en propiedad, bien en alquiler asequible respecto a sueldos próximos al salario mínimo, es otra clave para redistribuir la riqueza: actualmente hay 110.000 hogares realquilados y 73.500 ocupados.

Una sociedad rota

Los autores se preguntan si se dirige el país para que la precariedad se quede como algo fijo, y nos acostumbremos a que es parte de nuestra sociedad. Y concluyen que «junto al hecho objetivo de la instalación de la precariedad como forma habitual y mayoritaria de vivir para un sector relevante de la población, habríamos de sumarle la falta de expectativas de mejora, lo que apuntaría a la hipótesis de la normalización de la precariedad». Situación que incluye que a peores condiciones y expectativas de vida, menor participación política. Quienes más sufren la crisis y menos reciben de la recuperación, se abstienen en mayor proporción y no se organizan políticamente. Esta tendencia sólo se rompe entre los más jóvenes.

El informe se cierra con la conclusión de que cuanto más pobre y excluido es el hogar la recuperación es menor, y en general «el proceso de recuperación en las familias y hogares españoles se muestra todavía reducido en su extensión, débil en su fortaleza e inestable en su duración». El saqueo que sufrimos se convierte en crónico para buena parte de la sociedad.

* Puede descargarse el informe en http://www.foessa.es/