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Los recortes en la sanidad pública cuestan vidas humanas. Esta es una cruel verdad de todos los días, pero duele más cuando se ejemplifica en concreto, cuando se baja a los casos específicos que han matado a personas que segurian vivas de no haber una política de recortes presupuestarios en recursos materiales y en capital humano.
Eso es lo que denunció el doctor Manuel Galiñanes, jefe desde 2010 del servicio de Cirugía Cardiaca del hospital Vall d’Hebron en Barcelona. El especialista ha afirmado ante los medios que la escasez presupuestaria impuesta en la sanidad por la Generalitat de Artur Mas es la culpable directa de la muerte de dos de sus pacientes. Desde febrero del año pasado, Galiñanes se opuso fuertemente a la decisión de la dirección de cerrar quirófanos y camas del área postoperatoria. «Advertí a la gerencia del hospital de que esos cierres podían suponer un riesgo para los enfermos. El gerente me respondió que o estaba con él o contra él», ha denunciado. En estas condiciones, este verano murieron dos de sus pacientes. «Pasamos de operar a 15 pacientes a la semana a asumir solo dos o tres. Pretendían ahorrar con el cierre de camas, pero lo cierto es que los enfermos cardiacos que esperaban hospitalizados para ser operados estuvieron ingresados hasta 20 días, cuando la media antes de la cirugía es de nueve días de ingreso».
El doctor Galiñanes ha llevado su denuncia más allá. «Existe la decisión política de deteriorar, o destruir, la sanidad pública de excelencia, en especial la que ofrece el Vall d’Hebron. La cirugía cardiaca proporciona sustanciosos beneficios a los centros privados. Si los públicos operan menos, algunos pacientes optarán por la privada».
Lo que para cualquier persona es un ejemplo de honestidad profesional y de ética personal por parte de este cualificado cirujano, ha sido sancionado por la dirección del hospital con su fulminante destitución. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha salido al paso de esta polémica desvinculando los recortes en la sanidad pública catalana con las dos muertes. Esto es lo que ha provocado la airada reacción de la asociación Defensor del Paciente, que critica que se pongan en tela de juicio las denuncias que sufren los profesionales de la sanidad, que viven los recortes día a día. «Los recortes matan y más le valiera al señor Ribó (…) después de esto dejar su cargo. Ni es independiente ni defiende a quien debe, a los pacientes y al pueblo catalán, sino a las instituciones que son quienes le pagan», ha afirmado la asociación.
«Existe la decisión política de deteriorar, o destruir, la sanidad pública. Si los hospitales públicos operan menos, algunos pacientes optarán por la privada»
No es el único ejemplo reciente. El pasado mes de septiembre, la asociación Defensor del Paciente tramitó la denucia de dos familias catalanas contra el SEM (Servicio de Emergencias) por omisión del deber de socorro al no enviar una ambulancia cuando llamaron al 061 por una urgencia. Junto a ellas, una decena de casos similares en el último año: llamadas de familiares ante un enfermo que se ha desvanecido o presenta síntomas preocupantes. Una atención burocrática, una ambulancia que no se envía, debido a su escasez. Cuando la familia llama por segunda vez ante una sitiación crí- tica y la atención llega es demasiado tarde.
La plataforma Dempeus per la Salut Pública habla en la misma dirección: “no es mala suerte, son personas que podrían estar vivas”. Las asociaciones contra los recortes en sanidad coinciden también en que la culpa no es de los profesionales sanitarios, que “en general mantienen la calidad de la atención, supliendo los cada vez más escasos recursos con vocación altruista y desinteresada”, sino de unas políticas de recortes criminales que les son impuestas desde arriba, desde la administración autonómica.
Pero por encima de ellas están las imposiciones de austeridad presupuestaria dictadas por las autoridades de la UE o el FMI. De sus despachos salen las órdenes que decretan la muerte por recortes de miles de pacientes al año.