¿Salvar el Estado del Bienestar?

“Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el paí­s de la UE-15 (el grupo de paí­ses más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difí­cil de entender cómo mayores recortes de tal gasto -que el equilibrio presupuestario exige- van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España.”

Se odría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España. (PÚBLICO) LA VANGUARDIA.- El Directorio Europeo ya ha aplaudido la iniciativa española. Desde Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, ha mostrado su satisfacción por la orden cumplida. El día 3 de febrero de este año, en el curso de una visita oficial a Madrid, Merkel pidió a las autoridades españolas que introdujesen en la Constitución un compromiso explícito de contención del déficit público. Esa petición volvió a repetirse hace unas semanas en plena tormenta veraniega sobre la deuda soberana de España e Italia. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, también manifestó ayer su aprobación. El Directorio Europeo aplaude y Zapatero, jaleado por la prensa madrileña que suele machacarlo, exhibe su nuevo papel de españolista unitario. Apenas hay margen para un pacto más amplio, por mucho que lo deseen Rubalcaba y algunos cuadros dirigentes del PP. EL ECONOMISTA.- Petróleos de México (Pemex) y Sacyr ya tienen un plan para el día después de haber conseguido su objetivo de tomar el control de Repsol. La mexicana se quedaría con los activos de la española en Latinoamérica mientras que Sacyr Vallehermoso -como adelantó ayer este periódico- se inyectaría los 4.000 millones de euros que recibirían por la venta del 30% que la petrolera que preside Antonio Brufau mantiene en Gas Natural. Según aseguran fuentes mexicanas consultadas por este periódico,ésta sería la oferta que un antiguo alto cargo de Repsol, Luis Mañas, habría diseñado para los dos miembros del sindicato de accionistas que pretende controlar el 29,8% de la española. Opinión. Público ¿Salvar el Estado del Bienestar? Vicenç Navarro Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, justificaron en las Cortes españolas la constitucionalidad de la medida que aprobaron, que fuerza al Estado a tener un equilibrio presupuestario, con el argumento de que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”. Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público (del cual el gasto público social es el mayor componente) para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto –que el equilibrio presupuestario exige– van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España. Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía y con ello aumentará el crecimiento económico y, por lo tanto, los ingresos al Estado, incluyendo el gasto público social. Pero como bien han señalado Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dean Baker y toda una larga lista de economistas que poseen mayores conocimientos económicos que tales dirigentes políticos, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escasa capacidad de compra y consumo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. De ahí que el argumento de que recortando en momentos de recesión el gasto público se facilitará la recuperación económica es poco creíble. En realidad, la propia experiencia española demuestra el error de tal supuesto. Los recortes de gasto público están contribuyendo al estancamiento de la economía española. Igualmente sorprendente es la argumentación, bastante extendida entre dirigentes del PSOE, que señala que los cambios supuestamente introducidos por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, salvan tal reforma porque garantizan la supervivencia e incluso refuerzan el Estado del bienestar. Así, Felipe González señaló recientemente (30-08-11) que, aun cuando la propuesta inicial del Partido Popular –que era exigir un déficit cero en los presupuestos venideros– era un “disparate”, saludó, sin embargo, la propuesta final aprobada, gracias a la intervención del candidato Rubalcaba, que permitirá un déficit de un 0,4% del PIB. Tal porcentaje es, a todas luces, excesivamente bajo. En realidad, en los últimos 20 años, tal como ha subrayado David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15. Se podría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España. Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia). En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad. El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal. De todo lo dicho es difícil concluir que las medidas propuestas salvarán el Estado del bienestar. En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008. La reducción del déficit público, requerido por el criterio de Maastricht, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros, pero sólo un 1,7% para la mayoría de la población que tributa al Estado), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social. Durante aquel periodo, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente, de forma que en 2007, al inicio de la crisis, tal déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 era mayor que en el año 1993, cuando se iniciaron las políticas de austeridad. En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar. Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro. PÚBLICO. 1-9-2011 Opinión. La Vanguardia Zapatero exhibe el pacto con el PP, excluye a CiU y palmea a Rubalcaba Enric Juliana "¡Anda…, los donuts!". Así –como en aquel anuncio televisivo de los años setenta en el que un atribulado escolar echaba en falta el azucarado desayuno– han reaccionado destacados dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español ante la aspereza del primer debate parlamentario sobre la reforma exprés de la Constitución. "¡Anda…, los catalanes!". Personas muy implicadas en la negociación de la letra pequeña del acuerdo emitían ayer inconcretas señales de acercamiento a Convergència i Unió. En el cuartel general del PP, pensando en el futuro; en el inmediato futuro. ("Aunque alcancemos la mayoría absoluta, sabemos que España necesitará grandes acuerdos", señalaba ayer una fuente del centroderecha). Desde la sede central del PSOE, calculando las pésimas consecuencias de un mayor hundimiento electoral del socialismo en Catalunya. Unos y otros parecían conscientes de que, con tantas prisas, alguna cosa no se ha hecho del todo bien. ¿Todos lo creen así? No. El principal impulsor de la reforma, José Luis Rodríguez Zapatero, no emitió ayer ninguna señal de acercamiento a CiU, la formación que impidió que España cayese en el abismo en mayo del 2010, cuando estuvo a punto de fracasar en el Congreso el primer plan de ajuste ordenado por el Directorio Europeo. En comparecencia conjunta con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, de visita oficial en Madrid, el presidente del Gobierno se expresó con notoria displicencia sobre la actitud de protesta de Josep Antoni Duran Lleida en el debate parlamentario del pasado martes. De manera bien visible Zapatero no quiso abrir ningún espacio de negociación. El pacto está cerrado y es cosa de dos. Sagasta y Cánovas. Cánovas y Sagasta. El hombre del talante considera la cosa más normal del mundo marginar a la fuerza política que gobierna Catalunya (la comunidad que encabeza el ranking español de producción industrial y exportaciones) de la primera reforma de calado de la Constitución de 1978, a cuya redacción la esfera política catalana aportó dos de los siete ponentes (Miquel Roca Junyent y Jordi Solé Tura). Displicente e irónico, Zapatero situó un posible acuerdo con CiU en el marco de la ley orgánica que deberá desarrollar el reformado artículo 135 de la Constitución. En el mismo tono se pronunció el presidente sobre las opiniones críticas ("Yo lo hubiera hecho de otra manera") formuladas en las últimos días por el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero quitó hierro a la disidencia, asignó a Rubalcaba el papel de eficaz ejecutor de sus designios y se permitió incluso un leve sarcasmo: "Estamos más cerca que nunca". Orgulloso de la disciplina mostrada por el grupo parlamentario socialista (con el único voto en contra del diputado Antonio Gutiérrez Vegara), el presidente se mostró convencido de que la reforma será de gran utilidad para la estabilización de la deuda pública española en los próximos meses. Esa es –insistió ayer– la razón de tanta urgencia. A su lado, Passos Coelho, primer ministro de un país directamente intervenido por la Unión Europea y por el Fondo Monetario Internacional, medía la distancia entre Madrid y Lisboa. Preguntado sobre si Portugal se siente estimulado por el ejemplo español, echó pelotas fuera: la reforma constitucional podría ser deseable, pero ha de ser consultada con el Partido Socialista y entre tanto es de gran utilidad la ley de estabilidad presupuestaria. El Directorio Europeo ya ha aplaudido la iniciativa española. Desde Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, ha mostrado su satisfacción por la orden cumplida. El día 3 de febrero de este año, en el curso de una visita oficial a Madrid, Merkel pidió a las autoridades españolas que introdujesen en la Constitución un compromiso explícito de contención del déficit público. Esa petición volvió a repetirse hace unas semanas en plena tormenta veraniega sobre la deuda soberana de España e Italia. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, también manifestó ayer su aprobación. El Directorio Europeo aplaude y Zapatero, jaleado por la prensa madrileña que suele machacarlo, exhibe su nuevo papel de españolista unitario –inmejorable póliza de seguros para un retiro tranquilo en León y en el Consejo de Estado–. Apenas hay margen para un pacto más amplio, por mucho que lo deseen Rubalcaba y algunos cuadros dirigentes del PP. CiU se encamina hacia la abstención en la votación de mañana viernes en el Congreso. Duran ha dado un sonoro palmetazo sobre la mesa, pero el catalanismo (CiU y los demás partidos que lo conforman) también ha de cuidar sus relaciones con París y Berlín. Sin Europa, el catalanismo es humo. Y el anuncio de los donuts concluía con la siguiente frase: "Anda…, la cartera!" El día 6 los sindicatos protestarán en Madrid y se espera una pronta reaparición del 15-M. ¿Con qué dimensión? LA VANGUARDIA. 1-9-2011 Monopolios. El Economista Pemex pone en su punto de mira los activos de Repsol en Latinoamérica F. Llera Petróleos de México (Pemex) y Sacyr ya tienen un plan para el día después de haber conseguido su objetivo de tomar el control de Repsol. La mexicana se quedaría con los activos de la española en Latinoamérica mientras que Sacyr Vallehermoso -como adelantó ayer este periódico- se inyectaría los 4.000 millones de euros que recibirían por la venta del 30% que la petrolera que preside Antonio Brufau mantiene en Gas Natural. Según aseguran fuentes mexicanas consultadas por este periódico,ésta sería la oferta que un antiguo alto cargo de Repsol, Luis Mañas, habría diseñado para los dos miembros del sindicato de accionistas que pretende controlar el 29,8% de la española. Mañas, que ha sido director financiero de la petrolera y máximo responsable de planificación y control, sería el autor de la estrategia a través de la que Pemex y Sacyr se repartirían la compañía y quien se habría encargado de buscar esa solución de urgencia después de que, antes del verano, el Santander advirtiera a Sacyr de que no le iba a refinanciar si no presentaba una serie de avales. Troceo de Repsol A través de este movimiento, se produciría un troceo de la compañía por el que la petrolera mexicana pasaría a controlar todos los activos de Repsol en Latinoamérica. Es decir, sería el lider absoluto en México, donde la española posee una fuerte presencia tanto en exploración y producción como en refino, suministro y comercialización de productos petrolífero. Además, tendría acceso a la tecnología de la petrolera española en el campo del Golfo de México. Pero esa potencia se extendería al resto de países con especial relevancia en Brasil, donde Repsol posee una importante pacto de colaboración con el gigante Sinopec. Según aseguran las fuentes que tuvieron acceso a la redacción del texto acordado por Pemex y Sacyr, el acuerdo al que habrían llegado ambas contemplaría la venta de esos activos a la petrolera mexicana "en un plazo razonable". La mexicana habría introducido ese matiz ante los problemas de liquidez por los que atraviesa. Pemex mantiene una deuda cercana a los 35.000 millones de euros y para este año se ha marcado como objetivo captar fondos por valor de 5.545 millones de euros. Además, el compromiso de la petrolera, que en España está representada por Juan José Suárez, es adquirir un 5 por ciento "durante las próximas semanas" -según admitió en un comunicado- lo que en los niveles actuales de cotización le obligaría a un desembolso adicional de 1.200 millones de euros para situar su participación en la española en el 9,8 por ciento. Elevar el dividendo para contentar a Sacyr Las mismas fuentes consultadas por este periódico dan por seguro que tras una eventual toma de control por parte de los dos accionistas la politíca de dividendos -uno de los asuntos que mayores enfrentamientos ha provocado entre Sacyr y la actual dirección de la petrolera- sería revisada al alza lo que aportaría mayor liquidez a la constructora que preside Luis del Rivero, pero también a la mexicana. Pemex, mientras intenta cuadrar los números, trabaja en paralelo en dejar bien atado un acuerdo político. Y, en esa tarea, cuenta con el respaldo del Gobierno que preside Felipe Calderón. El Ejecutivo mexicano, como máximo accionista de la petrolera, respalda las intenciones de la compañía pública y, prueba de ello, es la implicación directa del embajador de México en España, Jorge Zermeño, en las negociaciones. De hecho, en el encuentro que mantuvieron el martes el presidente de Sacyr y el director general de Pemex con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, también estuvo presente el canciller mexicano para explicar los planes del sindicato de accionistas en la petrolera que preside Antonio Brufau. Fuentes conocedoras del desarrollo de las negociaciones interpretan la fuerte implicación del Ejecutivo mexicano por la relativa proximidad de las elecciones, que se celebran el 1 de julio de 2012 y que podrían devolver el poder al PRI. A través de una operación de este calado, el actual gobierno podría presentar un aval más para su reelección al presentarse a los comicios con una petolera estatal bajo el brazo mucho más fortalecida. El apoyo del Gobierno español, cuya continuidad se someterá a las urnas el próximo 20 de noviembre, también sería determinante para el éxito del asalto a Repsol y habría quedado patente tras la bendición oficial del ministro Sebastián, quien se conformaría con garantizar la "españolidad" de la petrolera que preside Antonio Brufau. Pero en el ámbito político no todo son palmadas en la espalda. El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, lamentó ayer que una operación tan relevante como ésta se haga al final de la legislatura. "Es una operación de naturaleza empresarial, pero son operaciones, sin duda alguna, de gran entidad porque afectan a sectores estratégicos de nuestra economía y de nuestra internacionalización, y nos gustaría que se plantearan con cierto sosiego, no al final de la legislatura y que se vieran sometidas a procedimientos clarificadores", dijo. Para el exministro Montoro no es aconsejable que en esta coyuntura "de agotamiento de la legislatura se precipiten decisiones empresariales que van a condicionar a todos cara al futuro". "Habría que pedir que este tipo de operaciones no se plantearan a final de legislatura y siempre se planteen en favor de todos los accionistas, principalmente de los minoritarios, del pequeño ahorrador, que es como realmente se tienen que acometer este tipo de operaciones empresariales de tanta envergadura", concluyó. De hecho, Carlos Slim -accionista de Caixabank que a través de Criteria posee el 12,97 por ciento de Repsol- habría hecho llegar su malestar al gobierno mexicano por una operación que, según lamenta, se ha hecho a espaldas del resto de los accionistas de la petrolera, siempre según las mismas fuentes consultadas por este periódico. Malestar en el consejo Este malestar estaría empezando a extenderse a buena parte del consejo de administración. Aunque la mayoría -como ha hecho La Caixa a través de un comunicado oficial- no tiene previsto pronunciarse hasta la celebración del consejo de administración ordinario convocado para el próximo 28 de septiembre, algunos de los consejeros consultados por este periódico se preguntan cómo va a imponer el 30 por ciento de los accionistas de la compañía su criterio al 70 por ciento restante. El consejo, que en su mayor parte cierra filas con Brufau, está expectante ante la estrategia que tienen previsto seguir Pemex y Sacyr a la vez que advierten que defenderán los intereses de la mayoría frente a los de una minoría que quiere tomar el control de la petrolera, según denuncian algunos de los independientes que han accedido a hablar con este periódico y que prefieren mantener el anonimato. Desde la petrolera española insisten en que velarán por los intereses de todos los accionistas, mientras que Sacyr y Pemex se remiten a la comunicación a la CNMV. EL ECONOMISTA. 1-9-2011

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