Cargando...El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas que los inmigrantes sin permiso de residencia, excluidos de la asistencia sanitaria pública en virtud de un decreto reciente, podrán recuperarla pagando una especie de seguro de unos 60 euros al mes para personas de entre 18 y 65 años y de unos 155 euros para mayores de esa edad. La medida ha sido rechazada por colectivos médicos y varias autonomías, que temen el desmantelamiento del actual modelo sanitario, universal y gratuito.
Una consecuencia de esa universalidad ha sido hasta ahora la consideración de la asistencia sanitaria como un derecho de la persona, no condicionado por situaciones más o menos transitorias, como la de carecer de papeles. Esto es lo que ahora se ve amenazado, en el marco de los ajustes emprendidos por el Gobierno. No es discutible la necesidad de reducir el gasto sanitario, con independencia de la actual crisis, pero sí los métodos que se empleen.