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En las entrevistas que está manteniendo estos días con los presidentes de las comunidades autonómicas Zapatero va ofreciendo un fondo distinto para cada demanda del presidente autonómico de turno, así tenemos Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Suficiencia Global, Fondos de Convergencia Autonómica… y ayer se sacó de la chistera un nuevo fondo destinado a las comunidades autónomas que no logran aumentar población o incluso la pierden, un nuevo Fondo Demográfico.
El nuevo modelo de financiación autonómica suone en la práctica un ataque al principio de solidaridad que garantiza la igualdad entre los españoles y la cohesión social; y debilita más aún al Estado, instrumento imprescindible para la igualdad y la solidaridad, ello cuando la crisis está demostrando que es necesario un Estado fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos de a pie. Se proponen fondos adicionales por el Gobierno en el momento en el que no los hay. No podemos separar la financiación autonómica de la realidad económica de España en la actual situación de grave crisis. Tanto las comunidades autónomas como el Estado deben adoptar medidas de reducción del gasto público, y no se puede basar el sistema de financiación autonómica en unos recursos procedentes del déficit o de la deuda pública. Y es que tales propuestas se producen en pleno déficit del Estado, que podría superar el 5% en 2009. Prácticamente desaparece el existente Fondo de Compensación Interterritorial, basado en el principio de solidaridad, que debería ser reforzado, y a cambio se inventa un “Fondo de Cooperación” expresión del principio de “dar limosna a las comunidades pobres”. La propuesta limita la solidaridad cediendo así a la exigencia del Estatuto catalán de la llamada “nivelación parcial” y dejando al margen servicios esenciales, de tal forma que podrá haber servicios y ciudadanos de primera y de segunda, según la capacidad fiscal de la comunidad autónoma. La propuesta se basa en un falso concepto de “esfuerzo fiscal” de los territorios, y no de las personas. ¿Pero es admisible que la mayor contribución fiscal de las personas más ricas deba ser compensada con más o mejores servicios para ellas? Pues es lo que se propone para las comunidades. Y mantiene los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra, que permite unas prestaciones a sus ciudadanos escandalosamente superiores, y constituye un sangrante ataque a la igualdad de todos los españoles.