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Miguel Angel Navarro es un autónomo que gastó 20 millones de las antiguas pesetas en comprar su camión. Hoy ya se lo han embargado, y no tiene ni para dar de comer a sus gemelas. Ha escrito una carta a Moncloa y la única respuesta que le dan es que se dirija a los comedores públicos para poder alimentarse, o incluso que acuda a su comunidad para que ésta le facilite una familia que se encargue de la manutención de sus hijas. Esta es la dramática situación a que la crisis ha arrojado a muchos autónomos, y no pocas pymes. Y esta es también la «preocupación» del gobierno de Zapatero ante un sector de tres millones de personas, responsable del 90% del empleo y el tejido productivo español. Y ha impulsado a tres organizaciones de pymes y autónomos ha protagonizar la primera manifestación del sector, que concluyó entregando en el Congreso un documento con 54 propuestas.
Cada hora desaarecen en España 40 pymes. Hasta 50.000 cerraron el año pasado, asfixiadas por las deudas. Cada día. 1.000 autónomos bajan la persiana, 134.574 durante 2008. Y la cifra sigue creciendo, en lo que llevamos de año han quebrado 60.000 autónomos.Los efectos de la crisis se ceban de forma sangrante sobre un colectivo que representa a tres millones de personas, y de cuya actividad dependen millones de familias.Por eso, autónomos y pymes han decidido salir a la calle, protagonizando el pasado jueves la primera movilización de la historia del sector. Tres organizaciones (la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, PIMEC, y su homónima en Baleares, PIMEB) convocaron una manifestación que concluyó en las puertas del Congreso, entregando a los diputados un documento con 54 medidas para salir de la crisis, recogiendo las principales exigencias del sector.Autónomos y pymes exigen que, “mientras que la economía española no registre tasas de crecimiento positivas”, el ICO agilice las líneas de crédito, proponiendo crear otro tipo de financiación paralela, en forma de créditos directos de las administraciones públicas o con avales estatales.El gobierno de Zapatero ha decidido que todas las líneas de crédito del ICO pasen por los bancos, que se niegan a concederlas si no es a un elevado interés, impidiendo con ello que el dinero llegue a las pymes.¿Por qué el gobierno no concede directamente el dinero, evitando la onerosa labor de intermediarios de los bancos? ¿Por qué la gran banca merece 200.000 millones de euros en avales públicos, mientras que a las pymes se les deniega?Los convocantes exigen también una reforma urgente de la Ley de Morosidad, que parece pensada para fomentar la quiebra de las pymes. Los retrasos de la administración –el Estado debe a las pymes 5.000 millones de euros- o grandes empresas en los pagos a las pymes, que no tienen mecanismos para defenderse, son una losa creciente. Mientras que las pymes deben pagar un interés usurero, del 7%, cuando incumplen en alguna demora.¿Por qué ese doble rasero?En el ámbito fiscal, pymes y autónomos reclaman la reducción de 5 puntos del Impuesto de Sociedades, la exención del Impuesto de Sucesiones a parientes de consanguinidad o rebajas selectivas del IVA a determinados productos para activar el consumo.¿Por qué las grandes fortunas sólo tributan un 1% de sus beneficios, mientras que un pequeño comerciante paga a Hacienda el 30% de sus ganancias? ¿No sería lo justo exactamente lo contrario, un cambio que incrementara los impuestos a bancos y grandes monopolios, mientras que lo redujera drásticamente a pymes y autónomos?La satisfacción de las reivindicaciones de pymes y autónomos exigen un drástico cambio en la política económica del país, orientada a salvaguardar los beneficios de grandes bancos y monopolios, mientras carga una pesada losa sobre trabajadores, autónomos y pymes.