Cargando...El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal` aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.
El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.
A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:-Francisco Correa, cabecilla de la trama;-Pablo Crespo, su mano derecha;-Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;-Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;-Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;-Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;-Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;-María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;-José Luis Ulibarri, empresario leonés;-César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;-José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla; -Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;-Jesús Merino, exsenador del PP;-Fernando Martín, dueño de Martinsa;-Elena Villarroya, exmujer de González Panero;-Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;-U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.