Cargando...Manuel Rosales, principal líder de la oposición, candidato presidencial derrotado en el escrutinio de diciembre de 2006 y actualmente alcalde de la ciudad de Maracaibo, está en el punto de mira de la justicia venezolana. Es sospechoso de corrupción y de enriquecimiento ilegal durante su mandato como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004.
El líder oositor venezolano Manuel Rosales se negó ayer a presentarse ante la Justicia de su país para declarar por supuesto enriquecimiento ilícito tras denunciar desde la clandestinidad que se trata de una persecución política en su contra.»La comparecencia de Rosales ante una corte de Caracas sería un sacrificio inútil, dadas las evidencias de que el juicio contra su persona está amañado», declaró Omar Barboza, presidente del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por el propio Rosales, quien se encuentra en la clandestinidad desde que se emitiera una orden de detención en su contra hace dos semanas.A su vez, Barboza reveló que un equipo del partido se encuentra tramitando un pedido de asilo político para el alcalde de Maracaibo, aunque todavía no especificó ante qué país sería.Mientras tanto, desde el oficialismo cargaron con todo contra el ex gobernador del estado de Zulia, a quien calificaron de cobarde por no presentarse ante los tribunales.Carlos Escarrá, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue el primero en lanzar sus críticas.»No se necesitaba ser futurólogo para saber que Rosales no se iba a entregar», ironizó el diputado.»El señor Rosales sigue huyéndole a la Justicia venezolana. Lo que dijimos hace tres semanas de que Rosales era un cobarde porque se había fugado y escondido fue lo que se cumplió. Sencillamente, la estructura moral del señor Rosales no le permite enfrentarse a la Justicia venezolana porque se va a desvanecer», remató Escarrá.Luego fue el turno de Mario Isea, uno de los principales acusadores de Rosales, quien advirtió que otorgarle asilo político al líder opositor sería cometer un acto ilegal.»Si alguna embajada le otorga asilo político a Rosales actuará políticamente y apartado del derecho internacional», precisó el diputado, quien lamentó que parte de la oposición se solidarice con Rosales, a quien calificó de delincuente común.Manuel Rosales fue acusado en marzo pasado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito durante el período 2002-2004, en que todavía era gobernador del estado occidental de Zulia, por lo que podría recibir una pena de entre tres y diez años de cárcel.La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para el ex gobernador y ex candidato presidencial, pero iba a terminar de confirmarla o anularla en la audiencia judicial prevista para el día de ayer. Ante la ausencia del imputado, la Fiscalía decidió congelar sus bienes por el doble de lo que se calcula fue el daño patrimonial causado.Por su parte, Rosales había dado signos de que se presentaría a declarar. En primer lugar, el pasado 8 de abril, el alcalde de Maracaibo había notificado por decreto su ausencia del cargo durante quince días para preparar su defensa.Además, en una carta abierta divulgada el martes pasado desde la clandestinidad, Rosales había dicho que lucharía contra los cargos presentados en su contra.Fuentes diplomáticas en Perú aseguraron que el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, el principal líder de la oposición, se encuentra en Lima desde el domingo pasado en busca de asilo, según publicó hoy el diario El Comercio.El líder opositor venezolano también puede haber solicitado asilo político en diversas representaciones extranjeras acreditadas en Lima, agregó el rotativo peruano. No es de estrañar, las relaciones entre Carlos Andrés Pérez y Alan García vienen de lejos y da la «casualidad», o no, que los dos han sido prófugos de la justicia por corrupciónManuel Rosales, principal líder de la oposición, candidato presidencial derrotado en el escrutinio de diciembre de 2006 y actualmente alcalde de la ciudad de Maracaibo, está en el punto de mira de la justicia venezolana. Es sospechoso de corrupción y de enriquecimiento ilegal durante su mandato como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004. Confirmando las sospechas en su contra, en vez de presentarse ante la justicia y probar su inocencia, Rosales prefirió fugarse, acusando al mismo tiempo al presidente Chávez de ordenar su arresto.Rosales, cuyo juicio se transfirió a Caracas después de que se entrevistara con cuatro jueces del Estado de Zulia, es sospechoso, entre otras cosas, de donar más de 300 vehículos pertenecientes al Estado a familiares y amigos, de abrir empresas en Miami cuyos activos superan los 11 millones de dólares y de recibir sobornos por parte de la empresa alemana Siemens para la construcción del metro de Maracaibo. Esta multinacional reconoció que había pagado ciertas sumas para conseguir el contrato.