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Representantes de hasta 30 asociaciones reunidas en la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes se manifestaron a las puertas del Congreso, para denunciar el brutal endurecimiento que representa la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por Zapatero. Arsenio García, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fue suficientemente explícito al afirmar que «es una ley policial, basada en el control, no en la integración, que ahonda en la criminalización del inmigrante y la dinámica de racismo que abren directivas como la de retorno de la Unión Europea». En época de crisis, Zapatero ha sacado el látigo contra uno de los sectores de trabajadores que más están sufriendo los efectos de la recesión.
Para el ortavoz de CEAR, "la crisis hace que éste sea el momento más inoportuno para llevar a cabo la reforma". Una denuncia que secundaba Ana Abril, coordinadora de Desarrollo Social de Cáritas Española, al afirmar que "la situación de crisis no es excusa para retroceder en derechos y libertades". Y es que resulta prolija la enumeración de los recortes de derechos fundamentales que supone la nueva Ley de Extranjería aprobada por Zapatero. La nueva Ley aumenta el periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de los sin papeles -que, según la denuncia de las ONGs, son “peores que las cárceles”- de 40 a 60 días. Se dificulta el acceso al empadronamiento, permitiendo sólo la inclusión en el Padrón a quienes tengan autorización de o estancia o residencia legal en España. Lo que va a llevar a la exclusión a muchos inmigrantes sin permiso, que no van poder tener acceso a derechos fundamentales como recibir asistencia sanitaria o educación. La reforma plantea una nueva condición para acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda: la residencia de larga duración, que se obtiene tras permanecer legalmente al menos cinco años en el país. Esto constituye una política que incrementará la exclusión social y las situaciones de infravivienda. De la misma manera, se limita la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes a los mayores de 65 años, vulnerando el derecho a vivir en familia reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos", y facilitando situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Para colmo, existe la posibilidad de que una mujer extranjera en situación irregular, víctima de violencia machista, pueda ser repatriada. Zapatero ha cambiado el “papeles para todos” por “represión para todos”. Ha bastado la irrupción de la crisis, y la necesidad de cargar las deudas de la gran banca sobre las espaldas de los trabajadores. Durante los años de bonanza, los brazos de los trabajadores inmigrantes han sido sobreexplotados, reportando ingentes beneficios a constructoras y bancos. Ahora, el látigo de Zapatero se levanta contra ellos.