Cargando...
Cataluña ha sido históricamente el principal motor del desarrollo de la industria española, ahora sufre un feroz proceso de desindustrialización que la empobrece y la hace más dependiente. La pérdida de empleos industriales se ha sustituido por puestos de trabajo en el sector servicios con menos salarios, peores condiciones laborales.
Cataluña ha pasado de ser motor industrial de España a convertirse en planta subsidiaria de los grandes monopolios extranjeros, que controlan y mediatizan la mayor parte del tejido industrial catalán. Obligándonos a competir en bajos salarios y peores condiciones laborales con el este europeo.
Cataluña ha perdido más tejido industrial que Madrid y el País Vasco en las últimas dos décadas, en las que ha perdido 8,9 puntos respecto al PIB, equivalentes a 14.000 millones de euros, según un informe del Círculo de Empresarios. A lo que hay que sumar el daño provocado por el “procés” y la salida de empresas.
Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una base fundamental de la economía productiva catalana, son las que más han sufrido las consecuencias.
Según datos de la Generalitat incluidos en un informe de la patronal Foment de Treball, entre 2009 y 2014 se perdieron 1.426 empresas medias y 11.506 pequeñas empresas con plantillas de entre 10 y 49 trabajadores.
Es imprescindible una política de reindustrialización que impulse el tejido productivo en Cataluña y recupere la soberanía perdida.
Y hay recursos más que suficientes. Hay que aplicar medidas como:
– La recuperación del dinero de los rescates bancarios y obligar a los tres grandes bancos, La Caixa, Sabadell y BBVA que se han quedado con el Banco de Valencia, la CAM y CatalunyaBAnc por un euro a contribuir.
-Creando un Fondo de Reindustrialización y Empleo, con 25.000 millones de euros para que Cataluña recupere el tejido industrial perdido, vinculado a dar un salto en la modernización basada en las nuevas tecnologías y el desarrollo de energías renovables y a la lucha contra el paro y la precariedad laboral.
Un plan de Urgencia, Reintegración y Solidaridad Social
Cataluña no es un “oasis” social como nos han querido presentar los Artur Mas, Puigdemont y Junqueras. Al contrario bajo el “procés” se oculta un mar de pobreza y exclusión social. Dos de cada 10 catalanes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Y una parte importante son “trabajadores pobres”.
Es la segunda comunidad, después de Andalucía, en número de hogares sin ningún tipo de ingresos. Sigue ocupando un lugar destacado por desahucios. Uno de cada cuatro niños catalanes vive bajo el umbral de pobreza. Más del 10% de los hogares, concentrados en los barrios y ciudades donde se concentra la mayoría del pueblo trabajadores padece pobreza energética y tiene graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de energía, y agua en sus viviendas.
Los recortes sociales han agravado esta situación y es necesario aplicar un programa urgente cuyo objetivo tiene que ser doble. Ayudar a las personas más vulnerables, ninguna familia ha de quedar abandonada a su suerte. Ha de ser un programa solidario. Pero al mismo tiempo ha de ser de reintegración, con el objetivo no solo de proteger, sino de crear las condiciones para dar una salida digna y reintegrar a las personas bien a la enseñanza, en el caso de los más jóvenes, o a la cualificación y al mercado laboral.
Un plan con medidas como:
– Una renta básica equivalente al Salario Mínimo de 708 euros, más 200 euros por niño, para las más de 110.000 familias sin ingresos, a cambio decompromisos para la reintegración.
– Acabar con los cortes de servicios básicos de energía y agua, garantizando estos servicios en todos los hogares en riesgo de pobreza y exclusión social.
– Paralización de los desshucios. Y una ley de Vivienda que garantice, entre otras cosas la moratoria en el pago de hipotecas a las familias en paro o con ingresos por debajo de 1.000 euros al mes. Así como un parque público de alquileres sociales.
Auditar la deuda y liberar recursos
El total de la deuda de la Generalitat se ha triplicado desde 2008, asciende a 76.727 millones de euros. La cifra más abultada de todas las autonomías. Sobre cada catalán recaen 10.000 euros.
Solo el pago de los intereses supone obligaciones de pago de casi 2.000 millones anuales. A lo que hay que sumar la devolución del capital, que va a representar, solo el próximo año, una factura de 9.000 millones de euros.
Es necesaria una auditoría independientemente de la deuda para determinar qué parte es ilegítima y, por lo tanto los ciudadanos no estamos obligados a pagarla, que se reclame a los responsables.
Y al mismo tiempo negociar con los acreedores una moratoria en el pago de los intereses hasta que la economía crezca de forma sostenida por encima del 3% y el paro baje del 10%.