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Parece que la Comunidad de Madrid está dispuesta a acabar en un breve espacio de tiempo lo que costó 25 años levantar. Desde finales del pasado 2011, tanto trabajadores como usuarios de la red de Drogodependencias están siendo testigos del cierre de distintos recursos de atención a personas drogodependientes.
En marzo de 1987 tuvo lugar en Madrid la primera movilización popular sin precedentes en España orquestada por la coordinadora de barrios y Madres Contra la Droga, en la que exigían a las administraciones públicas respuestas eficaces al grave problema social y de Salud Pública que suponían las drogas. Esta demanda supuso un punto de inflexión en el tratamiento del drogodependiente, puesto que hasta entonces, la respuesta de la administración había sido prácticamente la represión policial, juzgados y cárcel. Se comenzaron a vertebrar nuevos abordajes, nuevas perspectivas para el tratamiento de las adicciones, en las que la meta del tratamiento no fuera solo la desintoxicación o abstinencia de la persona, sino que además supusiera un retorno a la plena funcionalidad personal, social y laboral. 25 años de mucho trabajo e investigación para conseguir la Red Asistencial de Drogodependencias actual.
Pero parece que la Comunidad de Madrid está dispuesta a acabar en un breve espacio de tiempo lo que costó 25 años levantar. Desde finales del pasado 2011, tanto trabajadores como usuarios de la red de Drogodependencias están siendo testigos del cierre de distintos recursos de atención a personas drogodependientes. Se incluye dentro de estos recursos afectados aquellos de atención y prevención, reducción de daños, comunidades terapéuticas, pisos de autogestión etc. de la red de drogas de la Comunidad de Madrid, dejando sin posibilidad de continuar o comenzar un tratamiento de deshabituación a cerca de dos tercios de personas con adicción a las drogas. Además, esto supone la pérdida del empleo de más de 250 trabajadores/as que ven limitada su posibilidad de trabajar debido a los continuos recortes en el ámbito social.
Y es que el 2012 comenzó con la desaparición del Centro Asistencial de Reducción de Daños ”Las Barranquillas”, conocida comúnmente como “La Narcosala”, que fue desmantelada el 1 de Enero, lo que ha supuesto el despido de 42 profesionales de la empresa subcontratada por la Agencia Antidroga, Fundación Salud y Comunidad. Este centro contaba con diversos programas dirigidos a la población drogodependiente más deteriorada tanto a nivel físico, social y psíquico, proporcionándoles una atención básica en los aspectos fundamentales de subsistencia. Además desempeñaban una labor primordial como centro de captación para futuros procesos de normalización del drogodependiente. Además de estos despidos, La Fundación Salud y Comunidad tendría que sumar otros 20 que tuvieron lugar en Junio con el cierre del Centro de Acogida La Rosa (la Cristalera), en el cual se atendía a personas sin hogar, dándoles tanto servicios básicos como atención social, psicológica y sanitaria.
Con el comienzo del 2012 tampoco abriría sus puertas el Programa Sustitutivo de Opiáceos de Antonio López, programa gestionado por CES Proyecto Hombre conveniado con el Ayuntamiento de Madrid. Esto supuso la derivación de cerca de 300 pacientes a otros centros con la consecuente sobrecarga de trabajo para algunos de estos centros, como es el caso del CAD de Villaverde que recibiría unos 100 pacientes más. Pero este no es el único cierre que ha tenido que afrontar Proyecto Hombre. El próximo 29 de febrero, se procederá al cierre de la Comunidad Terapéutica de El Batán, cuya subvención procede de la Agencia Antidroga. Dicha comunidad, está constituida por tres comunidades, Batán, La Vega y Los Álamos. En las tres se realizan programas residenciales con tratamiento psicológico, sanitario y socio-educativo. Los Álamos cuenta con la particularidad de ser una comunidad exclusivamente para menores, la única existente en la península.» Hace 25 años las madres salieron a las calles a defender un tratamiento digno para sus hijos»
Estos dos cierres, junto a la pérdida de otros contratos con la administración, le han llevado al cierre también de recursos propios como son el Piso de Reinserción Residencial Rivas I y el Piso del Programa Extra-penitenciario Rivas II, y a realizar un ERE de extinción con 91 despidos, que junto a despidos realizados anteriormente, ha visto reducida su plantilla a la mitad.
Pero no son las únicas empresas afectadas ni los únicos recursos cerrados. Más de la mitad de los pisos para drogodependientes también han echado la llave, siendo algunos de ellos: tres pisos de Punto Omega, al menos 40 trabajadores a la calle; 4 pisos de Mundo Justo con 20 profesionales; dos pisos de Proyecto Hogar, 20 trabajadores al menos; ASPAD cierra el Piso de Estancias Breves con 7 trabajadores.
La respuesta ante estos cierres por parte de la Gerente de la Agencia Antidroga, Almudena Pérez, ha sido que “El perfil del drogodependiente está cambiando”, alegando que muestra de ello es que los recursos están medio vacios. En respuesta a esto, los trabajadores de la Red de Drogas exponen que han sufrido continuas devoluciones de informes de derivación a estos recursos por parte de la Agencia Antidroga, provocando que estos recursos no estén completos a pesar de la demanda por parte de los pacientes y exista lista de espera para el acceso a estos, poniendo de manifiesto la estrategia llevada por la Agencia para justificar el desmantelamiento de la actual Red de Drogodependencias.
Almudena Pérez también asegura, que aun que se estén cerrando centros, han sido publicados concursos para nuevos recursos. Pero echando un vistazo a los pliegos de prescripciones técnicas se evidencia que las condiciones de los mismos suponen una enorme merma en cuanto a calidad de tratamiento se refiere y a las condiciones laborales para los profesionales. Esto sin mencionar el nuevo énfasis en la sanitarización y medicalización de las personas drogodependientes, dejando de lado el ámbito social y educativo, imprescindibles para una óptima atención y reinserción de la persona drogodependiente, como ha quedado sobradamente demostrado en estos últimos años. Ejemplo de esto es el nuevo Centro Residencial de Tratamiento de Drogodependientes que sustituirá a la Comunidad Terapéutica de “El Batán”, donde el personal será básicamente clínico.
Hace 25 años las madres salieron a las calles a defender un tratamiento digno para sus hijos. 25 años más tarde los hijos de aquellas madres salen a las calles para defender que si a ellos les dieron la oportunidad de salir adelante, de recibir apoyo y un tratamiento digno, no se lo quiten a otros.