Cargando...Después de la convulsión del caso Bankia, el Gobierno presentó ayer su segunda reforma financiera, que supone un cambio significativo, aunque limitado, en el tratamiento de la crisis bancaria española. Las novedades de esta segunda ronda son la exigencia de nuevas provisiones para los activos inmobiliarios, esta vez los teóricamente sanos, para acabar con las sospechas de morosidad oculta; la disponibilidad de capital público, por un límite de unos 15.000 millones, al servicio de las entidades que lo necesiten para cubrir las nuevas provisiones; y una regulación, más bien tibia, de las inmobiliarias malas que carguen con los activos tóxicos. Para recuperar la confianza en la banca española, el Gobierno ha decidido encargar a dos sociedades independientes el cálculo de la cartera inmobiliaria de la banca, la sana y la dudosa.
El cambio político más significativo es la disposición de dinero público para alcanzar las provisiones requeridas. Es verdad que se pedirá un tipo de interés del 10% y una devolución a cinco años, pero la decisión supone un giro radical frente al discurso implícito en la primera ronda de la reforma que excluía la utilización de dinero de los contribuyentes. Esta decisión es razonable, puesto que la recuperación de la confianza en el sistema bancario es condición imprescindible para normalizar el crédito a familias y empresas. Hay que hacerse a la idea de que la quiebra de una entidad como Bankia acercaría la economía española a la intervención y obstaculizaría la recuperación de la economía más allá de 2015.