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Reforma de las pensiones, cambio de pareja

El rebajado ha rebajado y laminado la propuesta de los expertos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones abordándola en fases, una primera desde ya mismo y la otra a partir de 2019. De momento el Gobierno está solo con su propuesta aunque espera sumar algún grupo parlamentario para justificar cierto consenso. En principio tanto los socialistas como los sindicatos han dicho que no está por la labor.

La última reforma importante de las pensiones fue iniciativa socialista el año 2011, gobierno Zapatero (espoleado por los socios europeos), que alargó progresivamente la edad de jubilación (de 65 a 67 años) y el tiempo de cómputo para máximos (38,5 años). Una reforma de mayor cuantía, que añadía también el mandato de la sostenibilidad, ajustar el sistema al impacto demográfico. El Partido Popular no secundó aquella reforma por razones de cálculo electoral, para ganar las elecciones (que tenían ganadas) no querían asumir el riesgo de perder un solo voto. Los socialistas ahora devolverán la misma moneda, aunque sus expectativas electorales seguirán siendo sombrías.

La propuesta del Gobierno tiene un nombre propio: renuncia al compromiso de mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, que ha sido mantra de los populares que en su día llevaron ese objetivo a una ley. El argumento del Gobierno es que las cuentas no son suficientes, que el sistema sufre déficit crónico y creciente, desde hace tres años y que el Fondo de Reserva no es suficiente para llevar los huecos del ciclo recesivo.

Deseable sería que hubiera consenso al menos sobre el análisis del problema, sobre los datos y las previsiones a medio plazo. Hubo ese consenso durante la última década del pasado siglo, pero la agotadora confrontación partidista liquidó la voluntad de acuerdo, ni siquiera de mínimos.

El baile de parejas de PP y PSOE en función de ser gobierno u oposición roza lo inmoral, pero así están las cosas. Esta es una confrontación de enemigos, más que de adversarios, que va contra los intereses colectivos y el sentido común; pero ese es el país que tenemos con una clase dirigente oportunista y poco competente.

Hay otras opciones que podrían haber propiciado salvar el consenso, pero todo indica que el Gobierno va a usar su mayoría absoluta para poner punto final al debate y dar satisfacción a los de Bruselas.

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