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Hace sólo unas semanas, el Wall Street Journal anunciaba que «cuando los votantes acudan a las urnas el 20 de noviembre, el destino de España puede haber sido decidido en otros lugares». La sentencia se ha cumplido sin esperar siquiera al inicio de la campaña electoral. Washington y Berlín han decidido blindar jurídica y políticamente el saqueo al que nos tienen sometidos, imponiendo su inclusión en la constitución.
Esto –y no “ajustarse el cinturón orque hemos gastado demasiado y debemos mucho”– es lo que significa el establecimiento de un techo de déficit y de deuda pública, que pesará como una losa para las generaciones futuras. Para llevar adelante el saqueo, están dispuestos a arramblar con todo, no sólo los salarios y la rentas o el Estado del bienestar, sino con el mismo modelo constitucional surgido de la Transición hace más de 30 años. Al aceptar sus dictados, los Zapatero, Rubalcaba y Rajoy han llevado el grado de sumisión y acatamiento hacia Washington y Berlín a un grado hasta ahora inconcebible: convirtiendo la Constitución, la máxima ley del país, en una especie de carta otorgada cuyo contenido lo deciden las grandes potencias extranjeras. En 1808, Napoleón redactó la Constitución con la que debía gobernar España su hermano Pepe Botella. Más de 200 años después, los Zapatero, Rubalcaba y Rajoy se aprestan a introducir una reforma constitucional cuyo texto ha sido redactado en Berlín. Si desde 1812 las fuerzas políticas progresistas –o simplemente patrióticas y democráticas– han luchado por establecer como principio rector del sistema democrático que la soberanía nacional reside única y exclusivamente en el pueblo español, la reforma de la constitución impulsada por PSOE y PP echa por tierra este principio, otorgando a los dictados de las grandes potencias el rango de ley máxima de la nación. ¿Y todo esto por qué? Ataque inaudito a la democracia y la soberanía El establecimiento constitucional de un techo de déficit y de deuda pública ha provocado un auténtico vendaval de rechazo, que afecta incluso de forma directa al propio aparato del PSOE. Se argumenta, para rechazarla, que ésta es “una reforma ideológica y nada neutra”, que para la izquierda supone “una renuncia a la ideología en pro de los mercados”. Pero se equivocan quienes piensan que estamos ante una simple “reforma ideológica”, ante una imposición de “la ideología ultraliberal de la derecha europea”. Estamos ante un ataque inaudito a la democracia y a la soberanía nacional, a la capacidad de decidir por nosotros mismos y de acuerdo con nuestros intereses. Mientras millones de españoles venimos exigiendo desde hace meses en las calles y plazas de todo el país una reforma constitucional que profundice la democracia y amplíe la capacidad de participación de los ciudadanos en el sistema político y en los asuntos públicos, la respuesta que hemos recibido ha sido esta: en un tiempo récord, y eliminando la capacidad de decidir en referéndum que la misma constitución otorga, se modifica la carta magna por imposición extranjera. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. ¿Que pretenden ustedes decidir sobre las cuestiones que les afectan directamente? Pues muy bien, nosotros imponemos una reforma constitucional que no sólo impedirá a sus futuros gobiernos –sean del PSOE o del PP– tomar cualquier decisión autónoma o llevar adelante una política económica propia, sino que les obligará constitucionalmente a recortar gastos sociales y desmontar cuestiones tan vitales para todos como la sanidad y la educación públicas. La constitución no se toca, ahora y para esto El objetivo ya lo fijó el New York Times en febrero del pasado año: “los españoles deben rebajarse un 25% sus salarios”. Desde entonces –y tras la llamada de Obama a Zapatero unos meses después– el 90% de la población venimos sufriendo un saqueo inmisericorde de nuestros salarios y rentas (que rebasa ya con mucho ese 25%) para pagar la ingente montaña de deuda sobre la que se asienta la hegemonía norteamericana y para evitar el colapso y la quiebra de la gran banca alemana y francesa. Pero mientras EEUU decide elevar el techo de su deuda o Berlín y París se saltaron el techo de deuda fijado en Maastricht cuando les convino, a nosotros se nos impone una auténtica “ley marcial”, obligándonos además a incluirla en la Constitución. Un ataque, y un verdadero insulto, a la soberanía nacional que es al mismo tiempo una regresión antidemocrática de primer orden. Debido a las condiciones políticas y sociales y a la correlación de fuerzas existente cuando se redactó en 1978, la Constitución establece un marco de libertades y derechos sociales que son un parapeto contra el saqueo que implica el proyecto hegemonista. Por eso ellos se ven en la obligación de violentarla, y por eso nosotros no debemos permitir ningún cambio, porque objetivamente hoy representa una muralla defensiva contra sus ataques. Desde estas mismas páginas, hemos venido repitiendo que no habrá pan ni libertad, para nosotros ni para las generaciones futuras, sin conquistar la máxima autonomía y la plena independencia de Washington y Berlín. La reforma constitucional lo ha puesto negro sobre blanco. El ex presidente de Extremadura y barón regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, acaba de decir que “si hay alguna razón que impide someter la reforma a referéndum, hay que explicarla. Si no se hace, nadie nos entenderá. Y será una reforma aprobada por las Cortes pero con una mayoría social en contra. Yo el primero”. No hay que ser un lince para entender la razón que impide someter la reforma a referéndum. Lo último que desean Washington o Berlín es que abra un debate nacional, libre y democrático, en que pueda expresarse y hacerse explícita la voluntad del 90% de la población. Precisamente por eso, la responsabilidad de los dirigentes y parlamentarios socialistas –pero no sólo de ellos, también de los nacionalismos democráticos– en esta cuestión es máxima. En sus manos está que el referéndum pueda celebrarse. Basta para ello con la firma de 35 diputados o senadores. Es el momento de dar un paso al frente. De lo contrario, que no tengan la más mínima duda que no harán sino seguir ampliando la fosa que los separa cada vez más de sus votantes. La oleada de rechazo y rebelión que la reforma constitucional está provocando se amplía cada día que pasa. Desde el 15-M hasta los sindicatos y las fuerzas parlamentarias de izquierdas, pasando por destacados cuadros del PSOE, dirigentes nacionalistas y llegando incluso a sectores mediáticos de la derecha, que aun estando de acuerdo con fijar un techo a la deuda, rechazan bien la imposición exterior, bien la ruptura del modelo constitucional vigente hasta ahora que implica. Cuanto más aumentan los ataques de esta gente, más crece el rechazo y la rebelión frente a sus planes. Y más se pone de manifiesto cómo no podemos seguir ni un minuto más en manos de unos Zapatero-Rublacaba y Rajoy cuyo grado de sumisión a los dictados del exterior ya ha superado los límites permisibles. Se ha hecho ya urgente y necesario que este grado de rechazo y rebelión dé paso a una alternativa política que permita tomar otro camino. El camino de salir de la crisis en beneficio de la mayoría, el camino de mantener nuestra soberanía nacional y la capacidad de decidir de forma autónoma e independiente de acuerdo con nuestras necesidades e intereses. Un camino y una alternativa de redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la independencia y la soberanía nacional como el que proponemos las candidaturas UCE-De Verdad contra la crisis para las elecciones del 20-N. Cada día que pasa es más evidente la importancia de lo que nos jugamos el 20-N. Cada día es más urgente levantar una alternativa política para hacer frente a los planes de saqueo de Washington y Berlín. Cada día es más necesario sumar nuevas fuerzas para que el programa de redistribución de la riqueza se extienda y llegue al 90% de la población.