Cargando...Otra reforma fallida del sistema financiero español? Si el papel de tribunal les correspondiese a los mercados, la sentencia sobre el saneamiento de más de 50.000 millones de euros acometido por las entidades financieras españolas para cumplir con el decreto impulsado por Luis de Guindos, el ministro de Economía, sería inapelable: sí, ha sido peligrosamente insuficiente. Lejos de calmar los nervios e inquietudes de los inversores, tampoco ha convencido a los organismos internacionales más implicados, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia Comisión Europea.La estrategia de Luis de Guindos consistía en extremar el saneamiento de las entidades, obligándoles a hacer nuevas dotaciones para sanear sus balances y a las que no pudieran asumir esta nueva vuelta de tuerca se les sugeriría la necesidad de fusionarse con los bancos más grandes y saneados. El beneficio sería doble: menos muertos en los armarios y entidades más resistentes. El mapa bancario quedaría reducido a un número mucho menor de entidades con más capacidad de encajar una morosidad que va a seguir creciendo y hacer frente a una caída del valor de los activos adjudicados o hipotecados, especialmente los inmobiliarios (…)
El problema para el Gobierno es que el sistema bancario español sigue en el ojo del huracán. Tanto en Washington, donde Christine Lagarde dirige el FMI, o en Bruselas, donde la Comisión Europea es un gruyer que transmite mensajes de desasosiego un día y de incredulidad al siguiente, hablan cada vez más abiertamente de la posibilidad de utilizar el fondo europeo de rescate para sanear la banca española. Algo que Guindos rechaza con tenacidad. Implicaría la cuasi intervención de la economía española y la tutela europea sobre un sector estratégico.La impresión de que -tras esta nueva reforma y las dotaciones realizada- el sistema sigue tocado late tras la presión internacional. Guindos y Ordóñez tantean alternativas que no agraven el déficit público, como la búsqueda de inversores que participen en una sociedad que asuma los activos inmobiliarios adjudicados por la banca. De fondo, el rumor de quienes, como Bankia, vuelven a plantear un banco malo, financiado por el Estado, que se quede con esas propiedades. El problema es que el Estado no tiene margen para ese tipo de intervenciones.