Dice Zapatero que va a recortar 50.000 millones de los gastos del Estado de aquí al 2013, pero a costa de las infraestructuras, del ministerio de Ciencia o de recortes sociales. Pero sin tocar el sistema de privilegios de las castas políticas y altos cargos del Estado, de despilfarro y derroche generalizado en las administraciones central, autonómica y municipal; cuando estamos viendo que ni siquiera en plena crisis dejan de saltar los escándalos de corrupción y despilfarro en todos los niveles de las administraciones, auténticos agujeros negros por los que se traspasan ríos de millones de dinero público a las cuentas de las castas políticas y su entorno de familiares, amigos y empresas vinculadas.
Los resupuestos del Estado aprobados para este año destinan 6.000 millones de euros a partidas tales como: 39 millones de euros para gastos de oficina de los diputados y senadores, 2,9 millones a subvencionar carreras de caballos o los más de 90 millones de euros que destinan varios ministerios a las fundaciones de los partidos políticos…; por no hablar de los abusos del coche público, de la proliferación de consejeros con sueldos millonarios, de las financiaciones encubiertas bajo la forma de “informes” y otras corruptelas.Sin tocar los fondos verdaderamente sociales (pensiones, desempleo, educación, sanidad, dependencia…) esta medida podría generar un ahorro de más de 36.000 millones de euros al año en las cuentas del Estado central (72.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones, un auténtico plan de ahorro nacional del 20%, que no sólo haría innecesario seguir emitiendo deuda pública sino que permitiría al Estado disponer de recursos para destinarlos al desarrollo de la economía productiva, la I+D+i y las mejoras sociales como educación, sanidad o las pensiones. No a la subida del IVA. Reforma fiscal que redistribuya la riqueza. Es indignante que las SICAV, instrumentos financieros de las grandes fortunas del país, tributen sólo un 1% a Hacienda mientras un trabajador medio con 2.000 euros de sueldo pague el 15%; que los grandes monopolios y la banca apenas tributen el 21% de sus beneficios mientras las pymes pagan más del 31%; o que se aplique una subida general de impuestos (el IVA hasta el 18% y el IRPF) para cubrir el agujero de las cuentas públicas dejado por los planes de rescate bancario, que castiga sobremanera a trabajadores, parados o pensionistas. Es preciso una reforma fiscal redistributiva: que pague más quien más gana. Diez niveles de impuestos sobre las rentas individuales y sobre los beneficios empresariales. Una reforma basada en una escala de 0 a 10: desde el 0% de impuestos para trabajadores con rentas mínimas y autónomos y pymes con beneficios bajos, hasta el 90% de fiscalidad para las grandes fortunas y los beneficios de bancos y monopolios.