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Para nosotros, las elecciones andaluzas son una nueva oportunidad para dar pasos en cambiar la correlación de fuerzas en un sentido favorable a los intereses del 90%, tanto en lo que se refiere al agrietamiento del modelo bipartidista, como en difundir, extender y hacer que se abra paso la alternativa del frente amplio de unidad y el programa de redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional.
El PSOE va a tratar de presentarse, a última hora, como el “bastión” de la izquierda frente a los recortes del PP. Cuando han sido ellos mismos, desde Madrid y desde Sevilla, los primeros que han iniciado los ataques contra el 90% de la población dictados por Bruselas y el FMI. El PP, por su parte, levanta la bandera del cambio, que todos hemos visto ya lo que significa con las primeras medidas del nuevo gobierno de Rajoy. Nuestro programa, por el contrario, defiende que no es verdad que la única salida a la crisis para Andalucía sea aceptar los planes de ajustes, recortes sociales y rebaja salarial. Que no es verdad que estemos ante una crisis mundial que nos obligue a apretarnos el cinturón. Que lo que estamos sufriendo no es otra cosa que un saqueo a gran escala de nuestras rentas y salarios en beneficio de la gran banca norteamericana, alemana y española. «No es verdad que nuestra región no tenga recursos. Andalucía es enormemente rica» No es verdad que nuestra región no tenga recursos. Andalucía es enormemente rica, en Andalucía hay mucha riqueza, lo único que ocurre es que está cada vez más concentrada en menos manos, mientras la mayoría nos empobrecemos. Redistribuyendo esa riqueza, tenemos recursos más que sobrados para crear empleo y acabar con el paro; para elevar el nivel de vida incrementando los salarios; para rebajar los impuestos que más afectan a las clases populares e invertir más y mejor en pensiones, sanidad, educación y prestaciones sociales. ¿Qué busca nuestro programa?Nuestro programa busca, en primer lugar, crear empleo para los 1,2 millones de parados. Pero acabar con el paro, como se propone en otros programas de fuerzas de izquierdas que abordan esta cuestión, no significa consumir los recursos públicos para dar a los parados empleos improductivos y sin viabilidad de futuro. Acabar con la situación de ser la región de Europa con más paro exige una política radical de reindustrialización de nuestra región. Es decir, de creación de puestos de trabajo que a su vez creen nueva riqueza. Y para eso hace falta una inversión masiva de dinero público. En Andalucía, más que en ningún otro sitio, hace falta que el sector público se convierta en la locomotora industrial que tire del resto de la economía. ¿De dónde proponemos que salgan esos grandes recursos que necesitamos? De que bancos, monopolios, multinacionales y grandes empresas paguen más impuestos sobre sus multimillonarios beneficios. De que la administración autonómica ahorre un 30% sus gastos, suprimiendo todos aquellos superfluos e innecesarios y ataje radicalmente, con medidas ejemplares, las múltiples tramas de corrupción que la recorren de arriba abajo. Y dedicar todo ese dinero a un plan público de creación de empleo productivo y de utilidad social. En segundo lugar, frente a la alarmante realidad de que hoy en día el 70% de los trabajadores asalariados andaluces no llegan a ser ni mileuristas, proponemos aumentar los salarios y las rentas de la mayoría de la población sobre la base de una redistribución salarial en la que nadie gane menos de 1.000 euros mensuales de salario o de pensión y nadie cobre por encima de 10.0000. Proponer aumentos salariales, pero no una redistribución salarial, como hacen otros programas es, simplemente, condenar a la quiebra a multitud de pequeñas y medianas empresas. Lo que nuestro programa propone es la elevación a 1.000 euros del salario mínimo, sí, pero sobre la base de recortar los salarios a todos aquellos que ganan mas de 10.000. De recortar sus salarios a quienes viven con toda clase de privilegios a costa de los demás es de donde tiene que salir el dinero para elevar el salario mínimo. Sin que, por tanto, la masa total de lo que las empresas dedican a salarios aumente. Estas dos medidas combinadas, al aumentar el nivel de vida y la capacidad de consumo de la mayoría de la población supondrían una revitalización de la demanda y la expansión del mercado interno, base desde la cual es posible impulsar el crecimiento económico, la inversión empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo.En tercer lugar, lo que proponemos es aplicar una reforma fiscal de verdad progresiva, en la que pague más quien más tiene y que se eliminen de raíz los cientos millones de euros que reciben de forma encubierta de la administración autonómica cada año bancos, monopolios y multinacionales. Con una reforma fiscal así, Andalucía podría elevar la cuantía de las pensiones mínimas (que hoy son de media un 15% inferiores a las del resto de España), rebajar los impuestos que gravan al consumo, y multiplicar la inversión en sanidad y educación pública. Pero para ello, no basta con una reforma fiscal “timorata” como proponen muchos otros programas que hablan de la redistribución, y que contemplan, como mucho, la subida de un 2 o un 3% del IRPF a las rentas más elevadas o a las rentas de capital. Nuestro programa lo que propone es que haya una escala fiscal en el tramo autonómico que vaya del 0 al 45% en el pago de impuestos, según la renta y la riqueza de la que se disponga, promoviendo el ahorro de las rentas más modestas con un 0% de impuestos y penalizando y haciendo pagar de verdad más a quien más tiene, hasta con un 45% a las grandes fortunas. Para llevar adelante este programa de transformaciones hace falta profundizar y ampliar la democracia de un sistema político que silencia la voz popular y legisla al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, incumpliendo reiteradamente las promesas electorales y sin tener que responder anta nadie. Pero también hace falta –cosa que está desparecida de todos los programas, excepto el nuestro– que defendamos y ejercitemos la soberanía nacional, para defender nuestros intereses y la capacidad de decidir por nosotros mismos sin imposiciones externas. 1.- La lucha contra el paro. -Creación en 4 años de 600.000 puestos de trabajo productivos y de utilidad social desde el sector público sobre la base de dos medidas: 1ª) reducción en un 30% de los gastos innecesarios y superfluos de la administración autonómica y 2ª) creación de un tramo autonómico al impuesto de sociedades que grave los beneficios obtenidos en territorio andaluz por bancos, monopolios, multinacionales y grandes empresas. De acuerdo con los datos de la propia Consejería de Economía, el sistema bancario andaluz pagó en 2010 un mísero 18,1% de impuestos por sus millonarios beneficios, cuando la media de lo que pagan autónomos y pymes está en torno al 25%. Sólo con que el próximo gobierno andaluz elevara el impuesto de sociedades a bancos y cajas de ahorros a un tipo efectivo real del 50% (el doble que a pymes y autónomos, puesto que dobles, al menos, son sus ganancias), la recaudación se elevaría a más de 450 millones, casi tres veces más de lo que se recauda actualmente. Sólo con ese dinero de impuestos bancarios habría suficiente para poner en marcha 5 planes de reindustrialización similares al proyectado –y no ejecutado– para la Bahía de Cádiz, con la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.-Creación de un Instituto Andaluz de Finanzas para el apoyo financiero a pymes y autónomos, con los mismos objetivos del ICO a nivel estatal, que provea de créditos a bajo interés, avales, garantías, incentivos y subvenciones para la inversión productiva a autónomos y pymes. Una Ley autonómica que obligue a las Cajas de Ahorro andaluzas a la creación de un Fondo financiero de créditos a pymes y autónomos de igual valor al dinero público y garantías obtenido en el rescate bancario.-Reforma agraria, expropiación sin indemnización de los grandes latifundios, empezando por los actualmente improductivos, y entrega de la tierra a jornaleros y pequeños campesinos, impulsando su cooperativización y proveyéndoles de créditos públicos a bajo interés y largo plazo de devolución para poner en marcha las explotaciones.-Plan Industrial para Andalucía que establezca objetivos, prioridades productivas y medidas concretas sobre la base de la necesaria diversificación productiva. -Ambicioso Plan de Infraestructuras centrado en resolver las deficiencias en equipamientos sociales y en infraestructuras energéticas, medioambientales, viarias, ferroviarias, de desarrollo rural,…-Asegurar el pago de las deudas de la administración autonómica con pymes y autónomos en un plazo máximo de 30 días, bien con dinero efectivo, bien con la compensación de los pagos del tramo autonómico por IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades. Retrasar la obligatoriedad del pago del IVA a pymes y autónomos hasta que la factura haya sido cobrada. -Cambiar el modelo energético, potenciando la producción cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y las microrredes de ámbito municipal y comarcal. Planificar a medio y largo plazo el modelo energético andaluz con líneas estratégicas que garanticen la autosuficiencia energética y permitan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por fuentes renovables. Exigir desde el gobierno andaluz el cierre inmediato de las centrales nucleares –por el peligro que encierra, como se ha visto en Fukushima, su cercanía a nuestra región–, apostando por las energías renovables como un sector de futuro, con altas capacidades competitivas y creador de riqueza y empleo. – Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, dotado de un presupuesto que garantice al final de la legislatura una inversión equivalente al 3% del PIB regional en I+D+i2.- Redistribución salarial. Frente a un 70% de trabajadores ni-mileuristas, ningún salario por debajo de 1.000 euros, ninguno por encima de 10.000. «Hacen falta medidas para resolver la crisis estructural que sufre el campo andaluz» 3.- Aumento de las ayudas a las pensiones mínimas e inversión en sanidad y educación. Sobre la base de elevar del tramo autonómico de los impuestos sobre las rentas de capital y del IRPF en una escala del 1 al 45% a partir de los 60.000 euros netos anuales. 4.- Poner fin a los desahucios y garantizar una vivienda digna. -Suspensión temporal e inmediatamente de la obligación del pago de la hipoteca a cualquier persona que esté en el paro hasta que encuentre un trabajo cuyo salario le permita hacer frente tanto al pago de la hipoteca como a las necesidades básicas familiares. -Creación de un parque público de viviendas de bajo alquiler sobre la base de la adquisición, a precio de coste, de las actuales viviendas sin vender en manos de bancos, cajas y promotores.«Creación en 4 años de 600.000 puestos de trabajo productivos y de utilidad social» 5.- Potenciación de la industrialización del campo andaluz y negociación de una reforma de la PAC en condiciones más favorables para los agricultores andaluces. -Medidas para resolver la crisis estructural de precios que sufre el campo andaluz y el sobreendeudamiento con bancos y proveedores a que está llevando a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Control gubernamental sobre la gran distribución y sus prácticas monopolistas de realizar pactos de precios en origen a la baja. Potenciación de la diversificación de las exportaciones hortofrutícolas andaluzas, actualmente concentradas al 70% en el mercado comunitario, principalmente alemán, holandés, de Reino Unido y Francia. Establecimiento de alianzas del gobierno andaluz con los de otras comunidades de alta renta agraria a fin de forzar al ministerio de Agricultura español a defender consecuentemente los intereses de los productores españoles en Bruselas.-Potenciación de la industria agroalimentaria mediante créditos blandos y el fomento del cooperativismo y la concentración de la oferta en origen, que permitan sacar el verdadero rendimiento, valor y potencial que tiene el campo andaluz. Acabando con situaciones como las de la industria aceitera, donde siendo nuestra región la mayor productora del mundo de aceite de oliva, su proceso de distribución e industrialización está sin embargo mayoritariamente en manos de las multinacionales italianas. O como la del sector hortofrutícola almeriense, cuya apertura a los mercados comunitarios ha acabado convirtiéndose en una dependencia absoluta de las grandes cadenas monopolistas de distribución europeas que presionan con precios a la baja y endeudan al sector6.- Ampliación de la democracia. Un conjunto de medidas que vayan a ampliar la democracia y la participación ciudadana. Reforma de la Ley electoral andaluza; ampliación democrática del derecho al referéndum y la iniciativa legislativa popular; transparencia en las cuentas públicas autonómicas y mecanismos de control ciudadano; establecimiento de medios autonómicos de participación más directa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, a través de los cuales los cargos públicos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en la que los electores tengan la capacidad de revocar el mandato otorgado en caso de incumplimiento del programa para el que fueron votados; aprobación de una severa ley anticorrupción.7.- Defensa de la soberanía nacional para que los andaluces, junto al resto de españoles, podamos decidir por nosotros mismos y de acuerdo con nuestros intereses, sin estar sometidos a los dictados de Washington y BerlínExigiendo, desde el gobierno y el parlamento andaluz, un referéndum sobre la reforma constitucional, que establece que los banqueros alemanes y franceses cobrarán del Estado antes que los jubilados. Rechazando la instalación del escudo antimisiles y, en cumplimiento de los términos del referéndum de la OTAN, el cierre de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón. La exigencia la gobierno española de renegociaciar en la UE tanto de aspectos negativos de la PAC para los agricultores andaluces –cuotas a la producción, arranque de cultivos, distribución injusta de las subvenciones…–, como los tratados de pesca con Marruecos en el banco atlántico-sahariano. Rechazar el nuevo Tratado de la Unión aprobado en la última cumbre que nos condena a ser un país de segunda división en la UE, sometido a las imposiciones de Berlín y a los recortes del FMI y Bruselas.