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La redistribución salarial es un punto fundamental para elevar el nivel de vida del conjunto de las clases trabajadoras empobrecidas por el saqueo y los recortes. Y al mismo tiempo convertirlo en un motor de la recuperación económica y una salida a la crisis favorable a la mayoría.
La reforma laboral ha quebrado la negociación colectiva, imponiendo la supremacía de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Como han denunciado los sindicatos: «Se facilita la desaparición de los convenios colectivos y se hace prevalecer el convenio de empresa sobre el del sector». La reforma laboral ha facilitado el descuelgue y la limitación de la ultraactividad, la fuerza vinculante de los convenios, una de las bases fundamentales de la negociación colectiva.
Ha servido sobre todo para imponer la rebaja salarial, sustituyendo empleo fijo indefinido por nuevos contratados con un 36,6% menos de salario, permitiendo el establecimiento de diferentes escalas salariales para un mismo puesto de trabajo según el tipo de contrato, indefinido, temporal o a tiempo parcial.
Y ha implicado un cambio general a peor de las condiciones de trabajo. Lo que a juicio de García de las Heras, de USO, ha llevado a «la judicialización de las relaciones laborales», una de las consecuencias más perniciosas de las reforma. «Los sindicatos nos hemos visto obligados a reivindicar a golpe de demanda».
Flexibilidad de la contratación, desvinculada del principio de casualidad (que los contratos temporales o indefinidos estén vinculados a que la actividad que se va a desarrollar sea temporal o indefinida. Lo que ha permitido que hoy prácticamente el 96% de los nuevos contratos sean temporales y se haya reducido hasta límites extremos la contratación a tiempo parcial. Y el 25% de los contratos temporales no duran ni 7 días. Por no hablar de los contratos de una hora…
El objetivo de Rajoy era convertir en estructural el mercado laboral precario creado con la reforma laboral. Pero ni siquiera la derogación de la reforma daría una solución al recorte de los salarios si no va unida a la redistribución de la riqueza.Hoy la necesidad de redistribuir de la riqueza se ha extendido entre las fuerzas y sectores progresistas.
La redistribución salarial es posible sin que eso signifique ningún aumento de deuda. Si hay rebaja salarial es porque alguien se la lleva, 28.000 millones de nuestros salarios han ido a parar a los sueldos de los altos ejecutivos y a los beneficios empresariales.
Redistribuir es aplicar medidas para redistribuir la masa salarial de otra manera, imponiendo un tope salarial máximo de 10.000 euros mensuales a los salarios más altos para que nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes.
Bastaría con aplicar un salario máximo de 10.000 euros al grupo de 106.191 ultraprivilegiados que declaran cobrar un salario medio de 245.400 euros anuales para liberar una masa salarial de 13.500 millones de euros. Y aplicar la redistribución salarial en el empleo público (limitando el salario máximo de los altos cargos ) para garantizar un salario de 1.000 euros al mes, sin aumentar ninguna deuda.