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Los culpables de los incendios en Valencia no son los que soldadores de placas solares, son los que durante años vienen abandonando el mundo rural a su suerte a sabiendas de que contiene un auténtico polvorín en sus entrañas.
El plan de prevención de incendios que pudiera haber impedido que más de 50.000 hectáreas se quemaran en Cortes de Pallás y Andilla (Valencia) y más de 2.000 vecinos fueran evacuados, está pendiente de aprobación desde 2007.
Más o menos por esa época, un empresario de la madera con conexiones con el director del área forestal de la administración valenciana, según denuncia el responsable de Ecologistas en Acción de la zona de Andilla, obtuvo un permiso de una corta de mejora para retirar los árboles secos, enfermos y dominados. En lugar de eso se llevó los mejores árboles, abandonando en la zona todas las ramos y copas de pinos (volumen de miles de camiones), en la misma rambla que ahora se ha quemado, donde se han tenido que evacuar familias… un auténtico polvorín que ha servido ahora como acelerador de la propagación del fuego. «El plan de prevención de incendios está pendiente de aprobación desde 2007»
Esta explosiva situación en el interior de la Comunidad valenciana viene de lejos. Son décadas de abandono de la actividad agraria y forestal que se dispararon con la entrada de España en el Mercado Común y la aplicación de la Política Agraria Común. Una política directamente dictada por los grandes monopolios agroalimentarios europeos para el desmantelamiento productivo de nuestro país. En la Comunidad Valenciana, sólo en los tres años anteriores a la crisis, entre 2005 y 2007, abandonaron la profesión el 23% de agricultores y ganaderos menores de 40 años. Cuanto más retrocede el campo trabajado, más avanza la masa forestal.
Con la crisis, los recortes por las necesidades del sector financiero no hacen sino espolear está incendiaria contradicción. Se imponen más recortes porque Berlín lo exige, dedicando un 14% menos a las partidas de prevención de incendios.
Eso se traduce en que se llama al 112 para alertar del incendio y pasan cuatro horas hasta que llega la primera unidad. Con dos excavadoras y otras dos motobombas se podían haber apagado si se hubiera actuado de inmediato.
Se traduce en que las unidades que llegaron no sabían que hacer, a una de ellas no se la podía ni localizar; en que el puesto de mando avanzado en la zona lo controlan bomberos de la UME que no conocen el terreno ni conocían los accesos o los puntos de agua. A muchos vecinos que acudieron a ayudar a las tareas de extinción se les trató como que estorban.
Hacen falta 95 millones de euros para contratar las brigadas de las tres provincias valencianas. Una minucia comparada con los volúmenes que se manejan en los rescates de las cajas de ahorro locales.
“Se van a gastar más en paliar el incendio que en lo que se hubieran gastado en 10 años para hacer el cortafuegos”, afirmaba Juan José Lázaro, bombero valenciano, a los medios de comunicación.
Esta es la historia de este y de otros tantos incendios que están por venir. Esa es la radiografía del país que imprimen los paisajes dantescos y desalentadores en Cortes y Adina. Los pirómanos están sentados en despachos de Bruselas y la Castellana.