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La reducción del déficit y el gasto público se ha convertido en la nueva bandera para justificar los recortes sociales. Para «ahorrar» 15.000 millones de las arcas públicas, el gobierno de Zapatero ha congelado las pensiones, reducido el sueldo de los funcionarios, recortado la inversión pública y jibarizado, cuando eliminado de un plumazo, ayudas sociales emblemáticas como el cheque-bebe o la ley de dependencia. ¿Pero acaso es necesario que paguemos nosotros, el 90% de la población, la reducción del déficit? ¿Por qué no lo pagan ellos, eliminando el indignante despilfarro practicado por las castas políticas o acabando con las multimillonarias subvenciones a bancos y monopolios? Sólo reducir un 30% los gastos del Estado -dando fin a multitud de gastos superfluos de las administraciones públicas- podrían ahorrarse hasta 50.000 millones de euros -con los que crear 1,5 millones de puestos de trabajo-, sin recortar un solo euro de los gastos verdaderamente sociales (sanidad, educación, dependencia…).
Recortar un 30% los gastos del Estado. Acabar con el desilfarro de las castas políticasWashington y Berlín, el FMI y la UE, exigen un drástico recorte del gasto público para reducir el déficit. Para ello, el gobierno de Zapatero va a congelar en 2011 la jubilación a más de seis millones. Buscan “ahorrarse” 1.500 millones. Pero ocultan que sólo con eliminar 20.000 de los 25.000 cargos de libre designación -asesores nombrados a dedo por los políticos-, y que según los expertos “carecen de impacto laboral” -es decir, que no hacen nada, pero cuyo salario medio ronda los 4.000 euros- el Estado se ahorraría 1.400 millones. El primer decretazo rebajo un 5% el sueldo de los funcionarios, muchos de ellos trabajadores cuyo sueldo apenas alcanza el de un mileurista. Con esta medida, las arcas públicas dejarán de gastar 6.750 millones. Pero sólo con que el Gobierno cesara inmediatamente las subvenciones a unos grandes monopolios eléctricos que obtienen cada año unas ganancias de miles de millones de beneficios, tendríamos un ahorro de 6.000 millones de euros al año. La retirada o recorte de ayudas sociales a sectores especialmente vulnerables, como la ley de dependencia o el cheque-bebé, permite al gobierno “ahorrarse” 1.750 millones de euros. Pero ni siquiera se les ocurre mencionar que, sólo con que los medios de comunicación públicos ajusten el presupuesto a su capacidad de generar ingresos según la audiencia de la que disponen, les Estado se ahorraría 1.460 millones de euros en subvenciones. ¿Quién debe apretarse el cinturón? ¿El conjunto de la sociedad o unas castas políticas acostumbradas a dilapidar el dinero público? ¿De dónde hay que recortar? ¿De los gastos sociales o del indignante despilfarro de ayuntamientos, comunidades o gobierno central? ¿Recorte del gasto público? Sí, pero que empiecen ellos. Acabando de una vez por todas con el agujero negro que para las arcas públicas supone una clase política que ha hecho del despilfarro y la ostentación su modo de vida. Según el informe “El coste del Estado Autonómico I”, realizado por el Grupo de Administración Pública de UpyD, acabar con el despilfarro en las administraciones autonómicas (organismos duplicados, contratación de trabajos externos, embajadas extranjeras, institutos de estadística, agencias de protección de datos, televisiones autonómicas…) daría un ahorro anual en las arcas del Estado de 26.000 millones de euros. ¿Por qué no se empieza a recortar por aquí, en lugar de dar un tijeretazo a los gastos sociales? Hay que acabar con el despilfarro en consejeros y asesores de presidentes, ministros, consellers o alcaldes, en estudios sobre el “sexo de las moscas” que no sirven para nada, en embajadas autonómicas que duplican la red del Estado en plena crisis, en vehículos oficiales de lujo, en dietas y suplementos sin control para ministros, senadores, diputados, altos cargos, portavoces… o esos 6.000 millones de los presupuestos del Estado destinados a partidas como los 39 millones de euros para material de oficina de los diputados o los casi 100 millones de euros entregados a las fundaciones de los partidos que nos gobiernan. Sólo aplicando una reducción del 30% a los gastos del Estado estaríamos hablando de 45.000 millones de euros. Con esta cantidad se podrían crear 1,5 millones de puestos de trabajo, subsidiar 2,4 millones de parados o construir 3.200 hospitales de tamaño medio. Más gasto social, menos gastos inútiles y suntuariosQuieren hacernos creer que los recortes sociales son un “sacrificio imprescindible” para atajar el galopante déficit público. Pero mienten. Es posible llevar adelante una política de ahorro que reduzca el déficit, libere miles de millones para crear riqueza y empleo… y al mismo tiempo no sólo no recortar sino incrementar los gastos sociales. Sólo hace falta una drástica redistribución del gasto público. Eliminando los gastos superfluos y potenciando las partidas verdaderamente sociales (sanidad, educación, dependencia…). ¿Cómo que, para enjugar el déficit público creado por los 310.000 millones que el Estado ha regalado a la banca en planes de rescate, hay que recortar el gasto sanitario o las prestaciones sociales? Lo que hay que hacer es exactamente todo lo contrario. Incrementar el gasto social hasta equipararnos, al menos, con la media europea. Porque España es, junto a Grecia y Portugal, el país de la UE-15 que menos porcentaje del PIB dedica a gasto social. La media europea destina un 27% del PIB a gastos sociales, mientras que España apenas dedica un 21%. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. España, con 5.163 euros por habitante, ocupa el puesto 14 -¡por detrás de Grecia!- de los 27 países de la UE ampliada en gasto social per cápita. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Lo mismo ocurre con la sanidad. España está a la cola de los 15 países con mayor antigüedad de los 27 que integran la UE en gasto público sanitario, situándose por debajo de la media tanto en términos de porcentaje respecto al Producto Interior Bruto (PIB) como en gasto por habitante. Según datos del Eurostat, el porcentaje del gasto sanitario público según el PIB fue del 6% en España, siendo en Francia -a la cabecera de la lista- del 8,8%, seguido de los Países Bajos -8,1%- y Suecia -8%-. En gasto por habitante, España se sitúa, con 1.329 euros, en el puesto número 13, sólo situándose por detrás Grecia y Portugal. Por delante, se encuentra Luxemburgo, con 2.989; Países Bajos, con 2.284, y Francia, con 2.188. Estamos hablando de un “déficit social” que se mide en peor asistencia sanitaria, menos ayudas y prestaciones… En definitiva en peores condiciones de vida para el conjunto de la población. Se puede incrementar el gasto social, hasta igualarnos con la media europea, sin necesidad de endeudarnos más -algo imposible en tiempo de crisis-. Es más, se puede hacer al mismo tiempo que se ahorra y se reduce el déficit público. ¿Cuál es el truco? Simplemente eliminar de raíz los múltiples gastos improductivos, y el galopante despilfarro de unas castas políticas que devoran en propio beneficio el dinero público. Sin tocar los fondos verdaderamente sociales esta medida podría generar un ahorro de más de 36.000 millones de euros al año en las cuentas del Estado central (72.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones, un auténtico plan de ahorro nacional del 20%, que no sólo haría innecesario seguir emitiendo deuda pública sino que permitiría al Estado disponer de recursos para destinarlos al desarrollo de la economía productiva, la I+D+i y las mejoras sociales en educación, sanidad o las pensiones. ¿Quién dice que no se puede?