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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, insistió ayer en que se establezcan límites para los salarios de los altos directivos de empresas privadas que reciben subvenciones. Sí, es por aquí por donde hay que empezar. Hay que cogerle la palabra al ministro ¡Que lo haga!
Corbacho insiste en limitar el sueldo a directivos de emresas subvencionadas. Totalmente de acuerdo. Obviamente, si reciben dinero de ayudas no puede ser para lucrarse. Recientemente el senado norteamericano obligó a los ejecutivos de AIG, rescatada con dinero público, a pagar en impuestos el 90% de las multimillonarias primas en que habían derrochado las subvenciones. Hace pocos días un grupo de expertos del G-20 en Washington exigieron un severo control público del sueldo de los banqueros, lo que supondría una drástica disminución de éstos. Unas medidas que empiezan hacerse realidad en el corazón financiero del planeta y que debemos hacer realidad en nuestro país. Aplicadas en España las medidas del grupo de expertos del G-20 significarían, por ejemplo, que la banca privada tendría que informar periódicamente al Banco de España sobre el sistema de salarios y esta entidad pública tendrá capacidad para exigir su modificación. Estamos hablando de miles de millones de euros de ahorro. Por ejemplo, Francisco González presidente del BBVA gana, sólo en sueldo, 20 millones de euros al año, 530 veces el salario medio español. El presidente de Iberdrola gana 11 millones de euros al año o A. Saez, segundo del Banco Santander, 9 millones de euros al año. De Botín ni lo sabemos. Mientras, 14 millones de trabajadores en España cobran menos de 1000 euros al mes. Las declaraciones de Corbacho, impensables hace unos meses, no obedecen a una especial "rectitud" que empiece a florecer en nuestro gobierno. Obedecen a la presión del creciente rechazo social producto de la crisis que exige limitar la rapiña monopolista y bancaria, empezando por el sueldo de sus directivos. Debemos aprovechar las condiciones de repulsa social creadas por la crisis para imponer una drástica redistribución de las rentas, que fuerce una salida a la crisis favorable a los trabajadores. Uno de los puntos de alternativa a la crisis propuestos desde estas páginas es un "programa de choque contra la crisis", cuyo primer punto es justamente el establecimiento de una escala salarial del 1 al 10, con ningún salario por debajo de los 1.000 euros mensuales, pero ninguno por encima de los 10.000. Hay condiciones para conseguirlo.